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Red Internacional

DERECHO A VIVIENDA DIGNA.Ciudad Juárez: las empresas y Estado lucran con el derecho a la vivienda

Empresas privadas y funcionarios públicos lucran con la necesidad y con el derecho a la vivienda de las y los trabajadores, utilizando licitaciones públicas para enriquecerse a costa de dejar a muchos en la calle o venderles s malas construcciones.

Jueves 20 de mayo | 15:47

Breve situación de la vivienda en Ciudad Juárez

En 2017, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), había una cifra de 115,000 viviendas en zonas inhabitadas, producto de la inseguridad generada por las propias autoridades y como una herencia frente a la militarización del país, así como la impunidad de funcionarios públicos.

Por lo que desde ese entonces algunos grupos de personas tenían por fin recuperar la infraestructura que se encuentra abandonada, pues ha albergado a familias que no tienen asegurado el acceso a la vivienda. Las zonas que se han abandonado son exclusivamente barrios de trabajadores.

Sin embargo, aun en esas condiciones de abandono, estas viviendas han representado la única opción de contar con un techo, para familias trabajadoras que padecen la precarización laboral y de sus vidas, y/o para quienes se dedican al comercio informal, casos en los que no pueden obtener un crédito de vivienda ya sea porque no son considerados trabajadores o porque su salario es demasiado bajo para solicitar un crédito hipotecario, que además tardarían hasta treinta años para poder liquidar si lo obtuviesen. Es decir, una práctica sistemática de negativa de vivienda, orilla a la sobrevivencia y a la ocupación de un lugar donde poder vivir, pero sin contar con el resto de los servicios que tendrían que estar garantizados para vivir dignamente.

Las problemáticas que detonan bajo estas condiciones de vida tienen que ver centralmente con deficiencias sanitarias y problemas de inseguridad, en una ciudad que ha sido de las más violentas. La inseguridad, justamente, ha generado el desplazamiento forzado interno de familias que huyen de ella, ante la impunidad y nulo acceso a la protección y la justicia. Además, la falta de empleo en el país, junto con la violencia creciente, ha orillado a familias enteras a migrar a Estados Unidos. A ello se suma la crisis económica, producto de la cual muchas familias han perdido sus empleos y se han visto obligadas a desplazarse en búsqueda de trabajo, o de plano no tienen con qué seguir pagando sus créditos hipotecarios, por lo que pierden la propiedad de la vivienda.

Lejos de garantizar casa, el Estado garantiza jugosos negocios a las constructoras

La población ha tenido que hacerse por sus propios medios de una vivienda, porque el Estado no la garantiza, ni el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pues ha privilegiado que las constructoras vayan adquiriendo terrenos a muy bajos costos para la construcción de viviendas en las que no se garantizan servicios públicos como alumbrado, luz, agua, internet, entre otros, y en zonas inseguras. Es decir, no hay planificación social de la vivienda para la clase explotada, solo se responde a la especulación, intensificada con las medidas neoliberales escondidas en tratados como en su momento fue el TLCAN.

Estas son las viviendas que se edificaron para las y los trabajadores, que le otorgó el estado a las empresas privadas la concesión de su construcción, pero incluso se construyeron más de las que se necesitaban pero contradictoriamente mucha gente no cuenta con un hogar digno.

Entre los ejemplos de cómo el estado beneficia a las empresas se encuentra el de empresarios vinculados al director con licencia de Obras Públicas de Juárez, Gerardo Silva Márquez, que obtuvieron contratos millonarios para construir “cuartos contra el hacinamiento”, sin embargo, las zonas que se utilizaron se inundaban y se encontraban en fallas geológicas. Pese a esta situación, la empresa Compañía Constructora Fronteriza, percibió más de 14 millones de pesos por las obras de una construcción de 192 cuartos.

Otro ejemplo escandaloso, en el que está involucrado también Gerardo Silva Márquez como apoderado de la empresa Desarrollos Alianza, -propiedad de Hugo Alonso Venzor Arvizo, funcionario público por el PRI y afiliado hoy a Morena-, es que esta empresa también obtuvo recursos por más de 27 millones de pesos para construir cuartos en zonas de atención prioritaria. Es decir, se trata de funcionarios que utilizan el servicio público directamente para enriquecerse y favorecer a sus amigos del rubro.

Ante estas obscenidades amparadas por el estado, lo peor ha sido que la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado graves irregularidades en estas construcciones, las cuales consistían en que se realizaron muy pequeños espacios y sin servicios públicos, pero que para obtenerlos implicaba que el trabajador realice pagos adelantados a empresas y particulares, cuando las construcciones aún no estaban listas.

Las malas construcciones y obras de estas empresas que ganan licitaciones públicas, han sido denunciadas por los vecinos de Juárez en múltiples ocasiones, pero estas denuncias es muy difícil que sean tomadas en cuenta dado el perverso entramado entre estado y empresarios, tal como ocurre con la obra de la segunda ruta troncal (BRT-2) en el cruce de avenida Tecnológico y calle Nueva Zelanda, donde quedó evidencia que la constructora que tiene dicha concesión reducen la calidad de los materiales de las obras, para lucrar hasta con el último centavo.

Pero, no estamos condenados a soportar este nivel de corrupción cuando se trata de obtener una vivienda digna para nuestras familias, o bien a pagar altísimas rentas a expensas de ser desalojados cuando nos despiden del trabajo y ya no podemos pagar por esos espacios.

Por el contrario, frente a esa situación los socialistas tenemos las siguientes salida:

1.- Que sea el Estado el responsable de construir las casas de interés social para los trabajadores mediante el FOVISSSTE y el Infonavit como ocurría antes, para acabar con el negocio voraz de las empresas inmobiliarias y la especulación que estas hacen con la venta de casas habitación.

2.- Expropiación de las empresas inmobiliarias y de las casas abandonadas, que la edificación de domicilios se haga por empresas del Estado bajo control y planeación de los trabajadores, con todos los derechos laborales para obreros encargados de la construcción.

3.- Que el diseño de las unidades habitacionales, donde se construyan además de casas, escuelas, parques, centros deportivos y centros de abastecimiento, sean hechas con los más altos estándares de calidad y acordes a las necesidades sociales.

4.- Que el Estado otorgue créditos baratos a la clase trabajadora, para la adquisición de casas, sin mediación alguna del sector privado, y que las viviendas sean de bajo costo, acorde a las posibilidades de las familias humildes.




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