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Red Internacional

La patrulla fronteriza reprime a migrantes venezolanos que de forma pacífica pedían asilo para ellos y sus familias. Ante eso, el gobierno de México condenó los hechos, omitiendo su complicidad con esta política.

Miércoles 2 de noviembre | 17:36

El pasado 31 de octubre la situación se puso tensa en la frontera México-Estados Unidos, entre Cd. Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, pues agentes fronterizos de EE.UU. dispararon balas de goma contra migrantes venezolanos que pedían asilo en aquel país mediante una manifestación pacífica en la que ondearon banderas de México, Estados Unidos y Venezuela. Caminaron en el borde del río Bravo a unos metros del muro fronterizo cuando recibieron la agresión, lo que los orilló a correr y resguardarse dentro de territorio mexicano para que las balas no los siguieran hiriendo.

Los migrantes en cuestión, que se encuentran en casas de campañas en la frontera entre ambos países, se manifestaron ese día para mostrar su desacuerdo con las políticas migratorias que surgieron hace unas semanas y que no les permiten llegar a Estados Unidos. Frente a la agresión por parte de la patrulla fronteriza el gobierno de México respondió mediante Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien pidió mantener los protocolos para garantizar la dignidad e integridad de las personas.

Velasco Álvarez se pronunció a través de Twitter expresando que: “México reitera que el respeto a los DD.HH. de las personas en situación de movilidad debe ser la base de la actuación de todas las autoridades migratorias y rechaza cualquier potencial uso excesivo de la fuerza”. En otro mensaje agregó que: “Respecto de los hechos observados en la frontera entre Cd. Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, el @GobiernoMX ha solicitado información al gobierno de EE.UU. y reitera la necesidad de mantener protocolos para garantizar la dignidad e integridad de todas las personas en la frontera”.

Sin embargo

El gobierno de México lanzó un gesto de soberanía y respeto a los derechos humanos de forma inmediata frente a una terrible situación de persecución contra los migrantes que sólo buscan mejores condiciones de vida, sin embargo, este gesto es de carácter puramente mediático, ya que el gobierno actual ha dado continuidad a una política neoliberal de persecución sistemática contra los migrantes.

Veamos la historia. Tan sólo el gobierno de Enrique Peña Nieto durante su sexenio deportó a 658 mil migrantes y en los últimos meses de su gobierno trató de lavarse la cara con un programa supuestamente solidario de apoyo a las caravanas migrantes centroamericanos, con la condición de que permanecieran en Oaxaca y Chiapas, además de que se registraran en el Instituto Nacional de Migración (INM). Lo cual iba completamente alineado con la política del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, un rabioso representante del imperialismo yanki y sus empresarios.

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Al año siguiente, cuando el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), había tomado posesión, la persecución no cesó, ya que su gobierno se dedicó a hacer el trabajo sucio que Trump le exigía, pues para abril de 2019, el titular del INM, Tonatiuh Guillén López, aceptó que, en el primer trimestre de ese año, fueron detenidos 30 mil migrantes en México, cifra que siguió aumentando con el tiempo. Según informó, en enero se detuvo a 7,500 personas, en febrero este número se incrementó a 9,894, en marzo a 12,746 y en abril a 1,259.

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Para noviembre de aquel 2019 la organización Médicos sin Fronteras denunció violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes por parte de elementos del Estado mexicano y el crimen organizado, donde uno de los mecanismos más importantes para perseguir, encarcelar o deportar migrantes que se implementó en México fue considerar el perfil racial de los migrantes para discriminarlos. Medida que fue efectuada por corporaciones como la Guardia Nacional (GN), uno de los instrumentos fundamentales de la persecución junto con el INM y que ahora forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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La clase obrera, es una y sin fronteras

A pesar de su discurso progresista, la solución no puede venir de la mano del actual gobierno mexicano (y por supuesto tampoco de la derecha), pues el "progresismo" latinoamericano al final es una expresión de la burguesía dependiente del gran capital transnacional. Por eso, más allá de los gestos de soberanismo y humanitarios del gobierno de la 4T, lo real es que la política de persecución no se ha detenido. Sólo se ha atenuado y se ocultó, aprovechando la pandemia de Covid-19 que en 2020 y 2021 sirvió para esconder este aspecto reaccionario de la administración de AMLO.

En ese sentido es necesaria la movilización para exigir, desde las organizaciones de la clase trabajadora a ambos lados de la frontera, de derechos humanos, populares y de izquierda, libre paso y plenos derechos para la mano de obra migrante, así como condiciones laborales dignas para las grandes mayorías, llamando a unificar a las fuerzas obreras en la perspectiva de derribar las fronteras, un paso necesario en el marco de la lucha internacional por acabar con la explotación capitalista. Pues la precarización laboral, la degradación de las condiciones de vida y la violencia son el sello común de los trabajadores a nivel internacional, por algo muchos tienen que migrar a otros países.

Por lo mismo, las causas son comunes entre los trabajadores, como lo es la búsqueda de empleos que ofrezcan condiciones favorables, donde haya salud, educación, vivienda, recreación etc. Para tener una vida que merezca ser vivida y no la que los capitalistas ofrecen, que es una vida llena de carencias, persecución y discriminación.


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