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Red Internacional

Derechos de las mujeres.El Estado incumple sentencias de la COIDH: ¿un mensaje para las mujeres que luchamos?

Hace tres años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH)emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano por los casos de tortura sexual en la represión en Atenco (2006) y la desaparición forzada en Chihuahua a manos de agentes estatales.

Francisca DanielaMaestra de primaria. Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Jueves 9 de diciembre de 2021 | 00:17

El 28 de noviembre del 2018, con una sentencia histórica la COIDH sentenció al Estado mexicano por ejercer tortura sexual contra 11 mujeres durante la brutal represión en Atenco (2006) y por la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado en Chihuahua (2009). Ambos casos se mantienen impunes.

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Tortura sexual en Atenco

En el operativo policial del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, se mostró el lado lo más reaccionario del régimen en su conjunto y se evidenció ante los ojos de todo el mundo la violencia del Estado y sus fuerzas armadas para acallar las voces de descontento.

La tortura sexual que se implementó contra las mujeres fue un método de castigo ejemplar que apuntó a la disolución de las luchas sociales, mostrándole a las mujeres y sus pueblos lo que les puede suceder si se atreven a luchar y organizarse. De conjunto, una forma muy reaccionaria de tratar de quebrar la resistencia del pueblo de Atenco, violentando a sus combativas mujeres dispuestas a defender su tierra.

La prensa oficial minimizó estos hechos o los negó, y después criminalizó la lucha del pueblo se Atenco con el objetivo de que escarmentaran haber roto la legalidad burguesa. De hecho, el Gobierno Federal y particularmente el otrora gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto y la autoridad municipal del PRD, afirmaron que las violaciones habían sido “abusos de algunos elementos”.

Nada más falso, fue una política de Estado como mecanismo de represión y opresión de clase, puntualmente sobre las mujeres pobres y campesinas que luchan y alzan la voz para defender su territorio y lo que les pertenece.

Esta brutal realidad, no es exclusiva de Atenco. Existen miles de casos de violaciones cometidas por el ejército en la llamada guerra contra el narco, en épocas de la “democracia” o como en el histórico asedio a comunidades indígenas desde el priato como sucedió en Acteal.

Edith Rosales, Italia Méndez, Claudia Hernández y Patricia Romero junto a sus demás compañeras han denunciado incansablemente que el Estado es el principal responsable. Su lucha conquistó el fallo de la CIDH, mostrando que son las mujeres que el Estado mexicano no logró quebrar. Su lucha es un ejemplo, no podemos permitir que quede impune.

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La 4T tiene una deuda con las mujeres de Atenco

Durante estos casi 3 años, el Estado mexicano bajo la 4T ha hecho caso omiso a la sentencia condenatoria que emitió la CIDH, dejando en evidencia que es incapaz de adoptar medidas estructurales que garanticen la no repetición de estos crímenes y evitar los delitos de lesa humanidad. Han dejado por omisión sin ninguna responsabilidad a Enrique Peña Nieto, los altos mandos de seguridad que operaron dicha represión y al gobierno federal panista de esa época que fue cómplice.

Por el contrario, Andrés Manuel López Obrador ha continuado con los megaproyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Programa Integral del Istmo de Tehuantepec. Éstos han generado múltiples manifestaciones de rechazo por parte de las comunidades afectadas, que continuamente son ignoradas y/o criminalizadas por el gobierno. Asimismo, ha fortalecido la Guardia Nacional y el rol del ejército en las calles, con un presupuesto millonario que aumenta sin freno, como parte de una política preventiva que, de fondo, pretende frenar y desarticular cualquier descontento que cuestione su política al calor de la crisis sanitaria y económica.

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Hoy el movimiento de mujeres que lucha contra la violencia feminicida, la precarización laboral, las dobles jornadas que generan las tareas domésticas y de cuidados, mientras exige la legalización del aborto en todo el país, no debe obviar la responsabilidad del Estado, ni confiar en que la salida para conquistar nuestras demandas vendrá de sus instituciones.

Luchemos por mantener nuestra pelea en las calles con independencia política de los partidos del congreso, sin tregua ante la responsabilidad del Estado en todos los casos de tortura sexual y violencia feminicida. Organicémonos en cada centro de trabajo y estudio, llevemos la voz de las aguerridas luchadoras de Atenco contra la impunidad. ¡Si tocan a una nos organizamos miles!




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