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Red Internacional

Latinoamérica. Chile: el futuro gobierno de Boric ¿desde la Concertación hasta los movimientos sociales?

Siguen las negociaciones para conformar el próximo Gobierno de Gabriel Boric. De fondo hay un “pacto de gobernabilidad” entre Apruebo Dignidad y los partidos de la ex Concertación. Esto se traducirá no sólo en el Gobierno, sino también en una negociación para dirigir la Cámara de Diputados y la propia Convención Constitucional que está próxima a elegir a la nueva presidencia y demás autoridades.

Fabián Puelma@fabianpuelma

Viernes 31 de diciembre de 2021 | Edición del día

El Partido Socialista ya estaría dentro del Gobierno. Según el diario digital chileno "El Mostrador", la propuesta que más apoyo genera es la de trabajar con un “sistema de anillos” que permita a los partidos acceder a distintas cuotas de poder. El Partido Socialista sería el partido privilegiado de la ex Concertación. El nuevo presidente electo ya se juntó con su directiva.

Esto generó el “desaire” de partidos como el PPD (Partido por la Democracia -de centroizquierda. Ricardo Lagos, ex presidente de la ex Concertación fue su fundador-) que exigió reunirse con Gabriel Boric. El presidente electo accedió y adelantó su regreso a Santiago para hoy 31 de enero, como gesto político. La Democracia Cristiana, por su parte, se debate en si debe llamarse oposición o ser un “colaborador” al gobierno.

En la Cámara de Diputados todos los partidos de la ex Concertación se unieron para negociar en bloque con Apruebo Dignidad. A cambio de votar a Karol Cariola como la presidenta de la Cámara, exigen que se les otorgue 3 años de presidencia a ellos. En la derecha también hay reorganizaciones (y recriminaciones). La pregunta que se hacen los dueños de Chile es cómo se deberá gobernar el país luego de los diversos resultados electorales, y por eso se intensifican las negociaciones, las repartijas de cargos y la exigencias de “señales de moderación” por parte de Gabriel Boric.

En esa tónica, el presidente electo se reunió con Ricardo Yáñez, Director General de Carabineros, hablando de necesidad de “reformas”; no “reestructuración” ni mucho menos “refundación”. Inmediatamente después, Giorgio Jackson negó que el nuevo Gobierno busque quitarle privilegios a Carabineros y Fuerzas Armadas.

¿Las dirigencias sociales se sumarán al “pacto de gobernabilidad”?

Pero no sólo Apruebo Dignidad y la ex Concertación. También se habla de integrar a dirigentes de organizaciones como Ukamau, Colegio de Profesores, No+AFP, Modatima (Movimiento por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente), entre otras. Jorge Sharp (alcalde de Valparaíso) insistió en este punto, al plantear que el “campo de los independientes, de los movimientos sociales, de los pueblos originarios, de los territorios, de la organizaciones comunitarias que se movilizaron electoralmente en masa por el Presidente electo”, deben colaborar y deben ser incluidos en el esquema de Gobierno.

Sharp dijo que no se podía “mandar a la gente a la casa” como hizo Aylwin en el ’89. Pero justamente lo que hizo la Concertación fue un “pacto de gobernabilidad” con organizaciones como la CUT (Central Única de Trabajadores) para asegurar la “paz social”. Gabriel Boric para gobernar apostará por “moderar las expectativas” y por pasivizar y contener las movilizaciones. Para eso ya cuenta con la colaboración de las dirigencias y burocracias sindicales y de las “organizaciones sociales” oficiales.

La derecha avanzó en la Cámara de Diputados y buscará limitar cualquier tipo de reformas. Para eso está abierta a discutir un “pacto tributario” como planteó Chahuán, presidente de Renovación Nacional, o negociar con el Gobierno como planteó Mario Desbordes ex carabinero de la derecha liberal. Están dispuestos a definir un “pacto tributario”, a cambio de que sea limitado y gradual y extender los pactos de invariabilidad tributaria con las grandes mineras. A su vez, los grandes empresarios siguen presionando por mayores restricciones fiscales, a lo que Gabriel Boric ya se comprometió.

Hipotecar la independencia política del movimiento sindical y las organizaciones sociales significa debilitar la lucha contra quienes quieren enterrar las demandas de la rebelión de octubre. Para enfrentar a los grandes empresarios y conquistar demandas urgentes como la rebaja de la jornada laboral, subir el sueldo mínimo, el aborto libre, legal, seguro y gratuito, necesariamente habrá que organizarse y luchar de manera independiente al Gobierno.

Eso significa prepararse y organizarse desde ya para luchar por demandas como la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre trabajadores ocupados y desocupados sin rebaja salarial, un sueldo mínimo igual a la canasta familiar y que se reajuste según la inflación. Por el derecho elemental a la interrupción voluntaria del embarazo, en forma segura y gratuita. Por supuesto las AFP, salud y educación públicas y gratuitas, partiendo por la liberación efectiva de las y los presos de la revuelta y desmilitarización del Wallmapu.

Para las grandes mayorías populares en Chile, es clave avanzar en la conquista de estas demandas para ir también hacia la nacionalización de los recursos bajo gestión de trabajadores y comunidades y terminar con el saqueo y la destrucción del medio ambiente, en la lucha contra los grandes capitalistas y por un gobierno de las y los trabajadores.

Diversas organizaciones han presentado sus demandas a la Convención Constitucional a través de las “iniciativas populares de norma”, como el proyecto de “nacionalización de la gran minería del cobre, del litio y del oro”, el de “vida libre de violencia para mujeres, niñas y disidencias sexo genéricas”, la propuesta de los encuentros del Eje Sindical Constituyente o de la Coordinadora No+AFP.

La campaña de firmas debe ser el primer paso para impulsar reuniones y coordinadoras en lugares de trabajo, estudio y territorios, abiertas a todas y todos los activistas y organizaciones.




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