Política México

DECLARACIÓN ANTE LA PANDEMIA

Diez medidas a favor de los trabajadores para enfrentar la crisis del COVID-19

A las puertas de la fase 3, se multiplican los despidos y los recortes salariales. Se prevé el colapso del sistema de salud.

Martes 21 de abril | 22:10

Baja de los precios del petróleo —la producción, caballito de batalla del gobierno de López Obrador— y previsión de una contracción del 6.6% de la economía mexicana son dos expresiones de la crisis económica internacional, que pasó de un bajo crecimiento al colapso de las cadenas de valor ante la pandemia.

Los empresarios y los gobernadores de la oposición presionan a López Obrador. Los primeros exigen rescates al estilo del gobierno de Trump, a partir del endeudamiento del Estado, una postura que respalda el FMI. Los segundos, buscan fortalecerse y ganar posiciones ante los comicios intermedios de 2021 frente a las políticas contradictorias de AMLO para responder a la pandemia.

El discurso presidencial sostiene “Primero los pobres”, mientras las autoridades reparten adelantos de planes sociales a los sectores más vulnerables, como adultos mayores y personas con discapacidades, pero resultan insuficientes para la magnitud de la crisis. A su vez, distintos funcionarios, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el subsecretario Hugo López-Gatell han criticado públicamente a empresarios que no se plegaron a cuarentenas y obligan a laborar a sus trabajadores sin condiciones de seguridad.

Pero no hay prohibición de despidos ni de recortes salariales. Tampoco hay ni una palabra sobre Ricardo Salinas Pliego, amigo del gobierno y fan de hacer trabajar a sus empleados durante la pandemia.

La crisis del sistema de salud hace eclosión ante la expansión del nuevo virus. Con la reivindicación del modelo Centinela que sólo permite medir el avance del virus en la población, López Obrador se negó a comprar pruebas masivas para los trabajadores de los sectores esenciales, en primer lugar, los de la salud, así como para todas las personas que presenten síntomas del COVID-19. Sin pruebas masivas, con escasez de ventiladores, cubrebocas y los insumos que son indispensables en esta situación, con la actitud errática del presidente que contravino por bastante tiempo todas las recomendaciones de salud, el gobierno se ve mal en el manejo de la crisis sanitaria.

La decadencia del sistema de salud, hoy más que nunca en evidencia, en México viene de tiempo atrás: asignación de presupuesto insuficiente en varios sexenios, recortes de ingresos con la reforma de la Ley del Seguro Social —modificación del régimen de pensiones aprobado en 1995— que rige desde 1997 y la creación de las afores, insuficiente cantidad de trabajadores para atender a la población —desde personal médico y de enfermería hasta técnicos, camilleros, administrativos, trabajadores sociales y de intendencia—, falta de mantenimiento de las instalaciones del seguro, falta de insumos y aparatos médicos, desabasto de medicinas, subrogación de servicios a instituciones privadas y precarización laboral.

Se trata del desmantelamiento gradual con el objetivo de privatizar el sistema de salud, organizado por los gobiernos anteriores y que el actual continúa a pesar de la débil política del INSABI, que busca quitarles coto de poder a los gobiernos estatales en la administración de la salud.

Todos problemas que el gobierno de López Obrador no atacó de raíz. Incluso recortó el presupuesto para la Dirección de Vigilancia Epidemiológica casi en las vísperas de la actual pandemia: de 608,188,669 millones de pesos en 2019, pasó a contar con 544,193,400 millones en 2020.

Esto mientras destina millones al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y sus megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, que no ha suspendido a pesar del riesgo de contagio. A pocos días de entrar en la fase 3, despliega uniformados en hospitales y entrega al ejército la administración de varios nosocomios. Una respuesta, directa o indirecta, ante las protestas de trabajadoras y trabajadores de salud que denuncian falta de protocolos y de equipos de protección.

