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Red Internacional

Este año, el gobierno del Estado de Yucatán, en complicidad con los charros sindicales de distintas dependencias, llevaron adelante un reforma al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) que viola nuestros derechos laborales y humanos. ¿Qué modificaron?

Lunes 14 de noviembre | 17:12
  •  Incrementa los años de servicio de 30 a 35.
  •  Establece como edad para jubilación 65 años.
  •  Incrementa gradualmente el monto de las aportaciones del trabajador al instituto del 8 al 15% quincenal.
  •  Aumentan los años de servicio a 20 en vez de 15 y edad de 60, en vez de 55 para pensión voluntaria.
  •  Establece un salario regulador que se incrementará anualmente de acuerdo al índice de precios y cotizaciones tanto para cálculo de pensiones como para incrementos anuales de jubilados y pensionados. No mencionan que sea la unidad de medida y actualización (UMA), sin embargo este índice de precios y cotizaciones es determinado por el Inegi y define el incremento anual de la UMA.
  •  El salario regulador establece el monto de la pensión y equivale al 85% del promedio de los últimos 20 años, en vez de lo que establecía la ley anterior que era el 100% del promedio de los últimos 2 años, disminuyendo drásticamente nuestros ingresos.
  •  Disminuye la pensión a los viudos, en un período de 6 años, al 50%.
  •  Un viudo no tiene derecho a pensión si el trabajador se suicida, siendo que la depresión es una enfermedad.
  •  Los viudos también pierden la pensión si contraen nuevamente matrimonio o viven en concubinato, condenándolos a una vida en solitario.
  •  Un trabajador pierde su pensión si no se somete a revisión o tratamiento médico solicitado por el patrón y la recupera si acata someterse a este control médico sin devolución de las cuotas retenidas. Este punto atenta profundamente contra el derecho de decidir qué tratamiento tomar para una enfermedad terminal o si deseo una muerte anticipada, coartando la libertad de elegir sobre la propia vida y la muerte.
  •  Continúa el gobernador como presidente de la mesa directiva sin establecer ningún candado para que no haga uso indebido de los recursos de los trabajadores, como siempre han hecho los gobernadores en turno.

    Todas estas medidas afectan enormemente a los trabajadores, mientras que el sindicato y los diputados, representantes que supuestamente deberían de velar por nuestros intereses, plantearon que todo esto es en nuestro beneficio, aun sabiendo cuando aprobaron esta ley, que nuestro futuro será gravemente afectado, con lo que demuestran que en realidad defienden los intereses de los empresarios y no los de los trabajadores.

    Ante este atropello a los derechos adquiridos, los trabajadores de los distintos sectores afectados hemos alzado la voz en constantes manifestaciones, exigiendo ser escuchados.

    Solicitamos un referéndum que nos fue negado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC). Realizamos acciones de inconstitucionalidad ante Derechos Humanos tanto estatal como federal y únicamente tres puntos están siendo revisados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mínima parte de los afectados pagamos amparos personales que esperemos prosperen y nos den la oportunidad de quedarnos en la antigua ley, aunque estamos conscientes de que no es suficiente, pues el ataque avanzará sobre las nuevas generaciones.

    El gobernador no cede un milímetro y mantiene su postura cerrada e impositiva, comprando voluntades de todos los funcionarios e instituciones, aumentando el enojo e indignación de la clase trabajadora, quienes cada día nos unimos y organizamos más en la defensa de nuestros derechos.

    Seguimos la lucha con paso firme, sabemos que solo la unidad podrá detener este ataque contra los trabajadores para poder abrogar esta injusta ley.


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