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Red Internacional

Gracias al nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, funcionarios públicos podrían cobrar los estímulos destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología sin necesidad de realizar ningún tipo de actividad académica, sólo por el hecho de pertenecer a este padrón.

Arturo RendónAcadémico de la agrupación Nuestra Clase

Viernes 30 de abril de 2021 | 14:55

Las recientes modificaciones hechas por la junta de gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), abre la puerta para que miembros de la alta burocracia puedan cobrar los estímulos que otorga el propio SNI, esto si tienen plazas de académicos a pesar de que tengan licencia en su calidad de funcionarios. Se han restringido aún más los recursos que se otorgan para la investigación, excluyendo a miles de profesionistas dedicados a esto, pero a su vez se le estaría otorgando a gente que no hace trabajo de investigación.

Enriquecimiento de funcionarios, lejos de las necesidades sociales

Esta situación resulta contraria a las necesidades sociales, porque se permite que personas que no producen conocimiento accedan a los jugosos estímulos, cuando se supone que son para alentar el desarrollo científico, y es que en primer lugar a los funcionarios de la administración pública se les exige que se entreguen a su trabajo de tiempo completo. Entonces, ¿por qué gente que no está dedicada para nada a la investigación, al ejercer puestos de gobierno, tendría que tener acceso al dinero que se supone está destinado para académicos en activo?

Para dejarlo más claro, el nuevo reglamento del SNI establece que: “Las y los integrantes del SNI que asuman un cargo en la administración pública seguirán recibiendo apoyo económico, independientemente de que cumplan o no, con el requisito establecido en la fracción I de este artículo, siempre que tengan una licencia sin goce de sueldo o equivalente en su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo del 5 por ciento de su sueldo, en cuyo caso deberán seguir cumpliendo con las obligaciones a las que se refiere el artículo 71 del reglamento”.

Aquí se menciona que pueden recibir los estímulos siempre y cuando cumplan con la licencia sin goce de sueldo, pero hay que considerar que un investigador de tiempo completo puede ganar hasta 300 mil pesos, de los cuales sólo 35 mil son del sueldo base, es decir, que la mayor parte de ese oneroso ingreso proviene precisamente de las arcas del CONACyT. O sea que si los altos funcionarios públicos de por sí ya ganaban una millonada, que los separa por completo del pueblo trabajador al que dicen servir, ahora podrán enriquecerse aún más a partir del acceso a los estímulos.

Así, funcionarios y gobernantes como la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum (quien se deslindó de esto para no manchar su carrera política, al menos en el discurso), el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y dentro del mismo CONACyT la directora del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla, junto con Antonio Saldívar Moreno, de la dirección de posgrado, podrían recibir los estímulos que les otorga su nivel de SNI, sin realizar publicaciones científicas, dirigir trabajos de grado o dar clases en alguna institución de educación superior.

Ataques y más ataques

Esta medida es tomada por la dirección del CONACyT en medio de una serie de ataques contra la educación pública, que van desde el abandono de las universidades públicas, pasando por el reforzamiento de la precarización contra los profesores de asignatura y la aplicación de la Reforma Educativa de la 4T a nivel básico, hasta llegar a la profundización de la elitización de la investigación científica. Elitización cada vez más marcada en donde la alta burocracia estatal y universitaria se ven cada vez más beneficiadas por Álvarez-Buylla, quien aplica las medidas planteadas por el gobierno del Morena.

Por otra parte, también quedan asentadas las maneras en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido se saltan formalismos jurídicos, para a través de ellos generar mayor consenso y pasar con mayor rapidez las modificaciones, en un Congreso de la Unión en el que es nula la representación independiente de las y los trabajadores. Ya que los partidos al servicio de los empresarios y sus gobiernos aplican la ley a conveniencia, cuando les es conveniente la obedecen y cuando no buscan la forma de saltarse el procedimiento, mientras que a la clase obrera y a los desposeídos se la aplican a rajatabla, cometiendo violaciones al debido proceso cuando así lo requieren.

Este nuevo reglamento, en el fondo, apunta a quitar recursos a la investigación efectiva, mientras que abona a un mayor enriquecimiento de los altos funcionarios, por lo que los trabajadores tenemos que oponernos (en primer lugar desde los investigadores y la comunidad universitaria) a dicha medida, exigir su anulación y aumento al presupuesto para investigación; esto, junto con el planteamiento de que todo funcionario público cobre como una enfermera o un trabajador medio.

Es claro que los trabajadores no podemos depositar nuestra confianza en este gobierno ni en los partidos que le son afines, y por supuesto tampoco en la oposición de derecha, porque han demostrado con creces no estar de nuestra parte, por lo que necesitamos construir espacios de independencia política.

Por esa razón invitamos a profesores y profesoras universitarias, maestros y maestras de educación básica y a todos los trabajadores de la educación y estudiantes a sumarse este ocho de mayo al Encuentra Nacional en Defensa de la Educación Pública. Porque ante los ataques contra la educación y procesos como la lucha de los profesores de asignatura de la UNAM, es necesaria la unidad, con independencia política del gobierno y los partidos del Congreso, para conquistar nuestras demandas.




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