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Red Internacional

Panorama económico.El Gobierno tras la derrota electoral: entre el shock de anuncios y el acuerdo con el FMI

El resultado de las PASO le mostró al Gobierno lo que quería negar: la crisis social. Ahora prepara una inyección de gasto para recuperar el terreno electoral perdido. ¿Cuál es el margen para hacerlo? Tres claves de la economía que se viene.

Lucía Ortega@OrtegaLu_

Miércoles 15 de septiembre | Edición del día
Economía "post-PASO": ¿Y ahora qué? - YouTube

Después del desconcierto en la coalición gobernante, empezó a delinearse un plan para encarar la campaña electoral hasta noviembre. La alquimia es muy simple y retoma algunos preceptos previos: pragmatismo, dinero en los bolsillos de los que están más necesitados, la carrera hacia construcción de un relato épico y “solidario” sobre medidas inmediatas y de corto alcance.

La lectura que hace el oficialismo de los resultados es que la caída en el apoyo político en las urnas se debe a que el problema fue la economía. Leandro Santoro, candidato en CABA por el Frente de Todos, señaló en un programa de TV el lunes por la noche “la principal demanda de la gente tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del salario, con la política de ingresos”.

El Gobierno quiere dar a entender que “no sabía que estábamos tan mal” y que “van a escuchar”. Pero no se trató de desconocimiento, la realidad estaba delante de los ojos. El ajuste fue una opción política.

Ahora se trabaja rápidamente para delinear un paquete de medidas de ingresos, un “shock de anuncios”, el “plan de 60 días” o el “manotazo”, como cada cual prefiera denominarlo. Con este escenario se acelera la encerrona en la que está metido el gobierno desde el inicio de su mandato:pretender que es posible terminar con el ajuste sin romper con el FMI.

Tres claves de la economía que se viene:

1- El jueves Alberto Fernández anunciaría medidas económicas

Por ahora no hay certezas de cuáles serían los anuncios, pero sí rumores que se filtran intencionalmente a la prensa:

  •  Se habla de un “IFE segmentado” que se otorgaría, no a los 9 millones de desocupados y precarios que fueron beneficiarios en 2020, sino a un universo más recortado que podría abarcar a los 4,4 millones de beneficiarios de la AUH.
  •  También de adelantar la reunión del Consejo del Salario para incrementar un 10 % el SMVM, de los 29.160 actuales. Apenas alcanza a la línea de indigencia.
  •  También de una mejora en las jubilaciones, pero no en forma permanente, sino, nuevamente, un bono por única vez. El haber mínimo perdió 6,7% de su poder adquisitivo desde que asumió Fernández.
  •  Y muy probablemente políticas de fomento al consumo en planes de compras en cuotas y créditos baratos para asalariados o monotributistas.

    Se trata, sin dudas, de medidas coyunturales y de bajo impacto, con baja capacidad de generar mejoras sustanciales en las condiciones de vida.

    2- La “frazada corta”, la “Caja chica” y los límites para el aumento del gasto

    Cualquiera sean las medidas, se tratan de políticas de ingresos que buscarán un impacto inmediato en los bolsillos de las personas, en particular de aquellas familias que se encuentran en situación más vulnerable. Ello implica, una expansión del gasto. La duda es de qué magnitud será y cómo se financiará.

    Martín Guzmán había mantenido a raya su “compromiso” con el FMI de reducir el déficit fiscal a un 3 % del PBI, por debajo de lo plasmado en el presupuesto, que lo ubicaba en el orden del 4,5%. En el primer semestre del año sobrecumplió la meta y prácticamente llevó a un déficit cero, ayudado por la recaudación de los derechos de exportación y el aporte extraordinario a las grandes fortunas, pero también por un ajuste sobre el gasto en las partidas sociales.

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    También redujo sensiblemente la expansión de la base monetaria del Banco Central, es decir, la emisión monetaria con Adelantos Transitorios, y se apoyó en la obtención de financiamiento mediante deuda del Tesoro en el mercado interno. Era otro de de los requisitos exigidos por el Fondo.

    Cualquier medida que busque expandir el consumo se deberá apoyar en una mayor emisión de deuda interna (pues se encuentra prácticamente cerrado el grifo de la deuda externa) y/o de emisión monetaria. En el primer caso, el riesgo es no sólo aumentar aún más el endeudamiento público sino generar una presión en el mercado de crédito que incremente la tasa de interés y termine de expulsar el poco financiamiento que queda al sector privado.

    En el segundo caso, se enfrenta con dos limitaciones. De una parte, el rechazo del sector empresarial al aumento de la emisión de dinero y del mismo FMI, porque se oponen a toda expansión del gasto social. De acuerdo al periodista Daniel Fernández Canedo, los límites que establece la Carta Orgánica del Banco Central indican que quedarían unos $ 800.000 millones de adelantos transitorios que le podría pasar al Tesoro hasta fin de año.

