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Red Internacional

En el día de ayer la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) realizó una manifestación reclamando un bono de fin de año de 50.000, hoy endurecieron las medidas cortando el acceso al cerro y fueron obligados por la Fiscalía a desalojar la ruta.

Viernes 19 de agosto | Edición del día

Hablamos de un trabajo considerado de riesgo, con jornadas de 12 horas en temperaturas extremas a las que se suman la falta de calefacción, baños y agua potable. Es en estas condiciones, que en los últimos 3 años, fallecieron 2 trabajadores: el jefe de patrulla Mario Ruiz y el operario de los medios de elevación Cóndor III, Germán Cofian. Ambos con amplia experiencia en la montaña.

Tras la muerte de German los trabajadores tuvieron que forzar el cierre del complejo, debido a que la empresa se negaba a cerrar por duelo, dejando en claro que su único interés era seguir facturando pese a que uno de sus trabajadores había perdido la vida ese día. Sus propios compañeros expresaron que ni siquiera existieron unas condolencias publicas de parte de la empresa para con la familia de Germán.

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Durante la pandemia se había acordado un pago de salarios para el rubro que, en parte aportó el Estado, pero que aún se le adeuda a muchos trabajadores temporarios.

Son 400 los trabajadores de Capsa SA. y más de la mitad de ellos son temporarios. A pesar de ser el complejo invernal más grande de Sudamérica se niegan a pagar un bono, mientras que otros centros pequeños si lo hicieron. Alrededor del complejo de esquí también orbitan otros 2.500 puestos de trabajo: entre comerciantes, instructores de esquí, restaurantes, hosterías, hoteles, etc.

Así es como durante la mañana de hoy los trabajadores avanzaron en las medidas cortando el acceso al Catedral continuando con su reclamo ya que vienen perdiendo contra la inflación. En el reclamo aseguran que Capsa SA es la única empresa que no quiere pagar dicho bono, ya que en otros complejos ya fue abonado.

El corte fue interrumpido por la participación de la fiscalía pública quienes comunicaron a los trabajadores el alcance legal de las medidas y les otorgaron un periodo de tiempo para retirarse. Luego se informo que se abrirían investigaciones y legajos penales por los delitos de impedimentos, estorbo o normal funcionamiento de los servicios públicos de comunicación. Una vez más la justicia demuestra que siempre se encuentran por delante las ganancias de los poderosos y nos los justos reclamos de los trabajadores.




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