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Red Internacional

El pasado mes de febrero mostró un endurecimiento y extensión de la política represiva contra los sectores que luchan bajo la 4T, destacándose la participación de la Guardia Nacional.

Si bien desde que comenzó el gobierno de López Obrador se han producido diversos episodios represivos, como contra los obreros de Matamoros, los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, el movimiento de mujeres, el normalismo y las caravanas migrantes, el pasado mes de febrero mostró un endurecimiento y extensión de la política represiva contra los sectores que luchan bajo la 4T, destacándose la participación de la Guardia Nacional.

El viernes 4 de febrero, un manifestación de normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol, en Guerrero (estado gobernado por Evelyn Salgado, de Morena), fue brutalmente reprimida por elementos de la Guardia Nacional, a lo que siguió un discurso criminalizador contra los estudiantes por parte de AMLO, quien planteó que estarían infiltrados por el narco, lo que recuerda la “verdad histórica” de la PGR del sexenio de Peña Nieto.

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Posteriormente, durante la madrugada del 15 de febrero, un operativo de la policía estatal de Puebla (estado gobernado por Miguel Barbosa, de Morena), junto a la Guardia Nacional, desalojó violentamente la toma de la planta de Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, que mantenían organizaciones indígenas y campesinas ante el saqueo de millones de litros de agua por parte de la empresa de grupo Danone.

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Una semana después, el lunes 21 de febrero, al cumplirse dos años sin solución para la huelga del SUTNOTIMEX, que se ha sostenido en la calle en medio de la pandemia y enfrentando intentos de criminalización, amedrentamientos (entre ellos de la Guardia Nacional) e incluso amenazas de muerte, las y los huelguistas nuevamente obtuvieron como respuesta la represión gubernamental, primero con el envío de elementos de la Marina a la acción en la terminal 1 del Aeropuerto capitalino y luego con un operativo del supuestamente extinto cuerpo de granaderos de la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum (Morena).

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Ese mismo lunes, en Michoacán, una movilización de la Sección XVIII de la CNTE, con la intención de instalar un plantón frente al Palacio de Gobierno en Morelia para reclamar el pago de salarios atrasados a profesores estatales, eventuales y de programas especiales, así como la contratación de egresados normalistas, fue reprimida con saña por la policía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), resultando detenidos varios maestros, entre ellos el secretario general de la sección sindical, Gamaliel Guzmán, aunque horas más tarde fueron liberados por sus compañeros.

También durante febrero, el abogado Juan de Dios Hernández Monge, defensor de derechos laborales y de presos políticos, denunció amenazas de la SEP para emprender acciones penales en su contra. Lo anterior, luego de llevar la defensa de maestros despedidos injustificadamente al implementarse la reforma educativa de Peña Nieto, en la que se ganó el pago de salarios caídos e indemnizaciones.

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Por otra parte, la indígena amuzga y luchadora social Kenia Hernández, detenida en octubre de 2020 por elementos de la Guardia Nacional y desde entonces presa política, fue sentenciada el 20 de febrero a 10 años y seis meses de cárcel sobre la base de delitos fabricados, como castigo ejemplar por su participación en acciones de toma de casetas como parte de la lucha por diversas causas.

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A esto se suma el aval del Ejecutivo a la reforma que criminaliza la toma de casetas, el boteo y las manifestaciones en las vías generales de comunicación, con la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero.

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Todo esto muestra, más allá del discurso “progre” de la 4T, una creciente tendencia represiva de los gobiernos federal y estatales a reprimir las luchas –como lo hemos visto también con gobiernos de oposición- cuando se tocan los intereses de los grandes empresarios, cuando se altera la “normalidad” por causas justas o cuando se osa enfrentar al poder del Estado.

Lo anterior, en un contexto de creciente violencia en el país, una de cuyas expresiones más crudas son los asesinatos de periodistas, defensores del medio ambiente y el territorio, junto al aumento de los feminicidios.

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En este escenario, la conquista de la unidad y la coordinación de las luchas, que pasa por imponerla desde las bases a las direcciones burocráticas sindicales, de los movimientos y organizaciones, no sólo es necesaria para resolver las demandas, sino que se vuelve indispensable para enfrentar la represión, con una perspectiva independiente, sin ninguna confianza en el gobierno ni en los partidos del régimen, tanto oficialistas como de la oposición de derecha.


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