Obras de refinería Dos Bocas, Tabasco
Obras de refinería Dos Bocas, Tabasco

Los empresarios y la derecha buscan abiertamente que la crisis la paguemos los trabajadores y los sectores populares. Exigen que el gobierno se endeude para salvar sus compañías y se preparan para precarizar aún más las condiciones de trabajo, con la excusa de la crisis económica exacerbada por la pandemia. Para ellos toda industria es esencial, pues no pueden parar de generar ganancias, y quien quiera quedarse en casa que lo haga sin pago ni prestaciones.

Ante la crisis, queda claro que somos las y los trabajadores quienes movemos los engranajes de la economía capitalista, no los CEO ni los magnates escondidos detrás de los escritorios en corporativos de acero y vidrio que, por cierto, también existen gracias al trabajo de los obreros de la industria minera, de la siderúrgica y de la construcción.

Los paros en la industria maquiladora en el norte de México, las protestas recurrentes de enfermeras, enfermeros, médicas, médicos y personal de intendencia muestran nuestra indignación. Son luchas para salvar vidas: porque sin medidas de protección ante la pandemia, todos estamos en riesgo. Y tenemos que tomar conciencia de que, sin nosotros, nada se mueve.

Las direcciones sindicales charriles se mantienen alineadas con el empresariado, las que se reivindican democráticas están en tregua con el gobierno. Eso muestra la importancia de recuperar los sindicatos como organizaciones para la lucha contra la catástrofe económica y social que nos amenaza y contra la crisis sanitaria. Las y los trabajadores tenemos la fuerza para luchar por un programa de emergencia para que el costo de esta crisis no recaiga sobre nuestros hombros y el de nuestras familias. Por eso proponemos:

1. Suspensión de actividades económicas no esenciales. Prohibición de despidos y licencias pagadas al 100% del sueldo.

Mientras las autoridades “regañan” a los empresarios que no suspenden actividades esenciales y violan la Jornada Nacional de Sana Distancia que inició el 23 de marzo pasado, sin mencionar a ninguno por su nombre, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de las tiendas Elektra (nada esenciales en tiempos de pandemia) obliga a sus empleados a laborar bajo riesgo.
En la frontera norte, los industriales de las maquilas aprovechan para recortar salarios, suspender sin pago o directamente despedir. Y la rabia obrera está despertando entre los sectores más precarizados. Pemex sigue produciendo, aunque ya se han dado contagios. Porque para la patronal sus ganancias están por encima de nuestras vidas.

Por eso es necesario exigir al gobierno que prohíba los despidos, establezca como obligatorio el pago de licencias al 100% y que se cumpla la suspensión de actividades no esenciales. Y que cada empresa que deje en la calle a familias obreras, que viole disposiciones de suspensión de actividades, o recorte salarios, sea expropiada sin pago y puesta a producir bajo control de sus trabajadores en función de las necesidades más acuciantes de la sociedad (insumos médicos y productos de primera necesidad), bajo estrictas condiciones de seguridad e higiene para las y los trabajadores.

Ricardo Salinas Pliego
Ricardo Salinas Pliego

2. Centralización y nacionalización inmediata del sistema de salud.

Especialistas en salud pública han planteado como un problema grave la fragmentación del sistema sanitario en México, la falta de comunicación y organización eficiente entre instituciones del sector. A esto sumamos la mercantilización de los servicios de salud, encarnadas especialmente por los hospitales privados.

Recientemente se dio a conocer el convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales Privados, presentado como una ayuda ante la emergencia. Este convenio consiste en la disposición de alrededor de 3 mil camas para la atención de afecciones abdominales y partos de derechohabientes y de personas que se atienden en el Insabi. Esto a cambio del pago de las tarifas establecidas para el intercambio de servicios en el sector salud, que establece para una apendicectomía el costo de $37,466 pesos y para una cesárea extraperitoneal $11.264, por poner sólo dos ejemplos. Es dinero que el Estado transferirá a las arcas de los empresarios que lucran con la salud.

