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Red Internacional

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es un organismo diseñado para poner el desarrollo técnico y científico al servicio de los capitalistas y beneficiar a una casta privilegiada de funcionarios y académicos universitarios.

Arturo RendónAcadémico de la agrupación Nuestra Clase

Miércoles 13 de octubre | 18:43

El Conacyt es un organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Se supone que tiene la responsabilidad oficial de elaborar las políticas de ciencia y tecnología nacionales, pero más allá de la formalidad, ¿Cuál es su papel real?

Esta institución funciona sobre la base de los esquemas capitalistas de producción, en este caso orientados a la ciencia, fomentando la competitividad, la productividad y la eficiencia, entendido esto como financiar los proyectos que considera “productivos” (en la lógica de la ganancia privada).

De esa manera promueve la privatización del conocimiento al fomentar el registro de patentes y los “derechos de autor”, en donde las empresas privadas tienen una importante participación en múltiples proyectos. Así, el Estado mediante el Conacyt (y otros mecanismos) fomenta que el saber técnico-científico esté al servicio del capital, como una herramienta más para que los empresarios puedan extraer más ganancia de los trabajadores.

Un claro ejemplo es el caso de los 31 científicos que hoy están en franco conflicto con el gobierno de la 4T. Los cuales utilizaron los mecanismos institucionales del Conacyt para embolsarse 571 millones de pesos, además de promover que la institución otorgara 41 mil 624 millones de pesos entre 2013 y 2018 a los capitalistas de Intel, Whirlpool, Volkswagen, Mabe, Honeywell, IBM, Monsanto, Bayer o Kimberly Clark para su propio beneficio.

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El sistema de estímulos

Por otro lado, el Conacyt aviva el sistema de estímulos o bonos, que fomenta las desigualdades entre los profesores e investigadores. Sus efectos pueden apreciarse más claramente en instituciones de educación superior como la UNAM, donde reina la competencia por los beneficios que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual cuenta con tres niveles.

Donde 1 es el más bajo y 3 el más alto, además de la existencia de forma no oficial de un cuarto nivel, el emérito, que en la vía de los hechos puede otorgarle a quien lo ostenta hasta 300 mil pesos de sueldo.

El sistema de estímulo provoca que muchos docentes sean orillados a entrar a la competencia para completar su gasto, hacerse de recursos para sus investigaciones o mantener las condiciones mínimas para realizar su labor de enseñanza, pues los salarios no alcanzan. En todas las disciplinas del conocimiento (humanidades, ingenierías o ciencias) quienes cuestionan las formas hegemónicas de producción y enseñanza del conocimiento, así como las políticas de la universidad, son relegados de espacios y bonos.

Así, a los académicos se les evalúa (para el ingreso o promoción) por la cantidad de artículos publicados, lo que induce a que se descuide el trabajo en el salón de clases y frecuentemente lleva a que esa responsabilidad recaiga sobre los profesores de asignatura o sobre los asistentes, además de que los profesores que llegan al SNI, pero no tienen plaza no pueden acceder al apoyo económico, situación que no ha cambiado mucho con el gobierno de la 4T.

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Las burocracias académicas y la precarización docente

Estos esquemas de “apoyo” son los que producen el surgimiento de la casta burocrática académica, lo cual no significa que todo el que los reciba entre en esta categoría, pero sí que los que están en mejores condiciones tienden a monopolizar los puestos directivos para usarlos como instrumentos de acaparamiento de los beneficios. Dando lugar a grandes desigualdades, por ejemplo, en comparación con los profesores de asignatura que se encuentran desposeídos de todos sus derechos laborales, es decir sin estabilidad laboral, con sueldos raquíticos y a merced de las burocracias académicas.

Denuncias de esta situación existen en muchas instituciones, como la UACM, la UNAM, el IPN, entre otras, también las podemos encontrar al interior del propio Conacyt, como lo muestra las recientes protestas de miembros del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Siintracatedras). A quienes se les ha negado el derecho de acceder a un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), e incluso se les niega el derecho de huelga para defenderse de los abusos patronales.

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Este caso resume lo que sucede en las universidades del país, ya que la orientación de la ciencia y la tecnología no va dirigida al beneficio de las mayorías, sino que está encaminada de múltiples formas a beneficiar a una minoría. A la cual se favorece, ya sea porque el conocimiento se pone al servicio de sus empresas, o porque se trata del reducidísimo sector de académicos e investigadores con grandes sueldos, que se auto asignan a costa de la precarización de miles, quienes a pesar de contribuir a la producción científica no reciben nada o casi nada a cambio.

Lo cual muestra que más allá del discurso de la 4T, que pretende mostrar otra cara con las modificaciones que ha hecho al Conacyt, lo cierto es que los cambios que ha realizado son meramente cosméticos, pues ni a las empresas ni a la casta académica se les han retirado los beneficios que reciben a costa de la precarización de miles de trabajadores universitarios. Especialmente a los profesores de asignatura, que semestre con semestre se encuentran sometidos a la incertidumbre laboral, sin importan los títulos o qué tan preparados estén.




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