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Red Internacional

Movimiento de mujeres.¿Cuál es la diferencia entre la despenalización y la legalización del aborto?

A partir de las recientes despenalizaciones en Veracruz e Hidalgo, y el fallo de la SCJN en Coahuila se abren diversas interrogantes sobre que es lo que realmente se garantiza en torno al derecho al aborto. Aquí te explicamos.

Joss Espinosa@Joss_font

Martes 7 de septiembre | 22:13

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un proyecto de inconstitucionalidad para quitar del Código Penal del estado de Coahuila el delito de aborto, preservando únicamente la penalización para abortos forzados o no consentidos.

Al haberse aprobado con más de 8 votos, el fallo de la SCJN obliga a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, a partir de ahora, a resolver casos futuros en favor de las mujeres que se practican un aborto, dado que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen en aborto, por la jurisprudencia generada en este fallo.

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¿Cuál es la diferencia y por qué es importante la legalización?

Despenalizar implica dejar de tipificar como delito una conducta que es castigada en un Código Penal o legislaciones penales, es decir, en este caso, el aborto deja de ser un delito, y por ende las mujeres o personas gestantes que se practiquen un aborto, así como el personal de salud implicado, no pueden ser perseguidos, juzgados ni encarcelados.

Sin embargo, la despenalización no implica que el Estado regule u otorgue dicho servicio para que la practica sea segura. Es decir, no está garantizado por el Estado. Para que el aborto sea un derecho, es necesario que no esté penalizado, pero, esto solo significa un primer paso.

Por su parte, legalizar implica dar un estado legal a algo y por ende la aplicación de las normas jurídicas positivas a actividades antes excluidas del ordenamiento positivo. Es decir, si se legaliza el aborto, el Estado debe dar un marco normativo que permita que esa práctica se realice de forma segura, esto aun no implica la gratuidad del mismo.

Y es importante recalcar que el que sea legal no hace que sea obligatorio, sino que las mujeres puedan decidir libremente continuar o no con su embarazo, y de decidir interrumpirlo, que este se de en condiciones seguras y sin ser criminalizadas.

Lo anterior explica porque las recientes iniciativas aprobadas en Hidalgo y Veracruz, así como el fallo de la SCJN se queda corto para garantizar que efectivamente las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, y acceder al aborto legal, seguro, libre y gratuito.

¿Qué pasa si solo se despenaliza? Las mujeres y personas gestantes que se practiquen un aborto consensuado (así como el personal de salud implicado), ya no serán penalizadas, ni encarceladas, en el caso de Coahuila por ejemplo las penas iban de uno a tres años de prisión; sin embargo, esto no quiere decir que exista un marco normativo para que la práctica sea realizada de forma segura en hospitales públicos, como parte de los servicios a la salud. Esto implica la posibilidad de que las instituciones de salud se nieguen a practicar un aborto, y que las únicas que puedan acceder a ello, sean quienes pueden pagar un aborto en clínicas privadas, o peor aún, que sigan prevaleciendo las clínicas clandestinas e inseguras. Por ende, las mujeres más expuestas a abortos inseguros seguirán siendo las trabajadoras, precarizadas y sectores populares.

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Por una iniciativa integral para garantizar el derecho al aborto

Más allá de las limitantes que tiene el fallo de la SCJN, lo cierto es que marca un precedente en términos legales sobre el derecho al aborto, ya que vía ello, se podría aplicar proyectos similares de inconstitucionalidad a los diversos códigos penales estatales.

Por otro lado, no está descartado que, estos avances en el tema del aborto sean para desarticular al potente movimiento de mujeres, y dejar el derecho a decidir congelado en la despenalización. De ahí que es importante que el movimiento de mujeres continúe tomando las calles, hasta que sea ley, y que no se frene en la despenalización, sino que se apueste a la conquista de nuestro derecho pleno a decidir sobre nuestros cuerpos.

Un potente movimiento de mujeres que enfrente las imposiciones de la iglesia, así como contra los sectores empresariales y de la derecha conservadora que pretenden frenar nuestro derecho, y que hoy, ante estos avances, refuerza su ofensiva contra nuestros derechos.

Hoy más que nunca, es clave el impulso de una campaña nacional por el derecho a decidir, que contemple una iniciativa que legalice el aborto, para que este sea seguro, gratuito y libre. Dicha iniciativa debería de integrar la exigencia de educación sexual integral, así como acceso a anticonceptivos gratuitos; vinculado a exigir que el aborto sea garantizado de forma segura en todas las clínicas y hospitales, con personal capacitado, lo cual implica necesariamente un aumento al presupuesto para el sector salud, para que haya recursos humanos y materiales suficientes, así como condiciones laborales dignas.




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