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ANÁLISIS COVID-19

El proceso de vacunación en el Estado español: crónica de un caos anunciado

La primera semana de vacunación en el Estado español ha obtenido unos resultados muy por debajo de lo esperado y ha resultado muy decepcionante y caótico frente a las promesas políticas del ritmo prometido. Esto ha visibilizado las frágiles costuras del sistema sanitario español, mostrando sus enormes debilidades por años de abandono y degradación de la sanidad pública. Y con ello, el enorme riesgo sanitario consecuente para la salud pública que esas políticas entrañan, sobre todo ante cualquier eventualidad mínimamente extraordinaria como es ahora la vacuna. Mientras tanto, las farmacéuticas multiplican sus beneficios y su capitalización bursátil.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 5 de enero | 16:24

El inicio del proceso de vacunación en el Estado español está resultando un caos hasta el momento. A pesar de las alaracas triunfalistas del Gobierno central, que prometió vacunar al 70% de la población, con la fecha límite del verano, al ritmo actual se tardaría 5 años en vacunar a toda la población. Y qué decir del órdago de las comunidades autónomas, que sacando pecho se quejaban de la falta de viales para cumplir el ritmo previsto, pero en su gran mayoría no han administrado ni la mitad de las dosis recibidas desde el Gobierno central a día de hoy.

La lentitud de conjunto en la vacunación está siendo exacerbante y se están incumpliendo absolutamente los plazos previstos. Para alcanzarlos tendría que superar con creces el millón y medio de inoculaciones semanales, para acabar vacunando antes del verano a unos 20 millones de personas con las dos perceptivas dosis para cada uno. Al día de hoy apenas se han puesto 99.753 dosis de las 370.000 recibidas durante la primera semana. Todo ello, en un contexto de gran desconfianza social ante la falta de garantías claras sobre las ventajas reales de las vacunas y las dudas de que realmente se pueda comenzar a salvar la economía en 2021, gracias a la vacunación y a la reactivación económica consecuente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro de Sanidad, Salvador Illa, realizaron promesas altisonantes con el objetivo de alcanzar la famosa “inmunidad de rebaño”, facilitada por la vacunación de la mayoría de la población hacia el próximo verano, claramente con la idea de salvar la campaña turística veraniega tan importante para la economía española.

Recordemos que el turismo supone algo más del 12% de su PIB y el 13,6% del empleo, y esos ingresos resultan esenciales para equilibrar la balanza exterior española y poder reiniciar la senda del crecimiento económico con cierta solvencia. Este aspecto es crucial a la hora de tratar de atajar la deuda y el déficit público, puesto que encauzaría el objetivo de impulsar -junto con el sector exportador de la economía- el superávit primario de la economía española. Un objetivo vital que demandan desde Bruselas para cumplir la estabilidad fiscal y financiera y reforzar las bases estructurales y de viabilidad de la economía española.

Sin embargo, el muy elevado e inalcanzable ritmo de vacunación necesario para alcanzar esos objetivos, que se ha realizado sin una evaluación realista por parte del Gobierno central sobre las posibilidades existentes en función de las infraestructuras y los medios de que disponen las comunidades autónomas -no nos cansamos de repetirlo, tras décadas de recortes sanitarios de los gobiernos neoliberales del PSOE y del PP-, parece que harán imposible alcanzar la inmunidad de rebaño que se pretende en el tiempo establecido.

Diferentes ritmos de vacunación de las comunidades autónomas: aunque todos insuficientes

El ritmo de vacunación está siendo muy diferente en las distintas comunidades autónomas. Esto refleja, en primer lugar, las desiguales condiciones de partida en función de su situación sanitaria particular respecto de las infraestructuras y del personal sanitario del que se dispone, incluyendo el personal auxiliar de ámbitos no sanitarios, que trabajan en la sanidad pública. Es evidente que la tensión del conjunto del personal de la sanidad pública, principalmente en la atención primaria, va a suponer una auténtica prueba de fuego ante las enormes dificultades que los ritmos de vacunación prometidos pueden implicar.

