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Crisis en Colombia, brutalidad policial e impunidad

Policías atacando e incluso matando gente que ni siquiera hacía parte de las manifestaciones, disparando en las calles a grandes grupos de personas, amenazando y allanando casas ilegalmente y realizando detenciones ilícitas.

Martes 15 de septiembre | 08:12

La madrugada del jueves 10 de septiembre, dos miembros de la Policía Nacional de Colombia asesinaron al abogado Javier Ordóñez. El hombre de 45 años se encontraba en la calle con unos amigos cuando fueron abordados por los dos patrulleros. Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damian Rodríguez Díaz, patrulleros del Centro de Atención Inmediata ( CAI ) Villa Luz, agredieron a Ordóñez con el fin de arrestarlo. Le accionaron en repetidas ocasiones la pistola taser ( ya estando reducido en el suelo) y le aplastaron contra el suelo mientras él pedía que pararan, que lo iban a matar (el incidente es muy similar al ocurrido con George Floyd en Minneapolis hace unos meses).

Enseguida, los uniformados se llevaron a Ordóñez y uno de sus acompañantes al CAI, donde según este acompañante, los dos policías habrían golpeado en repetidas ocasiones al agonizante Ordóñez, quien seguía pidiendo que pararan. Al ingresar a la clínica Partenón, el hombre ya estaba muerto. Los medios oficiales afirmaban que “murió en un procedimiento policial” aunque la autopsia revelaría múltiples fracturas de cráneo .

El momento en el que Ordóñez estaba siendo lentamente asesinado por los policías que intentaban detenerlo quedó grabado en video y se viralizó rápidamente. Este evento rebasó la copa e indignó a una gran parte de la población que para las 17 horas del jueves, en varias ciudades del país ya se había concentrado exigiendo respuestas y justicia por Ordóñez. Ante las movilizaciones espontáneas y dispersas (que individualmente no congregaban a muchxs manifestantes) las respuestas gubernamentales fueron en gran medida las mismas de siempre: atacar y dispersar las congregaciones lo antes posible. Sin embargo en varias ocasiones, la respuesta del pueblo fue devolver el ataque. Al menos en Bogotá fueron incendiados unos 60 CAI en la noche del jueves.

Un ejemplo de ello es lo sucedido en el municipio de Chía (al norte de la Bogotá) donde una pequeña movilización se encontraba frente al cuartel de la Policía de Chía, conocido como “el Curubito”, cuando repentinamente se cortó la energía del barrio, dejando las calles oscuras. La policía habría empezado a tirar piedras a las casas y enseguida habría disparado sus armas de fuego contra la congregación. Minutos más tarde, se verían hombres sin uniforme, disparando junto a los policías hacia los manifestantes.
Situaciones así se presentaron aquella noche en varias ciudades del país.

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Policías atacando e incluso matando gente que ni siquiera se hacía parte de las manifestaciones, disparando en las calles a grandes grupos de personas, amenazando y allanando casas ilegalmente y realizando detenciones ilícitas. El viernes en la mañana había más de trescientas personas heridas por la policía, más de la mitad por disparos de arma de fuego, casi una centena de personas desaparecidas y al menos 10 civiles asesinados por balas de la Policía Nacional y posteriormente denuncias de mujeres que afirman haber sido violadas por uniformados al interior de instalaciones de dicha institución.

Entre los videos captados en la noche del jueves se destacan aquellos en los que aparecen hombres sin uniforme disparando y reuniéndose con los agentes, los videos en que se ve cómo los policías golpean personas hasta dejarlas inconscientes en el suelo.

Claramente, mucha de esta información no ha sido noticia en los grandes medios hegemónicos. La Policía Nacional no se ha pronunciado sobre casi nada y las únicas respuestas del presidente Iván Duque han sido “respetar a la policía” y “condenar el vandalismo”. Mientras que el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo ha preferido “reforzar el pie de fuerza” y militarizar la capital invitando a un toque de queda.

En Colombia como en Chile, EEUU y el mundo, la policía da muestra de sus verdaderos fines, reprimir a la juventud, a las mujeres, a les trabajadores y al pueblo pobre, mientras cuida los intereses de sus empresarios y de sus Estados.






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