    De otra parte, existe el riesgo de que una parte de esa emisión se vuelque hacia la compra de dólares por canales indirectos como parte de las maniobras especulativas de las empresas. Esto podría generar aún más presión en el tipo de cambio, con el consecuente impacto en la inflación. Al tiempo que se recalientan los problemas por el lado de la deuda cuasi fiscal del Banco Central, con la multiplicación de Leliqs y pases pasivos en manos de los bancos para esterilizar la emisión.

    Mantener a raya el dólar es otro de los problemas. No alcanza con sostener las restricciones a las operaciones cambiarias, sino que, por el esquema planteado, hay una permanente fuga de dólares del Banco Central en sus intervenciones en el mercado paralelo para evitar que se agrande la brecha con el oficial (hoy en 85%). En las últimas semanas ya habría perdido unos U$S 800 millones para saciar los ánimos de los especuladores.

    Otra opción que podría estar considerando el Gobierno es la utilización de los U$S 4.500 millones en Derechos Especiales de Giro que el Fondo Monetario envió a la Argentina el pasado 23 de agosto. Este dinero se había comprometido para pagarle al mismo FMI los vencimientos hasta fin de año, por lo cual, su utilización en política de gasto interno implicará negociaciones con el organismo. Pero el gobierno se encaminará de todas formas a desembolsar el próximo 23 de septiembre unos U$S 1.900 millones en el primer vencimiento fuerte. No existe, en los parámetros oficiales, ningún atisbo de evadir ese pago.

    Por último, el Gobierno podría obtener recursos incrementando la recaudación, especialmente desde aquellos sectores que tienen capacidad de tributar, y que, no casualmente, han seguido acumulando fortunas a pesar de (y en ciertos casos, gracias a) la pandemia: los grandes grupos económicos, los agroexportadores, los bancos, los sectores de mayores ingresos, es decir, aquellos a quienes a evitado afectar en todo este tiempo. El camino trazado fue en sentido inverso: reducciones impositivas, reducciones de contribuciones patronales, subsidios millonarios, mantener inalteradas las retenciones a las exportaciones, rentabilidad garantizada a los bancos con la timba de las Leliq, y un impuesto a las fortunas de bajo alcance y con una mínima alícuota. ¿Atacar a los sectores empresarios que son base de la oposición de derecha y que reclama aún más reducciones de impuestos? ¿Estará dispuesto a eso? No sería coherente con su tácita electoral hacia noviembre.

    Todo indica que, ante estos supuestos y restricciones impuestas por no alterar lo sustancial de las negociaciones con el Fondo y sin afectar a los grandes jugadores, el margen para una expansión del gasto es poco y anticipa un impacto acotado.

    3- La incógnita del Presupuesto 2022 y la deuda con el FMI

    El tercer elemento clave es la hoja de ruta del Gobierno hacia los próximos años. El Presupuesto 2022, que debía ingresar hoy a Diputados, está en cuestión. Algunos rumores indicaban que la directiva es no adelantar el proyecto de ley hasta después de las elecciones y el acuerdo con el FMI.

    La negociación con el organismo internacional, y con el Club de París, tiene fecha límite el 30 de marzo de 2022, y el Gobierno tenía intención de alcanzarla antes del 30 de diciembre, cuando impactaría el siguiente gran vencimiento al FMI por otros U$S 1.900 millones.

    Es que en el Presupuesto se condensa la tensión principal: cuál será el grado de ajuste que se pautará hacia el año que viene. De avanzar lentamente, pondrá en riesgo sus acuerdos con el FMI de tender a un déficit primario cero en los próximos años, como también exige el arco empresarial. De avanzar aceleradamente, se cae el relato de que “se terminó el ajuste” y que ahora sí van a escuchar las demandas populares expresadas en el voto, que se van a dejar de postergar a “los primeros”.

    El borrador inicial proyectaba un crecimiento del 4 %, una inflación del 35 % y un déficit entre el 3 % y el 3,5 %. Ahora se verá si hay una presentación formal para cumplir con los plazos y cuál será el tratamiento que le dará el Gobierno.

    Las medidas de ingreso son urgentes y necesarias, pero son meramente paliativas ante una grave situación social que el gobierno se negaba a mirar o prefería ocultar tras la idea de que "estamos saliendo de la crisis". El problema es la falta de un plan de salida a la decadencia del capitalismo argentino y de una perspectiva favorable para las mayorías trabajadoras, que requiere más de medidas al consumo.

    El Gobierno busca ahora ilusionar con que “ahora sí” cambiará el rumbo. De postergarse el tratamiento del Presupuesto para después de las elecciones de noviembre y/o el acuerdo con el fondo se trataría de un intento de engañar a la población sobre las consecuencias profundas que implican la negociación de la deuda, más allá de las medidas cortoplacistas: un ajuste por, al menos, 10 años años más y el intento del gran capital de imponer un plan de reformas estructurales contra la clase trabajadora.




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