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Red Internacional

En julio de este año, Quintana Roo estrenó la Fiscalía Especializada en Feminicidios, misma que encontró el cuerpo sin vida de Bianca Alexis, pero en el estado, nadie lleva la cuenta de las mujeres víctimas de la violencia feminicida.

Martes 10 de noviembre de 2020 | 17:20

En los primeros seis meses del 2020, el Semáforo Delictivo Nacional registró 277 denuncias por violación en el estado de Quintana Roo y siete feminicidios, esto representa un aumento del 204% en el primer delito y de 40% en el segundo con respecto al año anterior.

Pero como siempre, las cifras son inciertas y varían según la fuente, pues según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el 2019 hubo 16 feminicidios, y el panorama es aún peor si vemos la información recolectada por la activista María Salguero que, basándose en las noticias de diferentes medios de comunicación, registró en ese año 47 feminicidios.

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Otras cifras publicadas por el diario Infobae indican que, entre enero y marzo de este año, sumaban ya quince feminicidios en el municipio de Solidaridad, nueve en Puerto Morelos y seis en Tulum. Es decir, tan sólo en estos tres municipios, en la mitad del tiempo que estima el "semáforo delictivo" para todo el estado, hubo 30 feminicidios.

El tres de junio se firmó en el estado un acuerdo para crear la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Feminicidios, a cargo de Christopher Cid Hurtado. Ésta surge “ante la necesidad de crear un esquema de investigación especializada y con perspectiva de género para resolver estos ilícitos”, según la Fiscalía General.

Es decir, el objetivo de este nuevo órgano es buscar a los culpables “con perspectiva de género”, pero esta medida nada hace para evitar los feminicidios ni reducirlos, lo cual únicamente puede pasar por cambiar las condiciones estructurales de opresión en la que viven las mujeres, principalmente las trabajadoras y pobres.

Los feminicidios son expresión de la profunda descomposición social que se vive en México, que no sólo es ideológicamente machista, sino que factores como las terribles condiciones laborales de las mujeres, de dependencia económica, así como las políticas para “combatir al crimen organizado” con el cual las propias fuerzas armadas y funcionarios están coludidos, generan un caldo de cultivo ideal para que el germen del feminicidio se reproduzca sin parar.

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Apenas en junio de este año el cuerpo sin vida de una mujer venezolana fue encontrado en el centro de Cancún, junto a un mensaje del crimen organizado dirigido a Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del estado, señalándolo por nexos y negocios a favor de un grupo rival.

El gobierno le pone a todo el apellido de “perspectiva de género”; pone a mujeres funcionarias al frente de secretarías, gobiernos locales y de los operativos policiales que mandan para reprimirnos; crea fiscalías y nuevos órganos destinados “para nosotras”.

Llenan las cárceles de supuestos culpables sin tocar a las redes de trata ni a los grandes cárteles, reforzando un discurso punitivo que individualiza la responsabilidad de la violencia patriarcal, dejando al Estado, que es quien durante la cuarentena le permitió a los empresarios despedir, reducir los salarios y aumentar la carga laboral a millones de trabajadores, de les cuales las más afectadas son las mujeres pues son las que cuentan con menos derechos laborales por los puestos que ocupamos mayoritariamente.

El feminicidio de Alexis, así como la reproducción de la violencia feminicida es en primer lugar responsabilidad del Estado que ni tan siquiera está interesado en tener cifras claras ni reales sobre las mujeres asesinadas.




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