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Red Internacional

Editorial. El triunfo del rechazo y la "crisis orgánica"

Todos los partidos y los poderes del régimen presionan por una política de "consensos". Sin embargo, no está claro que este esfuerzo moderador y dirigido hacia el centro tendrá éxito. El resultado del plebiscito tuvo un efecto contradictorio en la situación nacional. Hizo girar la agenda política hacia la derecha. Pero, por otro lado, dejó muy debilitado al gobierno, aumentó el poder del Congreso por sobre el ejecutivo, y envalentonó a la extrema derecha, lo que presiona a Chile Vamos de cara a las negociaciones constituyentes. El problema constitucional queda abierto sin que exista claridad de cómo encauzarlo. La "crisis orgánica" sigue abierta.

Jueves 15 de septiembre | Edición del día

El escenario post plebiscito ha estado marcado por las negociaciones hacia un nuevo proceso constituyente. Chile Vamos decidió no asistir a la cita fijada para este jueves que se realizaría en el Congreso para definir las coordenadas de un eventual nuevo proceso constituyente. Aseguran que lo hacen en protesta a las presiones del gobierno por inmiscuirse en las negociaciones. Exigen que de ahora en más, el gobierno de Boric no participe directamente de las negociaciones y que sean los partidos quienes protagonicen la nueva "cocina" del Congreso. Sin embargo, lo que resulta claro es que entre los partidos de la derecha no existe un acuerdo de cómo seguir las negociaciones.

La amplia derrota del apruebo fue celebrado por los grandes grupos económicos, por la derecha y por la ex Concertación que se alineó con el rechazo. Estos sectores quieren utilizar el resultado electoral para atacar todo atisbo de lo que ellos llaman “octubrismo” o “maximalismo”. Es decir, buscan recomponer el “centro” político, restablecer la línea de los grandes “consensos” de los noventa y la “unidad nacional”.

Como hemos planteado en editoriales anteriores, este programa burgués tiene diversas aristas: recomponer la autoridad del Estado, fortaleciendo medidas represivas o “bonapartistas” para controlar la calle y golpear a “los extremos”; consensuar un nuevo proceso constituyente lo más controlado posible para poder firmar, por fin, una nueva Constitución que tenga un envoltorio más moderno y acorde a los tiempos, pero cuyo contenido mantenga todos los pilares del Chile de los 30 años; y un programa económico basado en “enfriar” la economía para que la inflación la pague la clase trabajadora y el pueblo a través de una disminución de los salarios reales. Para los capitalistas y sus partidos la recesión no sólo es inevitable, sino que es necesaria para “ajustar” la economía frente a los históricos índices de inflación.

Esta es la orientación de la burguesía frente a la situación nacional. El gobierno de Boric no tiene un proyecto ni programa alternativo. Por el contrario, ha asumido como propios cada uno de estos puntos: renovó el estado de excepción en el sur dándole nuevas facultades a las Fuerzas Armadas y quitándole su carácter “acotado”; en las negociaciones constituyentes, asume que el nuevo proceso será muchísimo más antidemocrático que el anterior y controlado por los partidos tradicionales; y en términos económicos presentó un nuevo plan de incentivo a la inversión y un paquete de indicaciones para limitar la reforma tributaria y congeló la presentación de la reforma previsional como exigían los grandes empresarios.

Dicho curso del gobierno se vio reforzado con la derrota del apruebo en el plebiscito, quedándose sin agenda propia y sin iniciativa. Las disputas políticas y la puja que se da entre el gobierno y la derecha tiene que ver más bien con la forma, alcance y ritmos, pero no con el contenido.

Sin embargo, sería un error dar por sentado que el esfuerzo moderador y dirigido hacia el centro tiene el éxito asegurado. El resultado del plebiscito tuvo un efecto contradictorio en la situación nacional. Por un lado, el abrumador triunfo del rechazo hizo girar la agenda política hacia la derecha. Son los sectores más conservadores y los representantes directos del gran empresariado quienes celebran y se envalentonan. Pero, por otro lado, el resultado dejó muy debilitado al gobierno, lo que acentúa la disputa entre el ejecutivo y el Congreso, al mismo tiempo que la extrema derecha pone en riesgo la unidad con Chile Vamos de cara a las negociaciones constituyentes. El “problema constitucional” queda abierto sin que exista claridad de cómo encauzarlo.

