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Red Internacional

En el marco de las despenalizaciones en diversas entidades, las discusiones sobre aborto también han estado presentes en Michoacán. Mientras se propone una consulta sobre este derecho, la criminalización hacia las mujeres avanza.

Joss Espinosa@Joss_font

Martes 19 de julio | 23:29

Michoacán es otro de los estados en los que, a partir de la marea verde que recorre el país, ha comenzado a integrar las discusiones en torno al aborto en el congreso local.

Actualmente el Código Penal de Michoacán señala que una mujer que se practique un aborto se le imponen penas de “prisión de uno a tres años de prisión y una multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario”, solo está despenalizado en casos de violación o cuando hay peligro de muerte o de un daño grave a la salud de la mujer embarazada.

Las penas para las personas que practican abortos van de 1 a 5 años de prisión y multas de cincuenta a doscientos días de salario.

Se ha señalado que desde 2017 hay al menos 9 carpetas de investigación contra mujeres que se practicaron un aborto, dos de ellas se tiene certeza de que están encarceladas y se les han impuesto delitos como “homicidio en razón de parentesco contra el producto de la concepción” aunque el termino “contra el producto de la concepción” ni siquiera figura en el Código Penal. Como hemos señalado en múltiples ocasiones, al cambiar el nombre del delito se recrudece la criminalización a las mujeres, ya que implican penas de 20 a 35 años de prisión.

La organización Interrupción Legal del Embarazo para Michoacán señala que se estima que cada año 40 mil michoacanas se practican un aborto, pero las y los diputados consideran que no es una prioridad.

Se profundiza la criminalización del aborto

El pasado 29 de junio fue aprobada una iniciativa presentada por el diputado del PT, Baltazar Gaona, que reconoce “los derechos económicos, sociales y culturales de los embriones”, una de tantas leyes que se han aprobado a nivel nacional que bajo el pretexto de “defender la vida desde la concepción”, lo que refuerzan es la criminalización de las mujeres que busquen practicarse un aborto.

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Recientemente, de nueva cuenta Baltazar Gaona, presento una iniciativa en la que se busca castigar con tres años de prisión a cualquier persona que ayude a una mujer a interrumpir su embarazo. Aunque no se diga abiertamente por el diputado, organizaciones feministas señalan que esto es un ataque también a las redes de acompañantes de abortos en casa que se han formado para hacer frente a la penalización del aborto.

Estos ataques a los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar del legislativo han sido ampliamente rechazados por los colectivos feministas y organizaciones de mujeres, al ser un ataque directo a los derechos sexuales y reproductivos, convocando a una manifestación a las afueras del congreso del estado el pasado 14 de julio.

Iniciativas en la congeladora

La organización Interrupción Legal del Embarazo para Michoacán, han presentado dos iniciativas al congreso, una que propone despenalizarlo y otra que además de la despenalización propone su legalización, sin embargo, denuncian las integrantes de dicho espacio que han sido ignoradas por el congreso estatal, señalando que se le da peso a aquellas iniciativas que implican mayor criminalización a las mujeres, como las antes mencionadas.

En diciembre del año pasado fue presentada una iniciativa por la Diputada Fanny Lyssette, que propone derogar los artículos 142, 144 y 145, adicionar un párrafo al artículo 143 y reformar el 146; lo que despenalizaría el aborto.

La misma tuvo una primera lectura en los primeros meses del año, sin embargo, se frenó su discusión por la oposición del PAN, el PES y algunos diputados del PT, la neutralidad del PRI y del PRD, y una posición titubeante del Morena.

Mientras se mantiene esta iniciativa en la congeladora, como ya se mencionaba, se avanza en las restricciones en los derechos sexuales y reproductivos, dejando en claro que la prioridad no es la vida y salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Nuestros derechos no se consultan

Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México y diputado en dicha entidad, propuso el impulso de una consulta electrónica bajo el pretexto de “escuchar que quieren los michoacanos”.

Esta propuesta fue secundada por Fidel Calderón Torreblanca, coordinador parlamentario del Morena en el Congreso de Michoacán. Por su parte tanto el PAN como el PES declaran abiertamente que irán en contra del aborto, mientras que el PRI simplemente no han querido declararse ni a favor ni en contra.

Las organizaciones feministas, han señalado que la consulta es violatoria, en tanto que en la reglamentación de los procesos de participación ciudadana no pueden realizarse en torno a derechos humanos, por lo tanto, dicha consulta no es procedente en tanto que se ha reconocido que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos.

Aunque se ha avanzado en la despenalización en algunos estados, queda claro que en aquellos donde hay un peso mayor de legisladores reaccionarios o conservadores, así como peso de la iglesia será mucho más complejo esperar que se aprueben las iniciativas de despenalización.

La vida y la salud de las mujeres ya no puede esperar más, no podemos seguir esperando que se avance a cuentagotas con nuestros derechos, de ahí que desde Pan y Rosas estamos convencidas de impulsar una campaña nacional por el derecho al aborto legal en todo el país, para que no sea el privilegio de unas cuantas, sino el derecho para todas las mujeres y personas gestantes el poder decidir sobre nuestros cuerpos.

Hacemos un llamado a las organizaciones feministas que han impulsado acciones e iniciativas en favor del derecho al aborto en Michoacán y a nivel nacional, a sumar fuerzas para impulsar una campaña e iniciativa a nivel nacional.




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