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Estallido social y crisis del régimen en Perú

José Rojas

PERÚ

Estallido social y crisis del régimen en Perú

José Rojas

Intensas movilizaciones conmocionaron al Perú. A raíz de ello, el ilegítimo gobierno de Manuel Merino fue obligado a renunciar luego de que dos estudiantes perdieran la vida como consecuencia de la brutal represión policial. Estas jornadas de lucha no se veían desde la caída de Alberto Fujimori.

Si bien la designación del centroderechista Francisco Sagasti ha logrado atenuar las movilizaciones, lo expresado por el estallido social muestra el agotamiento del actual régimen político y la predisposición a luchar de sectores importantes del pueblo peruano. Este fenómeno hace parte también de la crisis orgánica que se vive en otros países de la región, lo cual está llevando a un retorno de la lucha de clases, condicionado ahora por la profundización de la crisis económica y sanitaria que ha propiciado la proliferación del Covid-19.

Así tenemos que, para el segundo trimestre de este año, el PBI peruano cayó en un 30,2 %. Para este periodo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que solo en Lima 2,3 millones de trabajadores perdieron el empleo. En agosto y septiembre, la producción minera caía en 11,2 % y 12,2 %, respectivamente. Para el tercer trimestre, el PBI había caído en casi 9,55 %. Mientras tanto, la propagación del Covid-19 sigue creciendo. Así tenemos que, a la fecha, se han registrado más de 35.000 fallecidos y 930 mil contagiados; a esto se suma la falta de equipos de protección personal para los trabajadores del sector salud, así como el encarecimiento de medicinas y la carencia de infraestructura médica. Todos estos elementos estructurales hacen prever un escenario de inestabilidad.

La vacancia como detonante de la movilización social

El pasado 9 de noviembre, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el Parlamento vacaba por incapacidad moral a Martin Vizcarra amparándose para ello en el artículo 113 de la Constitución política del Estado. La razón esgrimida por los parlamentarios para implementar esta medida fueron los indicios de corrupción que pesaban contra el ex presidente Vizcarra y que datan de cuando este se desempeñó como gobernador en Moquegua, donde habría recibido más de 2 millones de soles como soborno para la construcción de obras públicas.

El mismo lunes por la noche, cientos de jóvenes, en su mayoría de clases medias, salieron a las calles de la ciudad de Lima cuestionando la decisión del Parlamento, la cual llevaba al entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, a la presidencia del país. Este sector parlamentario ya venía siendo muy cuestionado por la población debido a sus vínculos con la corrupción.

El martes por la mañana, los jóvenes se volvieron a movilizar en el centro de Lima y trataron de llegar a las instalaciones del Congreso para rechazar la asunción del nuevo presidente. Ya en horas de la tarde, las movilizaciones se hicieron masivas y se fueron extendiendo al resto del país. En la noche del miércoles 11 se daría una gran movilización de carácter nacional. Desde ese momento, las marchas y acciones de protesta no cesarían hasta que, el domingo 15, Manuel Merino anunció públicamente su dimisión a la presidencia después de la brutal represión del día previo, que dejó dos estudiantes asesinados por la policía, 94 heridos y muchos detenidos. Cabe mencionar que, previamente, habían renunciado la mayoría de sus ministros y Luis Valdez, presidente del Congreso, anunciaba también su renuncia y hacía un llamado a Merino a hacer lo propio.

La juventud fue el componente más dinámico y numeroso de las movilizaciones. Su bronca se centró en el cuestionamiento a la corrupción de la casta política que hoy controla los principales poderes del Estado y en especial el Congreso de la República. A pesar de que un sector empresarial y algunas ONGs trataron de orientar las movilizaciones hacia el retorno de Vizcarra, los jóvenes, al grito de “ni Merino ni Vizcarra nos representan”, lo impidieron. Esto evitó también que la movilización termine cooptada; por eso, la espontaneidad, la autoconvocatoria y la combatividad se mantuvieron hasta el final, lo cual convirtió a estos espacios de lucha en espacios de disputa que permitieron que otras demandas, como la lucha por acabar con la Constitución de 1993 y por imponer una Asamblea Constituyente, se fueran incorporando en la agenda de los manifestantes.

