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Red Internacional

OPINION.En Bolivia no habrá justicia sin derrotar a los golpistas

Luego de las detenciones de Jeanine Áñez, dos de sus ex ministros y algunos mandos militares, la derecha golpista empieza a rearticularse: exigen amnistía, la liberación de los aprehendidos y amenazan con un paro cívico nacional si llega a haber una nueva detención “ilegal”. Reciben respaldo de la OEA y la Iglesia Católica. Sectores del MAS se declaran en estado de emergencia. Es posible derrotar a los golpistas transformando la resistencia en ofensiva anticapitalista.

Juana RunaMilitante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Javo FerreiraMilitante de la LOR-CI

Miércoles 17 de marzo | Edición del día
Protestas contra la detención de Jeanine Áñez / Efe

A pocos días de las elecciones subnacionales (regionales) del 7 de marzo, se empezaron a conocer órdenes de aprehensión emitidas por el ministerio Público contra miembros del ex gobierno golpista así como contra algunos mandos militares y policiales por el caso “golpe de Estado”.

Con estas medidas, motivadas por la denuncia de "golpe de Estado" interpuesta en diciembre de 2020 por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, el ministerio Público determinó el encarcelamiento, por cuatro meses como medida preventiva, de la expresidenta golpista, Jeanine Áñez además de dos de sus ex ministros (de Justicia, Álvaro Coímbra y de Energía, Rodrigo Guzmán).

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Estas detenciones además de la de algunos mandos militares, provocó la reacción y pronunciamiento de representantes del bloque golpista que denunciaron “persecución política” por parte del Gobierno de Luis Arce Catacora. Arguyendo que éste sería el títere de Evo Morales y que no puede “seguir sus pasos”.

Una de estas voces fue la del excandidato presidencial Carlos Mesa que llamó a reorganizar el “movimiento pitita” (base social del golpismo) y señalaba que “estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras”. Tuto Quiroga, el exvicepresidente del fallecido dictador Hugo Bánzer Suárez, y que también tuvo un rol protagónico durante el golpe pronunció todo un alegato señalando que no hubo golpe de Estado y mostrando su disposición a que se convoque a la rearticulación.

Así, el exlíder cívico y hoy a punto de ser el gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, realizó este lunes un masivo Cabildo, desde donde advertía que daba un plazo de 48 horas para que se libere a todos los detenidos caso contrario “saldrán a las calles”. Al mismo tiempo, también se realizaban concentraciones de cívicos en algunas ciudades como Cochabamba y La Paz. En esta última ciudad, la movilización derechista fue encabezada nada menos que por la exmonja y presidente prorrogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, quién llamó con urgencia a defender a la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, a estas belicosas declaraciones emitidas en el Cabildo de Santa Cruz, le sucedieron las resoluciones de la reunión nacional de los comités cívicos, de los 9 departamentos del país, realizada al día siguiente, en la que el ultimátum de las 48 horas desaparece para ser reemplazado por la exigencia de amnistía, llamados a comisiones de DD .HH. de la OEA y de la Unión Europea para que se pronuncien por lo que califican como “persecución política” y el anuncio del inicio inmediato de un paro cívico nacional en caso de que se produjera una nueva detención “ilegal”.

Por su parte el Gobierno, que había detenido al líder de la agrupación paramilitar RJK (Resistencia Juvenil Kochala), Yassir Molina, el sábado -mismo día que aprehendían a Áñez-, lo terminó liberando el lunes mientras se realizaba el Cabildo de Santa Cruz ante el chapucerío judicial presentado por la Fiscalía. Recordemos que Yassir Molina encabezó las golpizas contra mujeres de pollera en Cochabamba durante el golpe de Estado. En la misma línea, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al día siguiente del Cabildo cruceño, declaraba que “no existían órdenes de aprehensión contra Camacho”, en un intento que pareciera buscar evitar que la tensión política continúe escalando así como abrir las puertas a algún tipo de negociación.

De la misma manera, la referida reunión de los comités cívicos, a nivel nacional, realizada al día siguiente de la liberación de Yassir Molina, bajando los decibeles de las amenazas, pareciera ser una señal en el mismo sentido.

Sin embargo, la gran polarización política instalada a partir del golpe de Estado, y que vuelve a resurgir con las aprehensiones, pone en evidencia la existencia de sectores de ultraderecha no dispuestos a negociar y que buscan garantizar la impunidad de todos los responsables, políticos y materiales, de los crímenes de lesa humanidad y la represión cometidos durante y después del golpe de Estado como es la reciente declaración de ANSSCLAPOL (Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos, Policías y Personal Administrativo), filial La Paz, en la que se declaran en alerta ante las aprehensiones.

