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MILITARIZACIÓN

Esclavitud a manos de los cárteles: la pesadilla de los desaparecidos

El reclutamiento forzado para el crimen organizado que prosperó bajo el amparo de altos funcionarios de gobierno, un reportaje del proyecto Adóndevanlosdesaparecidos / Quintoelab. Una realidad escalofriante.

Martes 5 de febrero

Reclutamiento por engaños a través de anuncios en las páginas de Facebook Bolsa de Trabajo GDL y Trabajos Guadalajara. La contratante, una empresa fantasma, prometía 4 mil pesos por semana (209 dólares) para trabajar como guardia de seguridad, en México, donde el salario mínimo es de apenas 3,080 pesos por mes (161 dólares). Así nutre sus filas el cartel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con el reportaje publicado en El País, el mismo día del anuncio del plan del presidente López Obrador contra las desapariciones forzadas, cuyo número se admite que llegó a 40 mil personas.

Un sobreviviente, Luis, que logró escapar de un campamento del cartel dio su testimonio a la fiscalía de Jalisco, luego de un tiempo de su huida porque temía que el gobierno lo volviera entregar al crimen organizado. Un temor que no sorprende si se recuerda la participación del Ejército y los policías municipales en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes aún no se conoce su paradero.

Fue capturado por el cartel en la sierra de Navajas, estado de Jalisco. Se decidió a contar su experiencia para dar a conocer cómo murieron 17 personas secuestradas en el campamento con él y “llevar un poco de paz a sus familias y que no sigan esperanzados a que van a encontrarlos”.

Respondió a un anuncio en Facebook, lo contactaron por inbox y lo citaron para ir a un entrenamiento en el municipio de Tala. Le prometieron 4 mil pesos por adelantado. Desesperado porque no le pagaban en el centro de rehabilitación en el que trabajaba, aceptó.

Enseguida lo metieron en una casa de seguridad y luego lo llevaron a él, y otras 15 personas que respondieron al anuncio, a campamentos en la sierra de Ahuisculco. Las familias de algunos denunciaron sus desapariciones.

Entre las personas reclutadas a la fuerza se cuentan hombres de los valles de la región de Tequila, del área metropolitana de Guadalajara, de otros estados de México, migrantes centroamericanos. Eran cargadores del mercado de abastos, jornaleros, lavacoches, desempleados, albañiles, deportados, y jóvenes recién salidos de centros de rehabilitación de adicciones, entre otros.

Los mantienen detenidos en condiciones de hacinamiento, bajo amenazas constantes. Los torturan. Algunos de ellos son asesinados en los campamentos de entrenamiento. Los otros prisioneros son obligados a incinerar los cuerpos a punta de pistola. Una recreación morbosa de los campos de concentración, que operaron por años con el aval de autoridades como el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, ahora detenido en Estados Unidos por narcotráfico, o el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.

Otros campamentos funcionaban en Tlaquepaque y en Puerto Vallarta, también en Jalisco, donde se reclutaban jóvenes para una empresa de seguridad inexistente, Segmex. Su labor, bajo amenaza de muerte, era el narcomenudeo o ser sicarios.

Mientras se hacen públicos nuevos capítulos del horror de la “guerra contra el narcotráfico”, a la que López Obrador da por terminada, su gobierno mantiene la estrategia de militarización de México, ahora con la excusa de combatir el robo de combustibles y la creación de la guardia nacional.

Una estrategia cuyo costo pagan las familias de la clase trabajadora y los sectores populares, que ponen los muertos y los desaparecidos, mientras el crimen organizado sigue prosperando al amparo de los partidos patronales repudiados en las elecciones de julio de 2018.






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