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Red Internacional

Sociedad.¿Es posible una salida obrera y popular al problema de la violencia en México?

Después de las elecciones recrudecieron los asesinatos y la violencia por parte de los grupos del crimen organizado que, bien es sabido, están coludidos con la policía y las instituciones. ¿Qué salida podemos dar las y los trabajadores ante la violencia del narco y del Estado?

Jueves 8 de julio | 18:14

Tamaulipas, Durango y Coahuila son algunos de los estados del norte donde nuevamente se registraron violentos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, que se disputan las plazas y municipios para la venta ilegal de drogas. Estos enfrentamientos dejaron como saldo la muerte de decenas de trabajadores, amas de casa, estudiantes y civiles, como sucedió el 19 de junio en colonias obreras y populares de Reynosa.

Este 4 de julio se cometieron, por lo menos, 115 asesinatos en 24 de los 32 estados del país. Se trata del día con la segunda cifra más alta de homicidios cometidos durante el gobierno de la 4T, el primer lugar lo ocupa el 7 de junio de 2020, cuando hubo 117 muertes violentas en un solo día. Ante las nuevas masacres contra la población civil y el avance de grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, la polarización nuevamente se hace presente en la vida política nacional.

Por su parte, la derecha conservadora y analistas afines a ella señalan la incapacidad del gobierno de la 4T para erradicar la violencia del narco y “salvaguardar” la seguridad de la población. En contraste, el gobierno de AMLO opera a dos niveles: por un lado, apela a la retórica pacifista de “abrazos, no balazos”, mientras que por el otro continúa aceleradamente la política de militarización iniciada por los gobiernos del PRI y el PAN, otorgando cada vez más poder político y recursos económicos a las fuerzas armadas, principalmente a la Guardia Nacional.

Luego de más de 14 años de “Guerra contra el Narco”, las secuelas de la violencia en México van mucho más allá de las escalofriantes cifras que se cuentan por miles y que parecieran no tener fin. Esta política ordenada desde la Casa Blanca y diseñada para salvaguardar los intereses del imperialismo norteamericano en territorio mexicano, ha traído también una profunda descomposición social, la precarización de la vida y graves traumas psicosociales para el pueblo pobre, migrante, indígena y trabajador.

Pese a que en 2018 AMLO prometió que los militares regresarían a sus cuarteles y terminaría la militarización del país, esto no ha ocurrido, sino que al contrario hoy en día los militares tienen mucho más poder y control sobre el territorio y la población que en gobiernos anteriores.

Como si no fuera suficiente, esta política es utilizada también para criminalizar y amedrentar a las trabajadoras y trabajadores. Así lo vimos recientemente con el caso de Santiago, un trabajador de la empresa IZZI que fue injustamente detenido y encarcelado por supuestos cargos de secuestro en Ecatepec, a pesar de las múltiples pruebas que demuestran su inocencia. Su caso no es aislado, sino una constante para cientos y miles de trabajadores que no sólo tienen que lidiar con la barbarie del narco, sino también con la violencia e impunidad con la que operan las fuerzas armadas del Estado.

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¿Una salida obrera y popular para el problema de la violencia?

Como señalamos aquí, la única manera de realmente combatir al narcotráfico y abatir su poder es legalizando todas las drogas que hasta ahora son ilegales, monopolizar su comercio a cargo del Estado y que su producción esté bajo control de las y los trabajadores, para evitar el enriqueciendo de unos cuantos.

Se trata principalmente de un problema de salud pública y no de un problema de “seguridad nacional”, como insisten los gobiernos en turno y serviles al imperialismo norteamericano. Para acabar con la barbarie de la “guerra” y la violencia que azota al país desde hace décadas, es necesario impulsar nuevamente un gran movimiento nacional por la desmilitarización inmediata del país, que luche por juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los múltiples crímenes y masacres, cometidos por las fuerzas armadas en colusión con cárteles del narco.

Para que este movimiento pueda vencer, es necesaria la coordinación democrática con otras luchas como las de defensores del medio ambiente, el movimiento de mujeres, la juventud y estudiantes, y principalmente es urgente la participación de los batallones del movimiento obrero y sus sindicatos. La justicia no vendrá de los asesinos ni sus cómplices, sino del pueblo y la clase trabajadora organizada de manera independiente del Estado y sus instituciones.




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