Así mismo, la demanda de amplios sectores populares, encabezados por las víctimas y familiares de las víctimas del golpe de Estado que exigen justicia, dificulta cualquier intento de negociación que lleve a la impunidad, obligando al Gobierno del MAS a navegar en las contradictorias y turbulentas aguas de los que exigen impunidad y de los que exigen justicia.

Diversos sectores de las y los trabajadores y el pueblo han empezado a reagruparse a partir de las amenazas de la derecha afirmando que esta vez no permitirán nuevas intentonas golpistas. La campaña por justicia a las víctimas es una piedra en el zapato de golpistas y masistas (que tienen presión desde abajo por este tema).

¿Es posible obtener justicia con las instituciones del Estado Plurinacional?

La aprehensión de unos pocos responsables del golpe de Estado ha provocado el entusiasmo de importantes sectores populares que han redoblado su demanda de justicia. Este entusiasmo, es completamente legítimo, ya que mientras más responsables de las masacres vayan a la cárcel fortalece la moral de lucha de las y los de abajo y por lo tanto esa fuerza moral es clave no solo para mantener viva la demanda de justicia sino para volcarla a la lucha contra los capitalistas, quienes desde la agroindustria, desde el capital bancario y financiero, así como desde las cámaras empresariales, financiaron y alentaron el movimiento golpista.

En este escenario, de profunda polarización política, también hay sectores desde abajo y a la izquierda del MAS que empiezan a cuestionar la idoneidad de las instituciones judiciales para garantizar la demanda de justicia. No se puede olvidar que son los mismos fiscales y jueces que llevan adelante hoy estos procesos contra los golpistas los que detuvieron ilegalmente a más de 1500 personas durante el Gobierno de Áñez y que hicieron la vista gorda cuando torturaron en instituciones policiales a cientos de detenidos en la ciudad de El Alto y que no promovieron ningún tipo de investigación ante las masacres de Ovejuyo, Sacaba y Senkata.

Pero eso no es todo, estos mismos jueces y fiscales que componen las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia son los mismos que puso el Gobierno de Evo Morales, durante su gestión, y que garantizaron la impunidad de los asesinos de Octubre del 2003, que garantizaron la impunidad de la masacre de El Porvenir, en Pando el 11 de septiembre del 2008 y que garantizaron la impunidad de los derechistas en Sucre (noviembre de 2007 y mayo del 2008) y en Cochabamba (enero del 2007).

Si la cúpula conciliadora del MAS se ha visto obligada a tener que proceder con unas pocas aprehensiones, ha sido gracias a la persistencia de la movilizaciones de las víctimas y a las crecientes críticas dentro de su propio partido y de los movimientos sociales que vieron no solo una completa pasividad durante los primeros meses del Gobierno de Arce con respecto a este tema, sino que peor aún, vieron a los mismos golpistas institucionalizarse en posiciones claves del Estado a partir de las elecciones subnacionales, gracias al MAS y a su justicia venal.

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Pero también empiezan a surgir sectores que desconfían de las cúpulas del MAS a quiénes han visto no parar de negociar no solo durante el golpe, legalizándolo, no solo impidiendo que en agosto de 2020 la movilización derrote a los golpistas en las calles, sino que los han visto negociar durante todo el gobierno de Evo Morales quién otorgó enormes ventajas económicas al empresariado y a las clases dominantes, beneficiándolos de la bonanza económica de los últimos años y de la precarización laboral heredada del ciclo neoliberal y que Morales no modificó.

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Por todo esto, desde la Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI), organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, alertamos que el slogan difundido por el Gobierno de que las aprehensiones no serían “venganza sino justicia” solo tienen el objetivo de recomponer ilusiones no solo en el Gobierno sino también en las corrompidas y represivas instituciones del Estado Plurinacional como son la Policía, las FF. AA. y el aparato judicial. Lo hacen buscando sentar las bases de una nueva negociación que les permita garantizar la gobernabilidad del Estado en una situación muy distinta a la de los 14 años de Evo Morales. Distinta porque el 55% de Arce Catacora obtenido en las elecciones del 18 de octubre no fue la expresión de ilusiones como en el primer ciclo del MAS, sino que fue la expresión del mal menor frente a la brutalidad golpista, situación que quedó expresada claramente en las elecciones subnacionales y en el retroceso electoral del MAS.

En línea con lo anterior, se puso en evidencia, las disputas internas dentro de este partido así como las brechas étnicas y de clase, que marcan los ritmos en los que se desarrolla esta segunda experiencia de las masas y el pueblo con este nuevo Gobierno. No sólo se trata de que Luis Arce no es Evo Morales, sino que el propio Evo Morales tampoco es el de los primeros años de su Gobierno. Las tensiones y la fragmentación del voto al MAS en las subnacionales son la expresión distorsionada de estas profundas contradicciones.

