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Red Internacional

DERECHO.Extensión del periodo de Zaldívar, ¿qué ha dado la SCJN a las y los trabajadores?

La iniciativa por prorrogar la presidencia del ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) ha causado revuelo, pues queda cuestionado su constitucionalidad y neutralidad. A propósito, ¿cómo ha resuelto el máximo tribunal los asuntos de los derechos de las y los trabajadores?

Viernes 23 de abril | 00:11

La propuesta de ampliación de la presidencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal dos años más -hasta el 2024- ha sido cuestionada por su constitucionalidad, ya que, expresamente el mandato se encuentra limitado a cuatro años, del fuerte vínculo de este ministro con el gobierno de la 4T. También se puso en duda que en su momento no contara con la aprobación del dictamen por parte de la Comisión de Justicia.

Ayer, dentro de la Cámara de Diputados, Morena dio un voto ponderado (aquel correspondiente al partido con más legisladores) para aprobar la ampliación del periodo de Zaldívar, contenida en la reforma al Poder Judicial, pues del total de los 500 diputados, una mayoría de 256 se adscriben a ese partido. Por lo que día de hoy, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en reunión extraordinaria, aprobó la reforma y la extensión, con 17 votos a favor, 13 en contra. Aunque aún está pendiente que sea sometida al pleno de la Cámara para su ratificación.

Los panistas no están de acuerdo con esta ampliación, han asegurado que presentarán una acción de inconstitucionalidad para evitar la ratificación; sin embargo, este mecanismo se encuentra limitado por precedentes que han declarado la improcedencia de la determinación de ampliación de mandatos a las instancias superiores del poder judicial, que implica una consulta del pleno de la SCJN, en manos del propio ministro. Como se menciona en la siguiente nota:

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El papel de la SCJN en la 4T

Aunque el caso Zaldívar muestra que el Poder Judicial se supedita al mandato del gobierno actual, no hay que olvidar que, en otros momentos, este ministro ha estado vinculado al gobierno panista de Felipe Calderón, en 2009 cuando fue propuesto para su cargo y que por acción u omisión respaldó la sangrienta guerra contra el Narco y no presentó oposición a la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Es notorio que los aparentes funcionarios neutrales, en su caso, diez años después, sirven ahora al gobierno en turno, esta vez, para legitimar y legalizar las reformas que ha promovido la 4T como la militarización, las reformas en materia energética, educativa y laboral, próximamente en materia de outsourcing, entre otras.

Es decir, no hay pesos y contrapesos entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pues muchas veces han entrado en tregua para avanzar en contra de los derechos de los trabajadores.

Además, resulta evidente la interpretación a modo de la Constitución, pues es de conocimiento público que sus propios principios son vulnerados; por ejemplo, un artículo transitorio no debe contener una modificación sustancial, además de que, de acuerdo con el principio de legalidad, las autoridades deben sujetarse a lo que expresamente establece la Ley. Y si esto ocurre con un artículo transitorio, resulta peligroso lo que se puede aprobar en relación con los derechos humanos si este procedimiento en materia de derecho, queda como antecedente.

El Poder Judicial no ha garantizado el acceso a la justicia en varios casos. En un aspecto más amplio, por más que se repita que es muy progresivo, ni siquiera lleva a cabo una defensa garantista de los derechos humanos en las resoluciones emitidas por la SCJN. A pesar de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, los ministros no instauran el alcance de los derechos de las y los trabajadores, las comunidades indígenas y la población en general.

Pocas veces recurren a las garantías de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales o las observaciones generales, recomendaciones, o resoluciones de organismos o tribunales internacionales, que desarrollan la legislación sobre el alcance, características, principios y contenido de los derechos sociales.

Por otra parte, aunque AMLO insista en la autonomía e independencia del Poder Judicial, pueden llegar a percibir como sueldo casi cuatro millones de pesos al año, en su realidad material, que difiere del resto de la población del país, sus intereses están más cercanos y ligados a los de la justicia burguesa.

La verdad es que SCJN en raras ocasiones ha resuelto en favor de los trabajadores, más recientemente ha estado en contra, pues ha legitimado la reforma a la Ley Federal del Trabajo, declarado que específicamente se establece la libertad sindical -validando formalmente el corporativismo- aunque en los hechos, hay una clara intromisión estatal en los sindicatos, también han reducido las pensiones y pretende modificar la situación laboral de los investigadores de Centros de Investigación

Por lo anterior es que se requiere imponer límites y candados a funcionarios públicos, en cuanto a sus jugosos sueldos, exigiendo que todo funcionario gane como un trabajador. Además, opinamos que estos cargos deben ser elegidos por voto popular de mayoría, no el Poder Ejecutivo, además de ser rotativos y en todo momento revocables. Más allá de que haya pesos y contrapesos entre los poderes, deben sujetarse al escrutinio público y popular para evitar que avancen en contra de los derechos de las mayorías.




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