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Red Internacional

AMLO vs SCJN.Castigo a la pobreza: prisión preventiva y la Suprema Corte

La SCJN declaró inconstitucional la reforma del ejecutivo federal que ampliaban los delitos a los que se les podía aplicar la prisión preventiva, sin embargo, esto no resuelve el fondo del asunto, pues la cuestión es el incremento de la desigualdad social.

Jueves 28 de octubre | 00:20

En México, en promedio, se encarcelan 300 personas al día, lo que genera hacinamiento en los centros penitenciarios y, por ende, violaciones a los derechos humanos. El discurso dominante afirma que en el país hay un alto índice de impunidad, es decir, se castigan poco los delitos, pero, entonces ¿cómo explicar esté alto índice de reclusión?

Una posible respuesta, es que los delitos de alto impactos (crimen organizado, evasión fiscal, defraudación, etc.) están prácticamente fuera de la mira de la justicia burguesa, pero los responsables de delitos menores (robo callejero, por ejemplo), son los que se buscan puntualmente y apresan.

Lo que demuestra lo falaz del argumento que afirma que aumentando las penas carcelarias se pueden disminuir los delitos. Esta ampliamente estudiado que el incrementar los años a las penas no evita que se comentan crímenes, por ejemplo, desde hace sexenios se imponen castigos más duros a los delitos del narcotráfico y estos no desaparecen, por el contrario, aumentan.

Los detenidos son, por lo general, gente joven perteneciente a familias pobres y trabajadoras . La mayoría, son personas que, por sus condiciones materiales y culturales, no contaban con la posibilidad de conseguir trabajos estables. En resumen, son seres humanos que viven en la completa marginalidad y precariedad.

La receta de siempre: el punitivismo

Aunque su discurso podría indicar otra cosa, el hecho es que el gobierno de la 4T continuó el camino de los que lo antecedieron, pues para enfrentar el problema del crecimiento de la delincuencia, el gobierno impulsó una reforma en materia penal para darle un carácter más represivo. Específicamente, se modificó el artículo 19 de la Constitución que permitió el encarcelamiento ‘preventivo’ a 10 delitos, el doble de los que se permitían antes. Hoy la prisión preventiva oficiosa acepta encarcelar con solo una denuncia por robo. El resultado, según distintos medios de comunicación: 130 mil detenidos en dos años, y esto, tan solo en 21 estados que fueron los que aceptaron hacer públicas sus estadísticas.

Algunas de las consecuencias más nefastas de la “prisión preventiva” es mantener a miles de internos e internas encarcelados por años sin haber sido condenados, lo que atenta abiertamente contra el principio de presunción de inocencia. A su vez, las cárceles, se han convertido en centros de concentración de pobres, que al no poder pagar una defensa adecuada o no contar con los contactos políticos necesarios, fueron recluidos bajo la lógica de “son culpables hasta que se demuestre lo contrario”.

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El populismo de la Suprema Corte

Por su parte, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon estas reformas como inconstitucionales, argumentando que van en contra de los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México. En palabras llanas, los jueces no pueden encerrar a una persona vía prisión preventiva para los delitos incluidos en la reforma, aunque aún sí puede encarcelar sin pruebas suficientes por ciertos delitos.

Esta decisión de la SCJN que muchos consideran progresistas, tiene importantes limitaciones porque los tribunales aún pueden mandar detener en automático, con base en al menos 10 artículos, a una persona con fundamento en una “sospecha razonable”. En el fondo, la SCJN no quiso prohibir la “prisión preventiva” porque significaría un enfrentamiento directo con el gobierno federal. Mientras que, para realmente respetar los derechos humanos la única salida es la exclusión total de esta figura legal, no hay medias tintas.

Para finalizar, el presidente de la república se quejó de la medida de la SCJN, ya que, según él, las reformas buscaban perseguir a los grandes evasores fiscales, no obstante, no es necesaria una medida punitiva como esta, pues sería más que suficiente congelar cuentas y confiscarlas sin indemnización a todo gran contribuyente que evadiera impuestos, pero como hemos visto, en el gobierno de la 4T a los aliados no se les investiga, como Carlos Slim o Salinas Pliego, que según información de los “Pandora papers” esconden enormes fortunas para no pagar contribuciones.




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