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Red Internacional

Protestas. En Colombia el Gobierno de Duque lleva adelante una verdadera cacería contra la juventud

Asesinatos, desapariciones, judicializaciones y trato de terroristas a una juventud que está siendo estigmatizada por parte del gobierno de Iván Duque después de las protestas enmarcadas en jornadas conocidas como "Paro Nacional" durante el 2021.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Viernes 31 de diciembre de 2021 | Edición del día

Sin duda, la juventud es la fuerza más relevante en las protestas en Colombia, por lo mismo, es ahora el foco de represión del gobierno de Iván Duque. Vándalos, terroristas, guerrilleros es el título que reciben los jóvenes que protestan en las calles y luego son judicializados siendo declarados “un peligro para la sociedad” por jueces y fiscales.

Los jóvenes de las primeras líneas de Bogotá, Cali, Medellín y Paipa han sido privados de la libertad, y en los casos en que el juez autoriza la prisión domiciliaria, la Fiscalía General de la Nación lo rechaza. Les imponen la figura de violencia contra servidor público, instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno, perturbación del transporte público, lanzamiento de objetos peligrosos y homicidio en grado de tentativa.

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En muchos casos las penas que pide la fiscalía superan los 20 años de cárcel lo que significa la muerte en vida de estos jóvenes. Muchos jóvenes no cuentan con abogados defensores más que los asignados por derecho de ley o acompañamiento familiar.

Como lo denunciamos en artículos anteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y jueces cooptados por el gobierno de Duque actúan aminorando las cifras de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y todo tipo de crímenes cometidos en contra de los manifestantes en el marco del Paro Nacional por la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, mientras que a los jóvenes les imponen judicialización y altas penas de prisión sin derecho a excarcelación bajo el trato de terroristas.

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Respecto a este tema el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz-, sostiene que “El gobierno y la Fiscalía quieren limitar los casos de homicidio a los que han tenido registros incontrovertibles en medio de las movilizaciones”. De otro lado, de acuerdo a lo registrado por la ONG "Temblores" 2.005 manifestantes se encuentran detenidos de manera arbitraria. Todo lo anterior deja claro la represión del gobierno de Duque frente a los reclamos justos de un pueblo empobrecido y sin derechos a salud, educación, servicios públicos, trabajo y vivienda digna. 93 personas continúan desaparecidas y 75 fueron asesinadas por la policía y el ESMAD en el transcurso de las jornadas del "Paro Nacional" que duro aproximadamente dos meses. La consigna de este gobierno es protección para los policías y judicialización, muerte y desaparición para los manifestantes.

Retomando las cifras de Temblores ONG en el marco del Paro Nacional se tiene registro de 4.687 casos de violencia policial, 1.617 casos de violencia física por parte de la policía, 82 víctimas de agresión ocular y 28 víctimas de violencia sexual por parte de miembros de la policía. El siguiente cuadro amplía la información:

Dentro de las actuaciones de este gobierno para continuar la criminalización de la protesta está la aprobación por parte del Senado del proyecto de ley propuesto por los ministerios de Justicia, Interior y Defensa el pasado 22 de diciembre. Desde junio el gobierno de Duque venía haciendo intentos para “regular la protesta social”, lo que logró con la aprobación de la ley de "Seguridad Ciudadana". Entre las prohibiciones de esta ley está el endurecimiento de las penas para aquellos que oculten sus rostros o dificulten el reconocimiento visual y por agresiones y asesinatos a miembros de la Policía, y la legítima defensa en propiedades privadas.

Esta ley de acuerdo a las declaraciones del senador del Polo Democrático Iván Cepeda al diario de Colombia El Espectador: “Contiene varias disposiciones que afectan al derecho de reunión y asociación (...). El articulado pareciera encontrar el origen de la inseguridad en la protesta social. Se centra en aumentar las penas para actividades relacionadas con la protesta y fortalece acciones de autodefensa, bajo el concepto de ’legítima defensa privilegiada’ que recuerda a las estrategias de las convivir (cooperativas de vigilancia), antesala legal del paramilitarismo".

Se sabe que esta ley fue aprobada de manera apurada y con presión de la presidencia y que no fue votada por la oposición. Así lo declara la senadora Aida Avella de la Unión Patriótica, partido de oposición:

Se cree que esta ley también fue admitida pensando en el posible fraude de las elecciones para el Congreso, Senado y presidente del próximo año y las protestas que podrían presentarse, pues los partidos de derecha se encuentran frente a una baja popularidad y es probable que gane el llamado progresismo.

Ante este panorama de represión se vuelve fundamental, ante la política represiva y antipopular del Gobierno de Duque la organización de forma independiente de los partidos patronales, como también de los partidos de centroizquierda o progresistas (que si bien denuncian esta situación, están lejos de llamar a frenarla en las calles) y de las direcciones sindicales que pusieron un freno a las protestas de este año, negándose a llamar a asambleas de trabajadores donde se pudiera definir un verdadero plan de lucha, hasta derrotar de conjunto los planes del derechista Duque.

Frente a esta ofensiva la movilización y la lucha, no solo de los y las jóvenes, sino también de trabajadores y trabajadoras, indígenas, campesinas y campesinos es vital para poder enfrentar y derrotar al Gobierno de Duque y a la derecha.




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