Así, aunque el ministro Illa ha asegurado el pasado lunes que “todos los españoles podrán tener acceso a una vacuna segura y fiable este año”, lo cierto es que ni parece claro que llegue a todos tan pronto… ni la seguridad es tan clara. En primer lugar, falta testar los efectos secundarios posibles a medio y largo plazo -otra cosa es que ese riesgo sea asumible en función de recuperar la actividad-; ni la fiabilidad está garantizada, dado que se desconoce, como se ha indicado anteriormente, la durabilidad de la inmunidad; ni se sabe si los vacunados podrán transmitir la enfermedad después de ser vacunados, aunque no sufran la enfermedad. Además, las farmacéuticas que han desarrollado las vacunas han hecho responsables a los Estados de asumir posibles consecuencias médicas por indemnizaciones antes los efectos secundarios -algo realmente inquietante-, y eso a pesar de las enormes ayudas públicas recibidas y del pago previo a la fabricación y distribución que se ha realizado a estas farmacéuticas, dando así un enorme pelotazo económico y sin riesgos de ningún tipo para estas corporaciones.

Pero, además, solo si se logra un número relevante de vacunaciones en el conjunto del Estado se habrá alcanzado la deseada y supuesta inmunización generalizada para dar garantías a la movilidad y la actividad económica que es lo que se pretende. Y para este objetivo es necesario el concurso del conjunto del personal de enfermería, que son los responsables de inocular la vacuna, pero también del personal administrativo central en la organización de la vacunación y la realización de los historiales en los que han de recogerse los posibles efectos secundarios de los vacunados, del personal de transporte, de limpieza y, evidentemente, de los médicos que puedan atender las incidencias y efectos secundarios que se puedan producir. Es decir, un sobresfuerzo a un sector sanitario ya muy desgastado y qué sin más contrataciones, y no solo para atender a los enfermos del coronavirus Sars-Cov-2, parece imposible lograr esos objetivos. Algo que hasta el momento ni se plantea el Gobierno central ni las comunidades autónomas.

A este respecto destaca la Comunidad de Madrid en negativo por ser la penúltima, solo por detrás de Cantabria, en el número de vacunas administradas. Ha puesto 3.090 de un total de 48.750 recibidas, un 6%. No en balde, es una de las comunidades autónomas que menos gasta en sanidad por habitante, de las que tiene más deteriorados los servicios de atención primaria y la que cuenta con menor personal de enfermería. Catalunya, aunque tampoco va bien, duplica el porcentaje de la Comunidad de Madrid, un 13,8%. Siendo la de mayor ritmo Asturias con el 80,8%, Ceuta con el 76% y Galicia con el 51,4%. Por debajo de ahí, ninguna supera haber suministrado al menos la mitad de lo viales recibidos. De conjunto se han vacunado a 99.733 personas, un 27% de las 370.070 unidades recibidas.

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La Comunidad de Madrid ya está avanzando en la privatización del proceso de vacunación, algo que harán otras muchas comunidades autónomas seguramente, para aumentar el ritmo de vacunaciones. En vez de realizar contratos públicos e ir preparando equipos adiestrados técnicamente para la vacunación, Ayuso ha aprovechado para generar nuevos “negocios” para el sector privado. Así ha destinado a dedo más de 800 mil euros que se pagarán a la Cruz Roja para que dé un servicio de apoyo a la vacunación del Covid-19, tal y como hizo con los servicios de las UCI contratadas durante la primera oleada de la pandemia, mientras mantenía cerradas UCI del hospital público del Puerta de Hierro, por ejemplo.

La vacuna, un super negocio capitalista para las industrias farmacéuticas

Quienes está claro que van a ganar con todo esto, y mucho, son las farmacéuticas que han desarrollado las vacunas. Esto se demostró en cuanto los servicios de prensa y algunos de los principales accionistas de Pfizer y Moderna comenzaron a hablar de una eficacia superior al 90%, disparándose así el valor de sus acciones, que en muchos casos pasaron a vender rápidamente, pegando un enorme pelotazo financiero.

