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Opinión

Consulta a expresidentes: Maniobra clasista que burla lucha histórica por juicios a genocidas

A partir de la imposición de los planes neoliberales en México, se profundizaron la entrega del país -los recursos naturales estratégicos, las empresas estatales, privatización de la banca e instituciones financieras- y las leyes laborales semiesclavistas al capital transnacional y criollo.

Viernes 16 de julio | 21:53

El PRI fue el artífice de negocios que le permitieron un ofensivo enriquecimiento de los mandatarios, mientras crecía la desigualdad y aumentaba el índice de miseria en las clases populares. Por algo, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se fueron del país a disfrutar esas fortunas que sus descendientes no podrán agotar en décadas.

Al mismo tiempo, los dirigentes de las centrales sindicales que garantizaban que las empresas trasnacionales y nacionales esclavizaban a la clase trabajadora, formaban una nueva capa de millonarios “obreros”. Era la familia priísta vaciando las arcas de la nación.

Con la alternancia, a partir del año 2000, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, aprendiendo de los usos y costumbres del poder instaurados por los priístas, se dedicaron a saquear lo que quedaba de las empresas estatales y de los recursos estratégicos, a la vez que hacían multimillonarios negocios que beneficiaron a sus familiares y a los círculos más cercanos del poder.

Pensando en cómo garantizar y legitimar durante varios decenios el robo del erario (en tanto se aplicaban planes de austeridad basados en recortes presupuestarios y topes salariales), el PRI y el PAN, sumando al cada vez más procapitalista PRD, acordaron el Pacto Por México que impuso las reaccionarias reformas estructurales que demandaba el imperialismo.

Promesas incumplidas

La promesa de Andrés Manuel López Obrador al ser un investido como presidente de la república de encarcelar a la “mafia del poder” -los ex presidentes y empresarios y banqueros ligados a ellos-, se fue desvaneciendo conforme pactaba implícitamente con el viejo aparato del poder, la necesaria estabilidad para gobernar durante la 4T.

Así, optó por negociar con parte de esa “mafia” la devolución de una parte de los fondos robados a la Federación -pidiéndoles que involucraran a parte de sus socios de cuello blanco para aplicarles la misma política-, a la vez que empezó a predicar su famoso “paz y amor”. Es decir, un pacto entre la clase política, olvidándose de la promesa hecha a las masas hartas de la corrupción presidencial.

Pero la ofensiva del bloque de los partidos abiertamente neoliberales impulsados por la derecha empresarial; las contradicciones que le han creado su forma unipersonal de gobernar; la crisis económica profundizada por la pandemia; las alianzas con sectores reaccionarios y la erosión del Morena por los roces de los grupos internos, obligaron a López Obrador a cambiar de estrategia.

Es por ello que ahora pasa la ofensiva y enarbola la bandera del juicio a los expresidentes como muestra de la lucha contra la corrupción que prometió.
Pero no los lleva ante la Justicia, como hacen con cualquier delincuente común o cualquier dirigente de movimientos sociales y sindicales independientes del gobierno.

Lo que propone es una “consulta popular” para que la población decida si el desmantelamiento del país en base al enriquecimiento ilícito de estos gobernantes merece que sean llevados a juicio por las instituciones del régimen.
Pero el saqueo del erario por cualquier presidente no debe ser puesto a consulta.
Esto demuestra que la justicia de la democracia burguesa funciona de manera diferente para ricos y pobres. Tiene un carácter de clase.

Intenciones de la consulta

Además, el objetivo de la consulta de AMLO sobre el juicio a los ex presidentes, tiene varios objetivos ajenos a los intereses de la clase trabajadora.

Primero, no busca justicia; está encaminada a exponer aún más a los antipopulares ex mandatarios -en medio de la polarización política y social que vive el país- para golpear al bloque opositor de derecha que le arrebató al Morena seis alcaldías de las 11 que había ganado en el 2018 en Ciudad de México.

Toda la polarización que está generando la cercana consulta, delimita los campos: el de los corruptos de la “mafia del poder”, y un gobierno que enarbola la contra la corrupción, en la lógica maniquea de buenos y malos.

Un debilitamiento de este bloque opositor, cuyo actor central es el PRI que está relacionado con todos los hilos del poder que el sistema político creo a partir del triunfo de la burguesía “constitucionalista” en la Revolución Mexicana, tendería a poner al PRI en el dilema de enfrentar con todo al poder del Estado -política en la que al interior del tricolor no hay total acuerdo-, o ser funcional a los planes de la 4T.

Esto último, obviamente debilitaría al bloque opositor de derecha.
Al mismo tiempo la consulta, posiciona mejor a AMLO ante el referéndum de convocatoria de mandato del presidente para el próximo año.

Hasta aquí esta estrategia -una carambola de tres bandas- es aceptable para el sentido común y para cierto análisis político. Sin embargo, contiene un elemento estratégico dirigido a la izquierda obrera y popular y a sectores progresistas o demócratas.

Y es que dicha propuesta está elaborada para ser discutida solamente en los marcos de régimen burgués, ni siquiera es una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde las masas decidan cambios democráticos radicales en el régimen y la forma de gobierno. No.

Nada tiene que ver esta consulta con una salida independiente del régimen y sus instrucciones; todo lo contrario, si la izquierda le hace el juego al gobierno de la 4T, estaría no solamente renunciando a juzgar a estos hambreadores del pueblo por la vía de la movilización independiente en las calles (sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles, movimiento de la mujer y la juventud), o una huelga general donde participaran de manera democrática las organizaciones obreras y populares.

Una política no independiente estaría reforzando esas mismas instituciones que posibilitan el robo organizado en las altas esferas del poder, al crear ilusiones en las instituciones del régimen y en el Estado burgués. Desde esta posición, será más difícil demostrar el carácter clasista de la democracia de los ricos que muchos combatimos desde diferentes trincheras.

Ese es el riesgo que corre la izquierda si no tiene una posición clasista respecto esta maniobra del gobierno de López Obrador.

Habrá quienes piensen que este paso sería un avance en la perfección de la democracia burguesa, o lo que algunes llaman “democracia hasta el final”.






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