Ante esto, sostenemos que es indispensable la centralización de todo el sector salud —público y privado— bajo control de las y los trabajadores del sector, y la nacionalización sin pago de hospitales y clínicas del sector privado. Toda la infraestructura, los insumos y los equipos de clínicas y hospitales deben estar a disposición de las necesidades de toda la población, al igual que los grandes laboratorios farmacéuticos, las empresas de capital extranjero que producen insumos para el sector salud —que hoy se niegan a abastecer a México y destinan la producción a EEUU y otros países—, las cadenas de farmacias y los laboratorios de análisis clínicos para ponerlos al servicio de todo el pueblo. De la mano de esto, se debe basificar a todas y todos los trabajadores del sector de inmediato.

3. Aumento inmediato del presupuesto de salud para garantizar todos los insumos e infraestructura necesaria. Planes de ayuda que garanticen la cobertura de todas las necesidades básicas de las familias que se quedaron sin ingresos.

Para evitar el colapso del sistema de salud se anunció un protocolo inhumano que plantea priorizar la atención de personas jóvenes y sin comorbilidades por encima de adultos mayores o personas que tengan otros padecimientos como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades respiratorias, cáncer o afecciones del sistema inmune. Es inaceptable, es una negación del principal derecho humano: la vida.

Que se reorienten las partidas presupuestarias destinadas a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Guardia Nacional para asegurar todos los insumos necesarios para enfrentar la pandemia, como ventiladores, camas de hospital y equipo de protección completo y de calidad para todas y todos los trabajadores del sector salud. El gobierno debe terminar con su política indiferente ante los reclamos de quienes están en la primera línea y garantizarles todos los implementos necesarios para no poner en riesgo sus vidas.

Aunque México tiene recursos, éstos son usufructuados por trasnacionales y los empresarios más ricos de México, a costa de la superexplotación laboral y la degradación de las condiciones de vida de millones de personas. López Obrador agradece las “dádivas” de los grandes magnates, pero eso es completamente insuficiente. Es necesario exigir impuesto extraordinario a las grandes fortunas, como las de Carlos Slim, Alberto Bailléres, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego, así como a las empresas transnacionales. Los 10 más ricos del país tienen una fortuna que de conjunto asciende a 125 mil millones de dólares. Un impuesto extraordinario del 20% aseguraría una duplicación del presupuesto para la salud.

Millonarios de México. Fuente: SinEmbargo.com
Millonarios de México. Fuente: SinEmbargo.com

López Obrador resiste hasta ahora las presiones de empresarios y del FMI para tomar más deuda. Pero ha prometido pagar la que ya está comprometida, en perjuicio de rubros muy importantes, como salud y educación. Mientras tanto, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, debido a la depreciación del peso y a la recesión económica, cada uno de los 127 millones de habitantes de México “debe” casi 100 mil pesos de deuda pública. Todo ese dinero se necesita para salud y para enfrentar la crisis actual. Por eso, sostenemos que es necesario cesar de inmediato con el pago de la deuda pública, compromiso clave de los gobiernos neoliberales.

El gobierno se ufanó de la rebaja de sueldos de altos funcionarios: renunciarán al aguinaldo. Otros “donarán” dos meses de salario. Anunció una reducción del 50% del gasto público, pero eso no puede ir en desmedro de los trabajadores que cobran 8 mil o diez mil pesos por mes, mientras los altos funcionarios continúan ganando al menos 100 mil pesos mensuales. Ante la crisis, deben ajustarse el cinturón. Que todos ganen lo mismo que el promedio de un trabajador del sector salud.

4. Tests masivos y gratuitos ya.

Mientras según expertos de distintos países, los tests permiten detectar a las personas afectadas por COVID-19, tengan o no síntomas, el gobierno persiste con la descalificación de las pruebas como un método eficaz para contener el avance de la pandemia y evitar la propagación de contagios. México se cuenta entre los países que menos tests realiza: apenas 159 por cada millón de habitantes. Las autoridades del IMSS niegan las pruebas a trabajadores con síntomas: así de brutal es la negligencia, mientras el gobierno insiste en la cuarentena voluntaria y la suspensión de actividades no esenciales como mitigación al incremento exponencial de casos, pues no están por su erradicación.