Las farmacéuticas que se han embarcado en esta loca carrera por lograr una vacuna han tenido asegurado el beneficio desde el principio gracias a la financiación pública. Tanto durante su investigación, más allá de los resultados que se podrían obtener, como para asegurar su producción y distribución, que también se ha cubierto con recursos públicos en gran parte. Y todo pagado previamente para asegurar así la disposición de millones de unidades para los países ricos a precios fijos, aunque tampoco baratos. Pero, sin dejar garantizado, en ningún momento, que llegue a los países más pobres. Los países imperialistas han acumulado dosis para cuatro veces su población, mientras los países coloniales todavía no tienen garantizada su distribución y no cuenta con la ayuda internacional suficiente, tan cacareada, para conseguirlas.

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Así, se sabe que los gobiernos habrían proporcionado 8.600 millones de dólares para el desarrollo de las vacunas, según la empresa de análisis de datos científicos Airfinity. Además, diversas “organizaciones sin fines de lucro”, habrían puesto 1.900 millones de dólares más. Siendo la aportación por inversión propia de las empresas de 3.400 millones de dólares, de los cuales una parte sustancia también provienen de financiación externa. Las unidades ya preencargadas, y por lo tanto con los correspondientes beneficios asegurados, han sido para estas empresas: Oxford-Astra Zéneca con 3.290 millones de unidades, Johnson & Johnson con 1.270 millones, Novavax con 1.380 millones, Pfizer con 1.280 millones, Moderna 780 millones, entre otras.

Además, los Estados imperialistas se han comportado claramente como unos accionistas más de estas multinacionales. Oponiéndose, junto con la OMS, ignominiosamente y de manera infame a iniciativas de países como la India o Sudáfrica, para no realizar pagos de patentes hasta que no se hubiera vacunado al menos al 70% de la población mundial. Poniendo por delante de la salud de la población mundial los beneficios de las empresas farmacéuticas, lo que demuestra el enorme cinismo e hipocresía capitalista. Garantizando, además, a las farmacéuticas la inmunidad jurídica ante posibles indemnizaciones millonarias por efectos secundarios generados por la vacuna, de la que se harán cargo los propios Estados suministradores.

Sin embargo, y pese a tratarse de tecnologías innovadoras -aunque investigadas desde principios de los 2000- en los casos de Pfizer y Moderna, de inmunización a través del ARN mensajero del virus, se desconoce en todos los casos la eficacia real en tiempo de inmunidad, transmisibilidad del virus de los vacunados y efectos secundarios a medio y largo plazo, aunque se entiende que serían poco importantes en general. Pero de forma llamativa ha desaparecido del debate público científico los resultados y las búsquedas de fármacos que hagan frente al virus de manera eficaz en las fases leves y graves, algo que resultaría esencial para garantizar la cura de la enfermedad si la vacuna no tiene el efecto deseado, para personas que no se hayan podido o querido vacunar o, simplemente, se haya pasado el efecto inmunizador de la vacuna.

Por lo tanto, todo está muy en el aire y no se saben los resultados prácticos y efectivos de la vacunación. Lo que sí se sabe ya son los enormes beneficios que van a acumular las empresas farmacéuticas, aunque la existencia de vacunas eficaces y efectivas es algo que resultaría vital para defendernos del Sars-Cov-2.

Por todo ello, resulta esencial plantear la lucha y la movilización en la calle del personal de la sanidad, junto a las y los trabajadores, que exija la expropiación de los recursos de la sanidad privada, un fuerte incremento en la inversión pública para terminar con la precariedad laboral y garantizar la calidad de la sanidad pública, así como la nacionalización de multinacionales las farmacéuticas y la puesta a disposición gratuita del conjunto de la humanidad de las investigaciones y desarrollos científicos como la vacunas para dar una respuesta adecuada.






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