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Red Internacional

Como se anunció en febrero de este año, a partir de diciembre los hospitales de especialidades ofrecerán servicios de atención gratuita a aquellos usuarios que no cuenten con seguro social. La medida llega en medio de la saturación de hospitales por la crisis sanitaria de COVID-19.

Miércoles 2 de diciembre de 2020 | 18:50

En febrero de este año, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que para diciembre todos aquellos usuarios que no cuenten con servicio médico podrían atenderse de manera gratuita en los hospitales de especialidades que pertenezcan al gobierno federal. La medida ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con esta medida se exentan los pagos por servicios de consulta, hospitalización, estudios y procedimientos médicos. No se menciona nada sobre los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades.

Esta medida forma parte del Programa Sectorial de Salud 2020-2024 que el gobierno de la 4T planteó para, según AMLO, “tener un sistema de salud similar al de Noruega o Dinamarca”.

Sin embargo, en los hospitales administrados por las autoridades estatales, este servicio estará disponible cuando se realice su incorporación al Insabi. Excepto en los 9 estados del país (Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas) que se negaron a adherirse al Insabi, pues consideraron que no representaría ningún beneficio para los usuarios de servicios médicos.

Esta medida, que en un principio podría pensarse como un avance en el acceso de la población en general a un derecho elemental como es la salud, en realidad deja muchas interrogantes.

La situación de la crisis sanitaria es cada vez más compleja. El número de contagios ha superado el millón de personas y los decesos suman más de 107 mil. La noticia de hospitales en su máxima saturación se hizo pública esta semana, si bien desde meses anteriores trabajadores del sector salud denunciaban la falta de cupo en hospitales. La medida de reconversión hospitalaria para “garantizar” la atención de la mayoría de pacientes posibles, resultó una media paliativa insuficiente que dejó aún más al descubierto el precario estado del sistema de salud en el país.

Ante la estrategia de reconversión hospitalaria, se relegaron los procedimientos médicos de los hospitales de especialidades donde se atienden padecimientos crónicos y graves. El insuficiente presupuesto con que contaban se vio duramente golpeado, al destinar la mayoría de sus recursos y esfuerzos a la atención de pacientes con covid.

Si nos enfrentamos a una situación ya de por si compleja con hospitales desbordados ante la cantidad creciente de pacientes, la notable falta de insumos médicos y la falta de personal médico para hacerle frente a la pandemia, ¿en qué escenario se atenderá a los nuevos usuarios de hospitales de especialidades?

Hugo López-Gatell anunció que, después de una cuidadosa revisión de los costos de la implementación de este programa, se llegó a la conclusión de que la eliminación de cuotas no representa un gran problema para los hospitales y se puede recuperar mediante las aportaciones de los contribuyentes. Sin embargo, no puede soslayarse que la mayoría de los hospitales carecen de equipos e instrumentales médicos suficientes. Si no se destina el presupuesto necesario para la atención de la crisis sanitaria, ¿cómo se garantizará la atención en hospitales de especialidad?

Ante el pésimo manejo de la pandemia por parte de la administración actual, es necesario tomar la situación en nuestras manos. Las y los médicos, al igual que las y los enfermeros y todo el personal de salud, en conjunto con los usuarios, deben administrar los recursos para hacerle frente a la pandemia. No se puede garantizar la correcta atención de todos los pacientes, tanto covid como pacientes regulares, sin destinar un aumento emergente al presupuesto del sector salud. Dinero que podría garantizarse si se suspendieran los recursos de la Guardia Nacional o se eliminara el pago de la fraudulenta deuda externa e interna.

El acceso a un servicio de salud digno debe ser un derecho de toda la población, pero no puede esperarse que toda la responsabilidad de atención recaiga en las condiciones actuales sobre los hombros del personal sanitario, que enfrenta la pandemia a marchas forzadas y sin recursos suficientes.




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