Luego de que el gobierno reconociera que la estimación de casos de COVID-19 resulta de multiplicar por 8 —aunque especialistas no alineados con el gobierno llegan a decir hasta por 19— el número de casos confirmados, pareció haber un cambio en la política gubernamental. Se dio a conocer que el gobierno adquirió 300 mil tests para ser repartidos entre los 32 estados de la república, y posteriormente se adquirirán y se repartirán 260 mil más. Sin embargo, si solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social laboran alrededor de 431 mil trabajadoras y trabajadores y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado más de 92 mil, la cantidad de tests es insuficiente. Sobre todo cuando se multiplican las denuncias de contagios, muertes y falta de atención a personal médico, de enfermería, camilleros y de otros sectores del instituto.

Esta negligencia gubernamental debe terminar. Todas las personas que trabajan en el sector salud deben tener garantizada la realización de pruebas periódicas y gratuitas porque están en la primera línea de combate a la pandemia. También deben tener esta posibilidad todas las personas que trabajan en sectores esenciales, como producción, distribución y venta de alimentos, supermercados, farmacias, transporte, servicios de limpia, telecomunicaciones y funerarios. Y las pruebas gratuitas deben estar disponibles también para todas las personas que presenten uno solo de los síntomas de COVID-19 o que hayan tenido contacto con personas diagnosticadas ya con la enfermedad.

5. Pensiones a todas las personas mayores y subsidio a los trabajadores del sector informal de al menos 16 mil pesos mensuales, que cubra el costo de la canasta básica más vivienda, transporte, vestido, calzado y esparcimiento.

Mientras los adultos mayores constituyen parte de la población más vulnerable ante el COVID-19, a quienes incluso el gobierno plantea restringir los servicios de cuidados intensivos si enferman de gravedad, el promedio de pensiones que reciben ronda los 5 mil pesos mensuales. Las pensiones del bienestar que dio el gobierno de López Obrador a quienes no tenían esa prestación apenas es de $2620 cada dos meses. No sólo son montos insuficientes, sino que no abarcan el total de la población, en un país en el que el 75% de los adultos mayores no acceden al derecho a la jubilación. Es urgente garantizar pensiones dignas y suficientes para satisfacer necesidades básicas como vivienda, vestido, alimentación equilibrada y nutritiva, y así hacer posible el goce del tiempo libre en el retiro.

Mientras tanto, las y los trabajadores en activo que tenemos la prestación de pensiones para el futuro —alrededor del 49% de la población económicamente activa—, vemos cómo las administradoras de fondos para el retiro especulan en la bolsa y los mercados internacionales, y juegan con nuestros ahorros para enriquecerse. Peor aún están las y los trabajadores del sector informal o de quienes trabajan bajo contratos simulados con el Estado, por honorarios, que no tienen ninguna perspectiva de tener pensiones.

Es necesario exigir al gobierno que se termine el sistema de afores para volver al sistema por reparto solidario, pero bajo control de los trabajadores, asesorados por profesionistas solidarios.

Quienes laboran en el sector informal y viven al día se debaten entre dos alternativas terribles: llevar un ingreso a su hogar y arriesgarse al contagio, o quedarse en casa y no tener para comer ni para la renta. Son trabajadoras del hogar, trabajadoras sexuales, comerciantes de tianguis, meseros, mariachis, taxistas, vendedoras de artesanías, trabajadores en taquerías, cocineros, costureras, empleadas en fondas y mensajeros, entre muchos otros. A este sector, compuesto por más de 32 millones de personas, el gobierno dará 500 mil préstamos de $25 mil pesos, a tres años, con tres meses de gracia.

