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Red Internacional

En medio de protestas de familiares de víctimas del periodo conocido como "guerra sucia", López Obrador presentó este miércoles la puesta en marcha de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.

Miércoles 22 de junio | 16:57

Este miércoles, desde el otrora centro de detención clandestino más importante del país hasta mediados de los ochenta, el Campo Militar 1-A, ubicado en Naucalpan, Estado de México, Andrés Manuel López Obrador encabezó la puesta en marcha de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, conocidos como "Guerra Sucia". 

En este acto participaron también Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos población y migración de la Secretaría de Gobernación y Presidente de esta Comisión; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Claudia Sheinbaum, Jefa de gobierno de la Ciudad de México; Luis Crecensio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional; María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Ángel Primitivo Flores, General Brigadier diplomado de Estado Mayor, director general de Derechos Humanos, así como de generales, jefes, oficiales y personal de tropa, así como familiares de personal militar y familiares de víctimas del periodo 1965-1990.

Destacó la presencia de Micaela Cabañas —hija de Lucio Cabañas, asesinado por el Ejército el 2 de diciembre de 1974—, y quien fuera incorporada desde 2021 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. También estuvo presente Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre y detenida el 5 de enero de 1978 por elementos de la Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia (DIPD) y la llamada "Brigada Blanca", creada para combatir a la guerrilla y a la disidencia política. Fue vista por última vez en una Base Aérea Militar en Guerrero desde donde partían "los vuelos de la muerte". 

Los abucheos y consignas de familiares de víctimas comenzaron luego de que Luis Crescencio Sandoval anunciara que, por instrucciones de AMLO, se incluiría a familiares de militares "caídos en el cumplimiento de su deber" en este mismo periodo en el Mecanismo Integral de Reconciliación Social del Estado Mexicano. Mientras informaba que también por órdenes de Obrador se inscribirán los nombres de los militares en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, ubicado en la Plaza del Servicio a la Patria, se escucharon voces que gritaban "¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!". Los manifestantes portaban pancartas con leyendas contra la impunidad y exigiendo juicio y castigo para Luis Echeverría Álvarez, bajo cuya administración ocurrieron gran parte de estos crímenes. 

Obrador, por su parte, dedicó su intervención a defender la figura del Ejército, recurriendo a su discurso de que se trata de una fuerza emanada de un proceso revolucionario y que es "pueblo uniformado". Tanto Obrador como Sandoval buscaron lavar las manos a las Fuerzas Armadas de su participación no sólo en este episodio sino también en otras masacres que, a la fecha, siguen sin esclarecer.

La participación de Obrador, tanto como la de Encinas, buscó distinguir entre regímenes y pronunciarse contra la impunidad, al tiempo en que enarbolaba una retórica de reconciliación y lucha "pacífica".

Si bien este acto ha sido presentado como un hecho histórico, no es la primera vez que se instala alguna medida institucional para dar salida a los reclamos de miles de víctimas de la violencia de Estado. Ya en 2002 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) bajo el gobierno de Vicente Fox, misma que fue desmantelada en 2006, año en que se declaró la "guerra" al crimen organizado y comenzó una nueva etapa en la lucha contra la desaparición forzada y la represión de la protesta social.

Queda claro que la respuesta a la exigencia de verdad y justicia no vendrá de los perpetradores ni las instituciones que, a varias décadas de distancia, siguen garantizando la opacidad e impunidad en estos crímenes. La lucha por comisiones independientes del gobierno sigue vigente y es indispensable para verdaderamente dar con los responsables materiales y políticos y hacer carne la consigna de juicio y castigo.




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