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Diputados mandan otra vez a la congeladora iniciativa que regula outsourcing

A pesar de más de 80 reuniones entre empresarios, agentes del gobierno que velan por los intereses de éstos (como Ricardo Monreal) o procuran no incomodarlos (como Napoleón Gómez Urrutia y otros líderes charros), no hay aprobación aún.

Viernes 9 de abril | 20:00

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Después de más de 80 reuniones que el gobierno le concedió a la clase empresarial, por fin está de acuerdo con las modificaciones a la reforma que envió López Obrador. Todas estas reuniones les permitieron modificar hasta la última coma para que sus intereses no fueran perjudicados.

La Ley Federal del Trabajo vigente, principalmente en sus artículos 12, 13, 14 y 15, legalizan la subcontratación. La reforma de López Obrador pretende "regularla". Pero, aunque la propuesta que envió en noviembre de 2020 decía “Artículo 13.- Se prohíbe la subcontratación de personal…”, inmediatamente después la permitiría, flexibilizando la interpretación: “Artículo 14.- No se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados…”

Es decir, los servicios especializados seguirían siendo una forma de subcontratación que, con las interpretaciones de ley, el empresariado podría seguir implementando sin problemas legales. A pesar de ello, a la clase empresarial no le pareció ese tipo de propuestas, ni las que competen a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU), tampoco el pago de impuestos, ni los pagos al IMSS, etc.

Fue así que impusieron sus intereses de la mano de senadores como Ricardo Monreal, el cual también celebró el “acuerdo” empresarial. [1] En las últimas modificaciones que se hicieron [2] ya no hay interpretaciones de ley, la subcontratación continúa:

“Artículo 13.- Se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas..."

También se modificaron las utilidades y diversos puntos y comas que la clase empresarial no quería dejar pasar, hicieron valer el gobierno sus intereses. No les bastan las riquezas sociales que enajenan explotando el trabajo humano; con estos esquemas de contratación han ido más allá expropiando derechos a la clase trabajadora, pues son dinero que "se ahorran”.

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Sin embargo, el malestar organizado de las clases trabajadoras es una amenaza latente que el gobierno lopezobradorista no puede dejar pasar y con la que se encuentra en constante contradicción, ya que no puede mantener exactamente la misma política de los sexenios pasados.

Es así que, como vemos, manda modificaciones menores que no prohíben la subcontratación y que además le da elementos de legitimación ante el grueso de la población, como un "gobierno de pobres y ricos".

Aunque a la población trabajadora no se le haya concedido una sola reunión en contraste con las más de 80 dadas al empresariado, como señalamos arriba. Por lo que, para resolver estas contradicciones, hicieron participes a un sindicalismo burocrático, corporativo y propatronal, que, por decir lo menos, se han comportado execrablemente contra la clase trabajadora: cargan con la pesada loza de traicionarla por varias décadas. Viven de ello.

En este “acuerdo histórico”, “Fernando Salgado (CTM), Abel Domínguez Azuz (CTC), Napoleón Gómez Urrutia (Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana), Rodolfo G. González Guzmán (CROM), Isaías González Cuevas (CROC), Francisco Hernández Juárez (UNT), Jesús González Cárdenas (Federación Nacional de Sindicatos Independientes), Genaro Leal Cavazos (Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos), Pedro Haces Barba (CATEM)”, [3] fueron los paleros que no dijeron ni pío. Aplaudieron a los empresarios cuando la clase trabajadora pide la prohibición de la subcontratación, no la continuidad ni la regulación.

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El día de ayer la Cámara de Diputados votaría las modificaciones a la reforma de ley en materia de subcontratación. La reunión fue suspendida y aplazada hasta nuevo aviso por las comisiones unidas del Trabajo y de Hacienda, pues la redacción (no la intención) del documento "daña" intereses empresariales.

No es la primera vez que ocurre algo así, la regulación del outsourcing es un tema que se ha mandado a la congeladora una y otra vez desde 2019, principalmente por desacuerdo de la clase empresarial.

Es urgente seguir construyendo un movimiento de las y los trabajadores que irrumpa la escena política del país, y por fin expresemos nuestros intereses con independencia de clase. La prohibición del outsourcing, como hemos insistido, no va a llegar de la mano de un bondadoso funcionario, sino de la organización, movilización y lucha en las calles por reconquistar derechos laborales.

Es en ese sentido que surge el Movimiento Nacional contra la Precarización Laboral y los Despidos, formado por trabajadores y trabajadores.



[1Cfr., Monreal, R., ‘Outsourcing’, el acuerdo, disponible aquí. https://ricardomonrealavila.com/outsourcing-el-acuerdo

[2Cfr., Documento preliminar del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas del Trabajo y Hacienda que se discutirá el próximo martes 13 de abril.

[3Cfr. Consejo Coordinador Empresarial, “El sector privado participó en reunión con el gobierno federal y sector laboral”, disponible aquí: https://ccetest.org.mx/2021/04/05/el-sector-privado-participo-en-reunion-con-el-gobierno-federal-y-el-sector-laboral-para-un-acuerdo-sobre-subcontratacion-y-reparto-de-utilidades





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