Crisis del régimen del 93 y lucha interburguesa

Esta bronca generalizada hacia el Congreso de la República y hacia la mayoría parlamentaria es consecuencia de la profunda devaluación de este poder del Estado, ya que es visto como caja de resonancia de intereses particulares que nada tienen que ver con las necesidades del pueblo. Ello hace parte del desprestigio del conjunto de los poderes del Estado, el cual se empezó a desarrollar desde 2016, cuando se hicieron públicos los vínculos entre los empresarios de la constructora Odebrecht y los políticos de turno, lo cual ha llevado a muchos ex presidentes y a renombradas figuras políticas a prisión e incluso terminó con el suicidio del dos veces presidente, el aprista Alan García. Recordemos que el caso Odebrecht hace parte de la operación Lava Jato, la cual, valiéndose de la legítima indignación popular contra la corrupción, fue utilizada por el imperialismo norteamericano para sacarse de encima a gobiernos y políticos que le eran incómodos en el continente.

El parlamento se ha convertido, así, en el reducto de un sector importante de la denominada “burguesía emergente”, compuesta mayoritariamente por empresarios provincianos, muchos de los cuales han construido sus fortunas a raíz de negocios ilícitos o empresas educativas muy lucrativas pero de muy mala calidad que terminan convirtiéndose en “fábricas de títulos profesionales”, que a la postre son una estafa para miles de jóvenes. Estos sectores, que en su momento estuvieron acaudillados por el fujimorismo, han hecho del Congreso el espacio natural para sus componendas económicas y para la consolidación de sus negocios. Ellos tienen presencia en el Congreso porque muchos de estos empresarios son a su vez dueños de sendos partidos políticos, como es el caso de Alianza para el Progreso del millonario Cesar Acuña, Podemos Perú de José Luna Gálvez, UPP de José Vega, entre otros. A estos “partidos empresa” se suman otros con más historia, pero manchados de corrupción, como es el caso de Acción Popular de Manuel Merino y “Vitocho” Belaunde o Fuerza Popular de Keiko Fujimori.

El otro sector burgués se agrupa mayoritariamente en torno a la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas). Aquí destacan consorcios empresariales como el grupo Romero, el grupo Brescia, los Graña, los propietarios de los grandes medios de comunicación, entre otros. Estos empresarios controlaban al defenestrado gobierno de Martín Vizcarra quien, desde que asumió la presidencia en 2018, buscó relegitimar al ejecutivo ante la crisis de descrédito generada por el caso Odebrecht, para lo cual, y contando con el apoyo de los grandes medios de comunicación, orientaron el descontento social hacia el desprestigiado Congreso donde el fujimorismo tenía mayoría. Esta estrategia fortaleció a Martín Vizcarra, al grado tal que le permitió implementar con mucha facilidad una serie de medidas de ajuste contra el pueblo trabajador. Las contradicciones entre el parlamento y el ejecutivo continuaron hasta que, a fines de 2019, Vizcarra disolvió el Congreso. Sin embargo, en el nuevo Parlamento elegido en enero de este año, y ya con el fujimorismo diezmado electoralmente, los sectores vinculados a esta “burguesía emergente”, junto a grupos religiosos fundamentalistas como el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), y otros sectores ajenos a la órbita de Martín Vizcarra, ganan la mayoría de escaños.

Es en este marco de lucha interburguesa por el control de los poderes del Estado que estalla la última crisis que compromete a Vizcarra en el caso de los sobornos en Moquegua. Este nuevo escándalo pone en evidencia la descomposición, ya no solo del Parlamento, sino también del Poder Ejecutivo. De esta manera, la credibilidad del entonces presidente sufre un serio revés y la imagen anti corrupción que los medios de comunicación habían construido de él empieza a ser cuestionada. Se abre así la posibilidad de plantear una salida más de fondo e independiente del ejecutivo, del legislativo y de los partidos burgueses.

