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Red Internacional

Crisis sanitaria Antofagasta. El ocultamiento de los contagios en la gran minería para proteger las ganancias de los dueños de la región

Minera Escondida informó el jueves 20 de enero de 312 casos de covid-19 entre sus trabajadores/as, luego de que se viralizó una publicación en redes sociales donde se indicaban 750 casos en la compañía, además de decenas de comentarios de personas que trabajan en el rubro, o que tienen familiares que lo hacen, y que señalan un alza grave en los contagios. Las autoridades del gobierno estuvieron días negando esta información, sin embargo, tuvieron que reconocer la existencia de cientos de contagios, los que ya superan los 500 en la compañía. Una vez más, el rubro minero se pone al centro en el alza de casos; una vez más, se protegen los intereses de las grandes empresas de la región.

Viernes 28 de enero | Edición del día

Era inevitable que el alza de los casos de covid-19 en el rubro minero se diera a conocer y pusiera, una vez más, a la gran minería en el ojo del huracán en esta nueva ola de contagios. Antofagasta es una región minera y de tránsito, donde son miles las personas que trabajan en este rubro y que viajan a la zona. En los peores momentos de la pandemia, en 2020, Antofagasta, Calama y Rancagua eran las comunas con más casos de covid-19, después de la región Metropolitana que lideraba con 248.352 casos, en julio de dicho año. En esa fecha, según el Informe Epidemiológico emitido el 17 de julio por el Ministerio de Salud, en la región se acumulaban 6.134 contagios.

Y no es casual, la producción minera jamás se detuvo, al contrario, las ganancias aumentaron en 2020-2021, lo que fue señalado por todo el gremio minero. Solo Escondida aumentó sus ganancias en un 115% en 2020 llegando a 2.400 millones de dólares, lo que fue informado en mayo de 2021. Por su parte, Codelco, en octubre de 2020, reportó ventas de US$3.990 millones, 38% más que en el mismo trimestre del 2019, y así con otros ejemplos.

Actualmente, en esta nueva ola de covid-19, el rubro minero vuelve a ser foco de contagio, con más de 500 casos informados solo por Escondida, lo que hace preguntarse cuántos contagios realmente hay en todo el sector, si consideramos empresas contratistas y las demás grandes mineras. Esta información fue reconocida luego de que se viralizó una publicación en redes sociales donde se indicaban 750 casos en la compañía, además de decenas de comentarios de personas que trabajan en el rubro, o que tienen familiares que lo hacen, y que señalan un alza grave en los contagios.

Las autoridades estuvieron días negando esta información, tanto el seremi de Salud, de Minería y de Gobierno, sin embargo, tuvieron que reconocer la existencia de cientos de contagios tras los cuestionamientos públicos. Una vez más, el rubro minero se pone al centro en el alza de casos; una vez más, se protegen los intereses de las grandes empresas de la región. Y es que lo sucedido fue un claro ocultamiento de la información por parte de Escondida y de las autoridades de Gobierno, las que en todo momento pusieron por delante las supuestas medidas sanitarias ejemplares de las mineras con el fin de proteger las ganancias de los verdaderos dueños de la región y mantener la producción sin importar la salud de las y los trabajadores.

Una vez destapados los brotes de covid-19 en los medios de prensa locales, el Sindicato 1 de Escondida emitió un comunicado donde denuncian a la compañía y autoridades por haber negado información de los contagios desde el 14 de enero, agregando también que la empresa aflojó las medidas sanitarias, que no se toman PCR de bajada, los buses de traslado van llenos sin mantener distanciamiento, no se está haciendo trazabilidad, entre otras falencias graves.

Ya en las olas de contagios anteriores habían ocurrido estos problemas, con trabajadores obligados a continuar su turno pese a no tener certeza de estar contagiados o sus compañeros de trabajo, con buses y aeropuerto llenos de personas, afrontando amenazas de despidos en caso de enfermarse, teniendo que hacer turnos extras ante la falta de personal, aumentando así el agobio laboral, etc.

Ante esto, las dirigencias sindicales se limitaron a emitir comunicados denunciando la situación- tal cual sucede ahora-, pero sin impulsar instancias de autoorganización de los trabajadores, a través de asambleas donde fuesen los propios trabajadores quienes discutan y decidan qué acciones tomar para enfrentar la crisis sanitaria y la desidia patronal que pone por delante las ganancias y no la salud de las personas. Recordemos que en los peores meses de pandemia y de contagios en la minería, estuvo en la mira incluso la paralización de faenas para resguardar la salud de los trabajadores y controlar los casos, lo que claramente iba a afectar las ganancias empresariales e implicaba un choque que los grandes sindicatos no quisieron dar. Hoy en día, con más de 300 casos diarios en Calama y más de 1.000 en Antofagasta, ¿las dirigencias sindicales continuarán esperando que las mismas autoridades que ocultaron los contagios en Escondida den soluciones? ¿No deberían ser los propios trabajadores, mediante sus organizaciones e instancias, los que impulsen iniciativas como comités de higiene y seguridad, que les permitan tener control de los casos, establecer medidas sanitarias y otras decisiones en pos de la salud de ellos, sus familias y de la población? Un ejemplo de organización, en este sentido, son los trabajadores marítimo-portuarios del Sindicato de Amarradores Unidos de Puerto Coloso (BHP), que frente a las constantes irregularidades de la empresa Serviangamos, referentes a salud y seguridad de los trabajadores, han deliberado de forma democrática acciones que han permitido establecer medidas sanitarias mínimas para los trabajadores.

Desde otra vereda, y con una histórica dirigenta del Partido Radical en la región designada como futura ministra de Minería del Gobierno de Boric, como es Marcela Hernando, cabe preguntarse qué posición tomará no solo pensando en los próximos meses de pandemia y en la situación particular de contagios en el rubro minero, sino también respecto al problema detrás del ocultamiento de los casos: el resguardo de los intereses de las grandes mineras y transnacionales dueñas de la región. Ella, como integrante de los partidos de los 30 años, responsables de administrar la herencia de la dictadura y el saqueo de nuestros recursos naturales, ¿defenderá a los trabajadores, se pondrá del lado de las demandas sociales de la población, o continuará velando por la producción y ganancias de las grandes mineras? Poca confianza genera la designación de un rostro histórico de la ex Concertación y de “los mismos de siempre”, más aún considerando demandas exigidas por amplios sectores como es la nacionalización de los recursos naturales, del cobre, litio y agua, para garantizar derechos fundamentales como es la salud, vivienda, pensiones y educación.




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