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Red Internacional

Organizaciones sociales y familiares denunciaron que desde el 5 de agosto fue privado de su libertad Vicente Suástegui Muñoz, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, en el estado de Guerrero, y exigen su aparición con vida.

Miércoles 18 de agosto | 12:59

Familiares de Vicente Suástegui Muñoz, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), denunciaron que desde el pasado 5 de agosto fue privado de su libertad por hombres armados en zonas cercanas al puerto de Acapulco.

Uno de sus familiares, dirigente del Cecop, denunció que no es la primera vez que se amenaza a su familia, pues apenas el 12 de julio a su hermano lo agredieron marinos y militares quienes allanaron su vivienda supuestamente buscando armas y droga y añadió que la desaparición de su hermano ocurrió en un contexto donde se está criminalizando a los luchadores sociales y defensores ambientales.

Estas intimidaciones han continuado, a pesar de que el proyecto de La Parota fue detenido por el gobierno federal, luego de casi veinte años de lucha entre la CFE y las comunidades que se oponían a la inundación de 17 mil hectáreas de selva, que afectaría a poco más de 25 mil personas, además de incalculables daños a los ecosistemas, convirtiéndolo en uno de los mayores conflictos socio ambientales en de las últimas décadas.

Organizaciones sociales señalaron que la desaparición de Vicente se da en un contexto de violencia generalizada, orquestado por actores estatales en coexistencia con grupos de la delincuencia organizada, al mismo tiempo que exigieron al gobierno estatal y federal la aparición con vida y el cese inmediato de las agresiones contra defensores y defensoras del territorio.

El estado de Guerrero ha sido uno de los más violentos contra defensores de Derechos Humanos y el territorio, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que en el informe del 2020 señaló que 5 defensores fueron asesinados durante ese año, mientras que en lo que va del 2021, al menos 2 asesinatos han sido documentados.

Al mismo tiempo, organizaciones de Derechos Humanos han denunciado constantemente la colusión en diferentes niveles de gobierno, policía, empresas y crimen organizado, que son los principales perpetradores de los ataques constantes hacia ambientalistas y defensores del territorio.

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