La adaptación del Frente Amplio y Uníos Perú

Frente a esto, el sector burgués emergente con mayoría parlamentaria pasa a la ofensiva planteando la vacancia presidencial, para de esa manera tomar control del ejecutivo y poder negociar en mejores condiciones con los otros sectores burgueses. El sector mayoritario del centroizquierdista Frente Amplio, y Enrique Fernández Chacón de la agrupación Uníos Perú (referenciada internacionalmente con la UIT-CI) quedan pegados a esta política burguesa y terminan votando a favor de la vacancia presidencial, allanándole así el camino a la podrida casta política del Congreso.

La adaptación de Uníos al régimen burgués tiene que ver entonces con su profunda asimilación a salidas institucionales, como la vacancia presidencial, las cuales nada tienen que ver con la movilización independiente del pueblo trabajador y la lucha por un gobierno de los trabajadores. Esto está estrechamente relacionado a su adaptación al Frente Amplio. Por eso, y a pesar de haber hecho pública su ruptura, terminaron votando la vacancia juntos, lo cual los llevó a quedar por fuera de la movilización social contra la casta parlamentaria. Ello llevaría a que Fernández Chacón fuera dura y masivamente criticado en las redes sociales. La adaptación de Uníos al FA y al régimen burgués se volvería a expresar cuando Enrique Fernández, después de la caída de Merino, votó por la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, para la presidencia, a pesar de que ella representaba a una lista de concertación burguesa que tenía como objetivo parar las movilizaciones sociales.

Por otro lado, la adaptación del Frente Amplio al régimen burgués del ‘93 no es nueva. Recordemos que, en el 2016, mandaron a votar en segunda vuelta por Pedro Pablo Kuczynski y, desde que asumió Martín Vizcarra la presidencia de la República, se alinearon con él aduciendo que de esa manera combatían al fujimorismo y preservaban la democracia. Por eso apoyaron el referéndum de 2018 y las reformas políticas del ejecutivo. Ya con el nuevo Parlamento, y a partir de la proliferación de la pandemia, se asimilaron al llamado a la unidad nacional hecho por Vizcarra y cerraron filas con el gobierno. Así, pues, callaron en todos los idiomas cuando Martín Vizcarra imponía desde el ejecutivo un conjunto de medidas contra la clase trabajadora como la suspensión perfecta de labores que estipula suspensiones sin salario, la eliminación de la negociación colectiva o las medidas de reactivación económica que solo favorecían a los empresarios y contribuían a precarizar aún más las condiciones de trabajo.

Y mientras un sector del Frente Amplio y Uníos terminaban alineados al grueso de la casta corrupta del Congreso, las parlamentarias Rocío Silva Santisteban y Mirta Vázquez –también del FA y que votaron en contra de la vacancia– terminaron impulsando una lista unitaria junto al derechista Partido Morado, el cual se ha convertido en el mejor instrumento de recambio y de oxigenación de los sectores burgueses agrupados en torno a la CONFIEP. El grado de asimilación de este otro sector del FA es tal, que Mirta Vázquez fue parte de la lista encabezada por el actual presidente Francisco Sagasti y, a raíz de ello, hoy preside el Parlamento, siendo una de las cartas, junto a Rocío Silva Santisteban, de las cuales se valen los grandes medios de comunicación y la burguesía para tratar de descomprimir el descontento de la juventud.

Lecciones y perspectivas que nos deja este proceso

Si bien las masivas movilizaciones, mayoritariamente juveniles y con altas dosis de combatividad callejera, terminaron por hacer caer al ilegítimo gobierno de Manuel Merino, el hecho de que estas hayan priorizado solamente la lucha contra la casta política enquistada en el parlamento llevó a que después de que el Congreso eligiera como nuevo presidente a Francisco Sagasti la contundencia de las mismas haya ingresado en un período declinante.

Gran responsabilidad de ello recae sobre los hombros de la burocracia sindical que controla las principales centrales obreras del país, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, quienes pertenecen a los viejos partidos estalinistas (Partido Comunista Peruano y Patria Roja) que ahora hacen parte del frente electoral Juntos por el Perú liderado por Verónika Mendoza. Ellos jamás se atrevieron a organizar concretamente a sus bases para implementar la huelga general contra el gobierno de Merino y contra el conjunto de la casta corrupta del Congreso. De esa manera, terminaron oxigenando a la burguesía y permitiéndoles un reacomodo por arriba, desaprovechándose así una gran oportunidad para que la clase obrera ingresara a la escena y pusiera en agenda sus demandas que confrontan los intereses de los diferentes sectores de la burguesía en pugna.