Pero esto no es una solución, más en el marco de que la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia en principio terminaría el 30 de mayo. Por eso cada trabajadora y trabajador del sector informal o pequeño comerciante debe recibir un subsidio de al menos $16 mil pesos mensuales, para poder satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, al igual que los adultos mayores.

6. Reconversión productiva para combatir la pandemia.

La crisis ya golpea fuerte, pero lo hará más aún, mientras los empresarios, muchos de los cuales hoy arriesgan las vidas de sus trabajadores para sostener la producción de bienes no esenciales, buscan degradar aún más la vida de millones para conseguir más ganancias apenas se reanuden las actividades. Ante eso, es necesario oponer un plan que ponga por delante las necesidades de las mayorías: ahora combatir al COVID-19. Se necesitan ventiladores, equipos de protección, camas de hospital, desarrollo de tests y vacunas, suministro de alimentos nutritivos y agua potable, no automóviles, ni bolsas de diseñador ni comida chatarra.

Por eso es necesario reconvertir la producción en todas las empresas donde sea posible y garantizando las condiciones de higiene y seguridad de sus trabajadores, hay que reorientar la producción para enfrentar la crisis. Se pueden poner las cadenas productivas y el trabajo de millones al servicio de combatir la pandemia, en vez de garantizar las ganancias de los empresarios. Y para garantizar esto es necesario apelar a la creatividad y la solidaridad de la clase trabajadora: sólo bajo su control se puede llevar a cabo un plan como este sin que la utilidad de los empresarios sea el factor que rija la producción.

7. Comités de higiene y seguridad en todos los lugares de trabajo.

En la producción de bienes y servicios esenciales, así como en todos los centros de trabajo donde se reconvierta la producción para fabricar insumos útiles para enfrentar al COVID-19, las y los trabajadores deben organizarse en comisiones de seguridad e higiene independientes de la patronal y de la burocracia sindical. En estas comisiones, la primera tarea será definir cuáles son las medidas necesarias para proteger a quienes permanezcan en actividades productivas y deben exigir al gobierno y los empresarios que garanticen los insumos necesarios para salvaguardar las vidas obreras. Evidentemente, todas las propuestas deben ser sometidas a la resolución de las bases, mediante asambleas democráticas.

8. Ante la crisis, control de precios, créditos baratos y nacionalización del sistema bancario.

Desde los medios al servicio de los empresarios y sus voceros se agita el terror de una crisis económica muy profunda. Los magnates y sus CEO’s en estos momentos están planeando cómo aprovecharla a su favor, para redoblar la explotación, exigiendo en nombre de una “economía de guerra” más productividad al tiempo que imponen despidos masivos y recortes salariales. Empezó la especulación con alimentos esenciales como el maíz y por eso ha subido el precio de la tortilla. Con otros productos esenciales están haciendo lo mismo. No lo podemos permitir.

Por eso debemos exigir congelamiento de los precios, su vuelta a los valores al inicio de esta crisis y control de precios que lleven a cabo los consumidores (trabajadores y pequeños comerciantes) con la ayuda de las y los trabajadores de los sectores industriales y de servicios que producen alimentos o bienes esenciales, que los transportan y que los comercializan. Todas las empresas que especulen y suban los precios deben ser expropiadas sin pago y puestas bajo control de sus trabajadores y comités de usuarios.

El gobierno anunció un plan de créditos para los “pequeños empresarios”. Los bancos anunciaron el establecimiento de prórrogas de cuatro a seis meses en el pago de créditos e intereses a sus clientes. Pero esas prórrogas son insuficientes. Sólo en abril de 2019, los banqueros obtuvieron 299 millones de pesos por el concepto ingresos por intereses, es decir, por usura. Que se condonen las deudas de créditos hipotecarios para propietarios de vivienda única, así como las deudas por créditos de nómina y de consumo, y de las tarjetas de crédito.

