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Red Internacional

La empresa Calica, ahora Sac-Tún, ocasionó una catástrofe ecológica en Playa del Carmen, Quintana Roo; el gobierno de México, quien a su vez ocasiona la devastación de la selva con la construcción del Tren Maya, prepara una denuncia internacional.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Miércoles 22 de junio | 21:10

El pasado 22 de abril, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dio a conocer que Vulcan Materials Company, corporativo estadounidense dueño de Sac-Tún (anteriormente Calica), aceptó que el área de explotación minera de la filial se convirtiera en un “parque natural”, a cambio que la terminal de Punta Venado, donde se encuentra la empresa, fuera ampliada como un puerto para cruceros, entre otras condiciones.

No obstante, el 14 de junio, el presidente de México informó en conferencia de prensa, que la minera había incumplido el acuerdo de cese de explotación de material pétreo, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al mando de Blanca Alicia Mendoza, clausuró el predio La Rosita tras una visita de inspección a principios de mayo.

Explotación y saqueo

La empresa, proveedora de Concretos de México (Cemex), explotó y transportó piedra caliza a través de la concesión del puerto de Punta Venado desde 1987. Esta piedra se comercializa en Estados Unidos y México para la construcción de carreteras y autopistas, como el aeropuerto de Cancún y hoteles de la zona.

Durante el sexenio del panista Vicente Fox Quezada, en 2004, a la anteriormente denominada Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica), la Conagua concedió verter 976, 900 litros de líquidos residuales en el subsuelo de Playa del Carmen, una cantidad que equivale al 8.21 % de la suma total de agua que extrae anualmente para su actividad minera.

En total extrae 11 millones 899 mil litros de agua anuales de una cuenca del acuífero de la Península de Yucatán a través de dos pozos: uno con capacidad de extracción de 8 millones 974, 700 litros y otro de 2 millones 934, 300 litros.

La empresa extractiva de materiales pétreos, ahora denominada Sac-Tún, aún cuenta con el título para el aprovechamiento de recursos naturales que le otorgó la Conagua.

En un estado que hoy se encuentra amenazado por la sequía y el calentamiento global, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorizó contaminar y saquear el vital recurso del agua.

Presidente amenaza con denuncia internacional

La empresa, aseveró el presidente López Obrador, ocasionó una catástrofe ambiental explotando 2 mil hectáreas de material minero.

Por lo que, el jueves 16 de junio, en su conferencia matutina, habló de la posibilidad de denunciar por destrucción ambiental a la minera estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a las bolsas de valores donde cotiza la empresa.

Aunque, sin dejar de lado la posibilidad de presionar con el acuerdo anterior, para que la minera se convierta en un parque turístico, o bien, venda al gobierno toda su propiedad para convertirla en un Área Natural Protegida (ANP) con el uso de algunas zonas con propósitos turísticos.

A la denuncia internacional se sumó el Grupo Ecologista del Mayab (Gema), que asegura haber denunciado desde hace tiempo, los daños a la biodiversidad y a las ruinas arqueológicas sin ser escuchados, como afirmó la presidenta del grupo, Aracely Domínguez Rodríguez.

Ante el anuncio de dicha denuncia, la minera solicitó un amparo, mismo que fue negado por el juez Noveno de Distrito del estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Será hasta el 23 de junio que el recurso de queja tramitado por la empresa resuelva terminar con la suspensión de obras o se conceda al gobierno de manera definitiva. En el último caso, se prevé que el juez dicte su sentencia de amparo después del 11 de julio, fecha señalada para la audiencia constitucional.

¡No al saqueo y la devastación: ¡ni Sac-Tún, ni Tren Maya!

En los últimos meses el presidente ha señalado a la empresa por la destrucción del medio ambiente en la misma zona en la que se construye un tramo del Tren Maya, utilizando el caso de la devastación ecológica y cultural para cuestionar el compromiso ambiental de quienes critican la construcción del megaproyecto de la 4T. Es como querer disculparse diciendo que otro también actuó mal pero no se le cuestionó como a él.

También ha denostado la lucha de los ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya y los ha difamado metiéndolos a todos en el mismo saco, afirmando que son pagados por EE. UU. o por el empresario Claudio X González, nombrándolos “pseudoambientalistas” y “reaccionarios de derecha”, invisibilizando el movimiento y el malestar de los pueblos indígenas de la región que han denunciado la aplicación de consultas amañadas para la imposición del Tren Maya.

De esta manera, como decimosaquí, sigue escalando la criminalización hacia los y las defensoras de la tierra, en un país donde son constantemente víctimas de asesinatos políticos.

Tanto la devastación de Playa del Carmen ocasionada por Sac-Tún, como la ocasionada por la construcción del Tren Maya en la selva de Quintana Roo, son repudiables porque atentan contra la estabilidad de la vida natural y la de los pueblos originarios, a quienes se está imponiendo el proyecto con fines políticos y económicos para beneficio de unos cuantos gobernadores y empresarios.

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La construcción del Tren Maya ha afectado 10 áreas naturales protegidas, vulnerado los derechos de unos 146,000 indígenas, destruido más de 1300 sitios arqueológicos, mientras que los trabajos que ha creado hasta ahora son precarios y temporales.

No podemos confiar en el gobierno ni en las grandes empresas, pues ya han demostrado buscar sólo su propio beneficio, y/o de los empresarios, a costa de las vidas de miles de personas y la devastación medioambiental, por ello tenemos que organizarnos de manera independiente y luchar unidos para evitarla.




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