A pesar de ello, este proceso de movilización social está instalando en sectores importantes del movimiento de masas la discusión sobre la necesidad de acabar con la Constitución de 1993 y con el actual régimen político a través de una Asamblea Constituyente. Es por esa razón que Verónika Mendoza, de la agrupación reformista Juntos por el Perú, tratando de aprovecharse electoralmente de esta nueva sensibilidad política, ha propuesto que para las elecciones de 2021 se considere una segunda urna para que los votantes se manifiesten si están a favor o en contra de cambiar la Constitución. Esta propuesta, sin embargo, a lo que conduce realmente es a oxigenar una Constitución profundamente antidemocrática y pro imperialista como la del ’93, que ya viene siendo cuestionada por la movilización social.

Recordemos que la Constitución de 1993, promulgada por Alberto Fujimori, sienta las bases legales para la implementación de las políticas neoliberales, las cuales han contribuido significativamente a la privatización de los recursos naturales y las empresas públicas. Asimismo, han servido para liquidar los servicios sociales como la educación y la salud (por ello la propagación del Covid-19 alcanzó las dimensiones catastróficas que ya todos conocemos). En esta Constitución se abren también las puertas para la precarización y la flexibilización laboral; por esa razón, muchas de las iniciativas de ajuste pro empresarial de los gobiernos patronales terminan teniendo asidero legal. En esta Constitución se expresa con claridad la herencia neoliberal.

La importancia de luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Para que la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nos sirva para empezar a cambiarlo todo necesitamos impulsar la movilización y la autoorganización obrera y popular, irrumpiendo así contra el carcomido régimen del ‘93 que sienta las bases jurídicas para esta democracia de los empresarios que avala las medidas de ajuste contra el pueblo trabajador y excluye a las grandes mayorías de la toma de decisiones.

Una Constituyente Libre y Soberana deberá tener facultades ejecutivas y legislativas, y una de sus primeras medidas deberá ser poner en marcha un plan de emergencia que haga que las consecuencias de esta profunda crisis económica y sanitaria dejen de ser pagadas por el pueblo trabajador. Por tanto, deberá derogar todas las medidas anti laborales y pro patronales de Vizcarra, así como las que fueron aprobadas por los gobiernos anteriores, que se encuentran normadas en la Constitución de 1993. Para acabar con la podrida casta política, en esta Constituyente los representantes electos tendrán que poder ser revocados si incumplen sus compromisos y ganar como gana un obrero calificado o un profesor de colegio. Esta Constituyente deberá establecer que los jueces y fiscales sean elegidos por votación universal y ganen como gana un trabajador más.

Imponer una Constituyente para nacionalizar nuestros recursos naturales y de las empresas estratégicas vinculadas a la actividad minera, las cuales deberán pasar a estar bajo control de sus trabajadores y bajo la fiscalización del pueblo trabajador organizado, para así tener los recursos suficientes que nos permitan acceder a un sistema público de salud y de educación de calidad. Frente al cierre de las empresas que amenazan con dejar sin trabajo a miles de trabajadores, que estas pasen a estar controladas por sus empleados, y para crear más puestos laborales pelearemos porque aquí se imponga la jornada móvil de trabajo y salario. Una Constituyente que también termine con los leoninos intereses de los bancos, para que los pequeños productores agrarios y pequeños comerciantes puedan acceder a créditos con cero intereses, y para ello nacionalice de la banca y el comercio exterior.

Es para pelear por estas y otras medidas fundamentales debemos imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana con la huelga general, desarrollando la autoorganización obrera y popular. Una Constituyente así no nacerá de las nuevas elecciones o de una segunda urna, sino de las ruinas del viejo régimen de 1993. La lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana de este tipo abonará también a la lucha por un gobierno de las y los trabajadores como salida de fondo que nos permitirá acabar con la explotación capitalista y avanzar hacia el socialismo.

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José Rojas

Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú
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