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Red Internacional

AMLO reconoció el incremento del 7.1 del feminicidio en relación al mismo período del año pasado. Una clara muestra del fracaso de su estrategia de seguridad que continúa la militarización del país.

Yara VillaseñorSocióloga y latinoamericanista - Militante del MTS - @konvulsa

Jueves 12 de agosto | 22:14
Foto de Imagen de Mujeres

Es una reciente conferencia mañanera, por primera vez, AMLO reconoció que la violencia contra las mujeres ha aumentado bajo su gobierno. Con un escandaloso incremento del 7.1% de feminicidios en relación al mismo período del año pasado, lo primero que salta a la vista es el recrudecimiento de este fenómeno de violencia bajo el despliegue de la Guardia Nacional y la continuidad de la militarización del país.

A pesar de los dichos de AMLO y de su propuesta de un nuevo paradigma para la seguridad pública, que en realidad es más de lo mismo, es evidente que el cáncer del feminicidio, en primer lugar, responde a un problema estructural derivado de la subordinación política y económica al imperialismo, que ha configurado zonas industriales y ciudades obreras como la frontera de Cd. Juárez con El Paso o el municipio de Ecatepec, al norte del Edomex, como caldos de cultivo para la violencia feminicida.

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Zonas de la periferia industrial, con poco o nulo alumbrado público, sin transporte efectivo y vastos lotes baldíos, son el escenario donde trabajadoras que tienen que desplazarse a sus centros de trabajo a tempranas horas de la madrugada se ven expuestas a la violencia de grupos criminales o de policías y militares, en muchos casos coludidos con las patronales, como ejemplifica el caso de Ciudad Juárez.

Pero en 25 años de feminicidio, el fenómeno se complejizó, colándose a los espacios “privados” de los hogares al escalar los niveles de violencia contra las mujeres tras el machismo institucional que garantiza la impunidad de los feminicidas y las trampas jurídicas que libran de responsabilidad a las instituciones y funcionarios que mantienen en la precarización y la pobreza a la mayoría de las mujeres pobres y trabajadoras, nativas o migrantes, del país.

Y es que el feminicidio en México tiene un claro carácter de clase, como evidencia no casualmente que el fenómeno se haya desarrollado más agudamente en ciudades industriosas para luego extenderse en una metástasis por todo el territorio nacional de la mano del aumento de la violencia del crimen organizado y la militarización del país bajo la supuesta guerra contra el narco -misma que ha mantenido con el despliegue de la Guardia Nacional el gobierno de AMLO-, que permitió la asociación de los cárteles del narcotráfico y redes de trata con dichas fuerzas armadas y con el Estado. Como decíamos, las principales víctimas son mujeres pobres y trabajadoras, de las periferias y zonas de más bajos recursos, donde la descomposición social es mas profunda.

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A pesar de la evidencia de que la militarización potenció el feminicidio y la extensión de las redes de trata, la política del gobierno -al igual que los anteriores -, continúa la impotente medida de buscar “reforzar la seguridad” con las fuerzas armadas, estrategia ya probada como impotente para frenar la violencia. Pero también continúa bajo el paradigma de punitivismo y la lógica del castigo, poniendo el énfasis en aumentar las penas y judicializar los casos individuales de violencia, y no en un plan integral de prevención de la violencia, que ataque las causas estructurales que constituyen a las mujeres, particularmente pobres, trabajadoras, migrantes y trans, como grupos vulnerable.

La urgencia de una política preventiva la demuestra el aumento de violencia durante la pandemia, producto de las condiciones de hacinamiento, desocupación y aumento de la pobreza que significaron los millones de despidos que el gobierno permitió a las patronales durante la misma, y que profundizaron los efectos de la crisis económica que ya, de por sí, había aumentado la carestía de la vida. Solo en este año, las violaciones aumentaron un 30% y en la mayoría de los casos las víctimas tuvieron que seguir viviendo bajo el mismo techo que sus violadores.

Lejos de garantizar un aumento salarial de emergencia que cubra la canasta básica y aumente según la inflación para cortar con la dependencia económica de las mujeres, implementar programas para el libre tránsito de la población migrante y permitir que las mujeres migrantes tengan acceso a trabajos dignos, o destinar más presupuesto a los refugios transitorios para víctimas de violencia, el gobierno de AMLO ha duplicado el presupuesto para las fuerzas armadas, que hoy alcanza los 148 mil millones de pesos más la promesa de aumentar 50 mil millones al de la Guardia Nacional. Están claras las prioridades, mayores privilegios para los cuerpos represivos que protegen la propiedad privada, reprimen a quienes luchan y garantizan el despojo de recursos y territorios a los pueblos, mientras hay más miseria y violencia para las grandes mayorías pobres y trabajadoras, de las que las mujeres se llevan la peor parte.

Además de destinar el presupuesto de las fuerzas armadas a financiar un plan de emergencia contra la violencia, podrían destinarse los recursos de las Iglesias, como sus bienes inmuebles, implementar impuestos progresivos a las grandes fortunas o dejar de pagar la ilegítima deuda externa para invertir en educación, salud, vivienda, acompañamiento psicológico y jurídico y garantizar trabajo digno para evitar que una mujer más sufra violencia económica, piscológica o física debido a la dependencia frente a los varones.

El combate a la violencia requiere, en primer lugar, condiciones materiales mínimas para evitarla. Por eso, es necesario desarrollar un movimiento de mujeres que se organice de manera independiente al gobierno y los partidos del régimen, de las Iglesias y de las burocracias sindicales cómplices de los ataques a las condiciones de trabajo y al salario. Que pelee por estas medidas y por todos los derechos, como al aborto legal, libre, seguro y gratuito, y que identifique en este sistema económico y político y quienes lo defienden, las bases de la preservación de la opresión patriarcal, buscando acabar con el Estado capitalista y transformar de manera revolucionaria esta sociedad de miseria y violencia para construir un mundo más justo y equitativo. En esta tarea, todes les oprimides del mundo son aliades, tanto como aquellos millones de personas que coforman las filas de una potente, diversa, multiétnica y profundamente feminizada clase trabajadora que tiene todo por ganar.

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