Con la consigna "En Costa Rica la solidaridad es más", diferentes organizaciones están convocando a la marcha que se llevará a cabo en San José el próximo sábado 25 y que contará con diferentes acciones de solidaridad con los inmigrantes nicaragüenses que son desplazados por la represión de Daniel Ortega en Nicaragua o que han buscado trabajo en Costa Rica desde hace décadas.
Viernes 24 de agosto de 2018 | Edición del día
La migración es uno de los fenómenos más recurrentes que estamos viendo en la actualidad y no es exclusivo de los países de la periferia capitalista. Se caracteriza por desplazamientos forzosos, cuyo origen se encuentra en la exclusión económica, las crisis políticas (guerras, exilios, persecución, inestabilidad social, etc). Además se puede dar por tener una visión idealizada sobre un país determinado (como pasa en Estados Unidos y el llamado “sueño americano”) o debido a los desastres sociales propiciados por eventos naturales propiciados por el capitalismo y la fractura del metabolismo humano con la naturaleza.
Los flujos migratorios de nicaragüenses hacia Costa Rica son de larga data. Durante la dictadura de Anastasio Somoza miles de nicaragüenses salieron del país y desde la guerra de la década de 1980, una migración se ha mantenido latente debido a la falta de empleos y la pobreza creciente en Nicaragua.
Actualmente, esta situación en Nicaragua se ha profundizado a consecuencia del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo , donde se registran más de 450 muertos, más de 400 de presos políticos, miles de desaparecidos y heridos.
Recientemente se aprobó un ajuste de dimensiones catastróficas para el pueblo trabajador del campo y la ciudad. Se trata de la aprobación de la Ley de "Creación de Bonos de Estabilidad Financiera", una deuda que el Estado adquiere por 9 mil millones de córdobas a pagar durante los próximos 25 años, abriendo la puerta a la especulación de los organismos financieros internacionales y golpeando aún más el bolsillo del conjunto de la población.
La migración de nicaragüenses a Costa Rica y a Honduras responde a esta situación, donde miles de estudiantes, jóvenes, trabajadores, campesinos y sectores populares se han apostado durante los últimos 4 meses a mantener protestas multitudinarias para denunciar la represión de Ortega que utiliza a fuerzas parapoliciales, paramilitares y del Ejército.
En este marco general el estallido de una movilización fascistoide en la capital de Costa Rica el pasado 18 de agosto, ha desatado un gran repudio generalizado en prácticamente todos los círculos de la sociedad, incluyendo a cinco ex presidentes, la prestigiosa Universidad de Costa Rica y otras instituciones.
Como respuesta a las agresiones xenófobas, organizaciones sociales y de derechos humanos de Costa Rica están convocando el próximo sábado 25 de agosto una marcha contra la xenofobia, una semana después de que se produjera una acción anti inmigrante, donde 44 personas fueron detenidas. Existe la expectativa de que sea una marcha grande.
Bajo el lema "En Costa Rica la solidaridad es más" las organizaciones están convocando a la marcha que se llevará a cabo en San José y que además contará con actividades culturales y de solidaridad con los inmigrantes, especialmente los nicaragüenses que están siendo blanco del desplazamiento forzado como producto de la crisis socio-política que atraviesa el país centroamericano.
Aunque las autoridades dicen desconocer la cantidad exacta de nicaragüenses que han entrado a Costa Rica, el dato más concreto son 23.000 solicitudes de refugio, donde Migración afirma que el 80% corresponde a nicaragüenses que viven en Costa Rica desde antes de la crisis y que buscan regularizar su situación. Esta cifra se suma a las 8,000 solicitudes de asilo que se han registrado los últimos cuatro meses desde que iniciaron las protestas que rechazaron una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y que pretendía una disminución del 5% a las pensiones de los jubilados.
El pasado domingo en cadena de televisión, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, hizo un llamado a “no atender convocatorias que promuevan el odio y la xenofobia”. La prensa internacional ha celebrado la postura del mandatario, sin embargo, la posición del gobierno guarda silencio respecto de la conocida violación a los derechos laborales que tiene que enfrentar diariamente la comunidad nicaragüense e inmigrante que se encuentra subordinada a la explotación de las grandes élites empresariales –principalmente del sector de la agricultura, construcción y de servicios domeśticos–, donde las denuncias más recurrentes por los trabajadores inmigrantes son los bajos salarios, incumplimiento de salario mínimo, jornadas laborales más largas de las estipuladas por la ley, no pago de horas extras, además de que la gran mayoría no cuenta con vacaciones y goce de aguinaldo, todas estas características que instituciones nacionales toman como parámetro para medir la pobreza.
En este sentido es necesario denunciar que la política del gobierno de Alvarado, igual a la de todos los gobiernos anteriores y que actúa junto a la burguesía costarricense, ha consistido en convertir a la población nicaragüense en chivo expiatorio del deterioro de las condiciones de vida en Costa Rica, un proceso lento pero permanente. Además, los grandes medios de comunicación al servicio de los empresarios, tienen también la responsabilidad de atizar constantemente la xenofobia contra la población nicaragüense. Esto sin olvidar el hecho de que la población negra de Costa Rica, que habita en la costa caribeña, ha sido estructuralmente segregada por el estado costarricense y comparte el mismo origen trabajador que los migrantes nicaragüenses.
En este sentido, hay que impulsar un movimiento que luche de manera unitaria por plenos derechos para los migrantes y trabajadores de otros países; por la libertad de transitar e instalarse en cualquier ciudad del país, y garantizar derechos básicos como el accesos a la salud (tratamiento médico y medicamentos), educación (infantil, de jóvenes y adultos) y transporte de manera gratuita.
Para fortalecer la lucha contra el ajuste y los ataques del gobierno actual es fundamental la unidad entre trabajadores nativos y migrantes que, puede apostarse por conquistar empleos dignos, con derecho a todas las prestaciones, sin precarización laboral y por el respeto irrestricto al derecho de organización sindical para defender como cualquier trabajador sus intereses gremiales y en este caso también democráticos.
Solo con la solidaridad efectiva y la organización independiente se pueden lograr estas demandas realizando una gran campaña impulsada por los sindicatos, organizaciones sociales de izquierda, de derechos humanos y de la juventud.
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