Todos estos son factores desestabilizadores que atentan contra la añorada “unidad nacional” que tanto pregonan los dueños de Chile. A los factores políticos, hay que sumar el escenario económico y social que sigue degradándose, con cifras de inflación que no se registraban hace 30 años, con un congelamiento de la creación de puestos de trabajo, caída del consumo popular, la caída de los salarios reales, etc.

En suma, el ciclo político que se abrió con el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” se cerró con el resultado del plebiscito. Sin embargo, las contradicciones profundas que caracterizan la etapa abierta por la rebelión de octubre se mantienen abiertas. En otras palabras, la profunda “crisis orgánica” por la cual atraviesa Chile no ha sido resuelta.

Antonio Gramsci en un famoso pasaje de los Cuadernos de la Cárcel, define crisis orgánica cuando “grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales”, produciéndose una crisis de hegemonía de la clase dirigente. Ésta puede provocarse ya sea “porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la que ha solicitado o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas” o porque amplios sectores de masa (no dirigidos por la clase trabajadora, como sucedió en la rebelión de octubre) “han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución”.

Por analogía, podríamos decir que la rebelión de octubre es fruto de la crisis o agotamiento de la “gran empresa” o proyecto que significó la transición y el Chile neoliberal heredado de la dictadura. La enorme separación entre los grupos sociales y los partidos está fuera de duda, mientras que uno de los rasgos de la rebelión fue la emergencia de la lucha de masas detrás de una serie de reivindicaciones que cuestionaban diversos ángulos de la herencia de la dictadura.

El triunfo del rechazo se produjo por diversos factores. Por su efecto político, se trata de un voto conservador. Pero tal como han planteado diversos analistas, detrás del rechazo también hubo un voto de “malestar” difuso contra el gobierno, contra la situación económica y social y contra la propia Convención que fue vista por millones como una institución más "de los políticos". Lo que es claro, es que no fue un voto entusiasta o “positivo” a favor de un proyecto. Es un voto esencialmente negativo.

Sin embargo, como demuestran diversas encuestas, la gran mayoría de la población no quiere mantener la actual constitución. Por otro lado, según la encuesta Feedback realizada después del plebiscito, demandas como educación superior gratuita, el agua como bien inapropiable, un sistema de pensiones y seguridad social público, una salud pública y gratuita e incluso el derecho al aborto legal cuentan con amplio apoyo.

Por eso el resultado es totalmente incapaz de resolver la “crisis orgánica”. El “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” buscó neutralizar la lucha de clases abierta con la rebelión y canalizarla por la vía de una modernización del régimen. En ese sentido, el “apruebo” tenía la ventaja (desde el punto de vista burgués), de entregar una salida por la positiva a la crisis política. Su proyecto se basaba en la contención e integración social, en la cooptación de los movimientos sociales y los sectores emergentes. El proyecto de restauración progresista del Estado capitalista contenido en la Nueva Constitución fracasó. ¿Qué lo reemplazará? Es una verdadera incógnita. Y eso no es una buena noticia para la gobernabilidad capitalista.

De todas formas, si la clase trabajadora y los sectores populares no intervienen de manera independiente en esta crisis, los partidos encontrarán la forma de pactar un nuevo proceso constituyente totalmente antidemocrático y seguirán descargando los costos de la crisis sobre los hombros del pueblo. Y las conquistas que perdamos en esta crisis no podrán ser recuperadas de manera fácil. Enfrentar la nueva cocina oponiéndole una salida democrática a través de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana basada en la movilización obrera y popular, y luchar por un programa de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas, son puntos claves para que emerja la clase trabajadora como actor política frente a este crisis.


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