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Red Internacional

Blas Radi sobre el derecho al aborto, la justicia reproductiva y las políticas de la memoria.

Domingo 2 de enero | Edición del día

El 30 de diciembre del año pasado en Argentina se sancionó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy lo recordamos. Lo recordamos en la trama de eventos, procesos y condiciones que tienden a desvanecerse en el triunfalismo legalista del activismo por el aborto.

La ley incluyó en su articulado referencias a “personas con capacidad de gestar”, haciéndose eco de una demanda de larga data presentada por el activismo transmasculino en Argentina. Una demanda que dejó huella en incontables cruces entre activistas transmasculinos y señoras de pañuelos verdes. Y que no se tradujo más que en la incorporación a la letra de la ley de una fórmula políticamente correcta. De manera preocupante, hemos visto cómo las guías médicas oficiales -fuente de conocimiento para profesionales de la salud- se han limitado a utilizarla en la redacción de sus directrices, como si la medicina basada en la evidencia pudiera prescindir de la evidencia. Me explico: añadieron la expresión “personas con capacidad de gestar” a los documentos con lineamientos oficiales elaborados sobre la base de investigaciones hechas solamente con personas cis, extrapolando sus resultados, como si fueran generalizables.

Recordamos que el jefe de gabinete de ese entonces se manifestó a favor de la legalización del aborto. El actual, tras la renovación del elenco de burócratas, es conocido porque -entre otras cosas- obstruyó el acceso a la interrupción legal del embarazo de una niña de 11 años, que había sido violada.

Recordamos también que el mismo día de la sanción de la ley de aborto voluntario, Cristina Castro denunciaba que la jueza Marrón actuaba de manera parcial en la causa por el asesinato de su hijo, Facundo Astudillo Castro. Con él, el número de personas asesinadas por el Estado durante el 2020 fue de 411. Un año llevó apartar a la jueza de su cargo. El ministro de seguridad sigue en el suyo. Y el número de personas asesinadas durante el 2021 llegó a 417.

Recordamos que el reporte diario indicaba que el número de personas fallecidas por covid-19 ascendía a 43.163. Y hoy supera las 117.000.

Y que el presupuesto nacional del 2021, tanto como el que se pretendía aprobar para este año, corren muy por detrás de la inflación. Con lo cual las pretendidas ampliaciones son, en rigor, ajustes. Ajustes que perjudican al pueblo empobrecido y benefician a las empresas extractivas.

Lo recordamos porque la justicia reproductiva no se reduce ni a la sanción de una ley aislada ni al aborto como tema único, sino que se refiere a cuestiones amplias de justicia social a las que hay que atender. Porque si hay extractivismo, represión, ajuste, gatillo fácil, pobreza, no hay justicia reproductiva.




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