Un problema estratégico: transformar la lucha antigolpista en lucha anticapitalista

Sectores de los movimientos sociales empezaron a manifestar que se declaran en estado de emergencia frente a las últimas amenazas y reagrupamientos de la derecha golpista. Auto convocados de la ciudad El Alto, del barrio popular de Kára Kara en Cochabamba, campesinos de la provincia de Omasuyos en Achacachi, las Bartolinas (Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa de Bolivia), las barriadas populares de Campo Víbora en Santa Cruz, así como movilizaciones exigiendo justicia en las calles del centro de Tarija, de La Paz y Cochabamba, son muestras de la disposición a la lucha de importantes sectores populares. Sin embargo, esta disposición a la lucha, las burocracias sindicales y de los movimientos sociales junto a las cúpulas del MAS pretenden contenerla en los estrechos marcos de la defensa del Gobierno de Arce, para poner toda la fuerza de las y los de abajo al servicio de la estrategia de contención y “convivencia” del MAS con las clases dominantes.

Recordemos que Álvaro García Linera, en una reciente entrevista para Jacobin Latinoamérica, afirmó lo que ya todos hemos visto durante sus 14 años de Gobierno con Evo Morales, a saber: que la única estrategia posible es la convivencia con las clases dominantes y el tímido regateo en la distribución de la renta nacional, negando de esta manera toda posibilidad de emancipación social y por lo tanto la búsqueda permanente, es decir, estratégica, de convivir y negociar con los golpistas y la derecha racista y reaccionaria.

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Desde la LOR-CI estamos en las antípodas de esta resignación fatalista de los intelectuales y dirigentes del MAS. Creemos que la lucha por justicia para las víctimas derrotando definitivamente a la derecha golpista y a las clases sociales propietarias que los sostienen es posible. Pero para esto es necesario que las y los trabajadores y el pueblo rompan con la estrategia de negociación y convivencia muy bien expresada por García Linera, y avancen con paso firme en el desarrollo de todas las formas de autoorganización y movilización independiente, recuperando en primer lugar sus organizaciones sindicales, vecinales, comunales y campesinas, expulsando a las corrompidas burocracias como la de Juan Carlos Huarachi de la COB, que parasitan, fragmentan y paralizan a las organizaciones obreras, campesinas y populares.

Estas burocracias sindicales son las que han permitido que los ataques empresariales puedan avanzar fábrica por fábrica y empresa por empresa, además de haber sido parte de impedir en noviembre del 2019 y en agosto del 2020 una resistencia masiva y contundente al golpismo proimperialista.

La coordinación de las y los trabajadores y sectores que se encuentran en lucha, el desarrollo de los comités de autodefensa para impedir los ataques de los grupos derechistas y el establecimiento de formas democráticas para la organización y al servicio de la lucha son tareas de primer orden ante el reagrupamiento y amenazas de Camacho y sus amigos.

El desarrollo de estas formas de movilización y organización independiente puede alentar a que las y los trabajadores y el pueblo, adopten un programa claramente anticapitalista, es decir, que ataque el poder económico de los golpistas. Para ello es necesario avanzar en la expropiación, sin indemnización, de los capitales agroindustriales derrotando de un solo golpe esos nidos de la reacción como son la CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) y el comité cívico de Santa Cruz.

Los capitalistas quienes sostienen a la derecha golpista quieren que seamos las y los trabajadores y el pueblo quienes paguemos la crisis en marcha. Debemos oponernos a este plan y que sean ellos quienes paguen la crisis económica. Para ello es necesario impulsar la lucha contra los despidos y la desocupación exigiendo la inmediata prohibición de despidos y que toda fábrica y empresa que cierre o despida pase a manos de sus trabajadores. La nacionalización de la banca y del sistema financiero y su administración directa y colectiva por sus trabajadores, sería un gran paso para derrotar a la derecha empresarial y golpista.

Para terminar de manera definitiva con los golpistas y las amenazas de una nueva asonada de los cívicos, iglesias y paramilitares, así como para garantizar justicia plena para las víctimas de las masacres y las torturas durante el golpe de Estado es urgente impulsar la movilización, transformando la resistencia antigolpista de los sectores populares, en una ofensiva anticapitalista que busque abrir el camino a un gobierno de las y los trabajadores del campo y la ciudad y que pueda abrir las puertas a la lucha por el socialismo. El primer obstáculo a superar en este horizonte son aquellos dirigentes e intelectuales del MAS, que dicen que esta labor es imposible, y que buscan contener nuestra movilización en los estrechos márgenes de la negociación y convivencia con los capitalistas.




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