Es necesario que el gobierno expropie a las entidades bancarias y financieras —como las que otorgan préstamos con los intereses más usureros aún que los bancos— y las centralice en una banca única y nacionalizada bajo control de los trabajadores del sector, sin tocar los depósitos de nómina, ni de profesionistas independientes, ni de pequeños productores y comerciantes. La clase trabajadora tiene que tomar en sus manos la lucha por créditos baratos, así como la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior. Sólo la banca con estas características podrá otorgar créditos a los sectores populares para reactivar la economía a la salida de la pandemia.

También debe establecerse la condonación de los servicios de luz, agua, electricidad y telecomunicaciones para las familias de los sectores populares mientras dure la crisis.

9. Plan de emergencia para mujeres y migrantes ante la pandemia.

A) Ante el incremento de la violencia contra las mujeres, hace falta establecer un plan de emergencia que incluya: un régimen de subsidios a las víctimas; licencias laborales pagas al 100% para las mujeres víctimas de violencia que tienen trabajo; la creación de hogares/refugios transitorios —pueden ser hoteles hoy sin turistas— y un plan de vivienda a corto plazo. Que el distanciamiento social no constituya una medida regresiva para la violencia de género.

B) La crisis migratoria ya era grave previo a la pandemia, ahora recrudeció. El hacinamiento en estaciones migratorias, la represión de las protestas que se realizan ahí y el abandono de quienes son deportados desde Estados Unidos son intolerables y colocan a las personas migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad ante la OOVID-19. Es necesario exigir la libertad de todas y todos los migrantes detenidos, así como plenos derechos, incluyendo el derecho a la salud, a refugios dignos y en condiciones sanitarias óptimas y a ayudas económicas equivalentes al costo de la canasta básica y que cubra todas las necesidades esenciales como vestido, calzado, servicios esenciales y medicinas.

10. Alto a la militarización de la pandemia y regreso inmediato de las fuerzas represivas a sus cuarteles.

Los trabajadores podemos coordinar las medidas preventivas y de distanciamiento social. El gobierno federal decretó que el ejército, como parte del plan D-N-III, controlará 10 hospitales públicos y privados, con la perspectiva de generalizar el control militar del sistema de salud frente al riesgo de protestas ante la falta de insumos y la saturación de hospitales. Ya inició el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en distintos hospitales del país. Aunque López Obrador rechaza el toque de queda y dice garantizar los derechos democráticos, la realidad es que las mayorías no podemos tener ninguna confianza en instituciones que, como el Ejército, son responsables de desapariciones forzadas —como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa— o fungen como la Border Patrol mexicana para hostigar a los migrantes que buscan llegar a EE.UU. Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, propuso establecer el toque de queda en su estado, en Coahuila y en Tamaulipas, todas entidades fronterizas. Ante eso, los trabajadores organizados podemos, con las medidas de seguridad e higiene necesarias, garantizar el distanciamiento social y que se lleven a cabo las disposiciones en cuanto a la suspensión de actividades y las medidas preventivas. ¿Por qué vamos a dejar eso a los responsables de la represión y la masacre del pueblo? Los sindicatos y organizaciones populares pueden organizarlo.

Mientras las trasnacionales y los empresarios presionan para descargar el costo de la crisis sobre nosotros, el gobierno toma medidas insuficientes para evitar el avance de la pandemia, el hambre de amplios sectores y los despidos masivos. Vamos hacia el colapso del sistema de salud. Aflora el odio de clase contra quienes nos exponen al COVID-19 y se multiplican las protestas. Ante la crisis, la promesa de gobernar para pobres y ricos de López Obrador es una utopía más reaccionaria que nunca. De un lado están Slim y los magnates y en el lado opuesto estamos las mayorías. Debemos organizarnos políticamente tras una perspectiva anticapitalista, socialista y revolucionaria, y levantar un programa como este para que la crisis la paguen los que más tienen, porque nuestras vidas valen mucho más que sus ganancias.






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