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Red Internacional

Guardia Nacional. CNDH avala militarización y justifica uso de medidas "no convencionales"

La CNDH no interpondrá ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la militarización de la Guardia Nacional.

Miércoles 14 de septiembre | 15:08

Este martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra Ibarra emitió un comunicado con motivo del cambio de mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. En este documento, el organismo avaló el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, un retroceso en la lucha en contra de la militarización y por obtención de verdad y justicia para las víctimas de la violencia en el país.

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A lo largo de casi veinte páginas, el organismo presuntamente autónomo respaldó y justificó la política de seguridad militarista de la 4T. Aseguró que "la emergencia merece una respuesta contundente" y mencionó un estado de "excepcionalidad" que, para la Comisión, justifica el uso de fuerzas militares, así como de medidas "no convencionales".

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Con un discurso polarizante, la CNDH limitó las opciones a dos: o se está a favor de la militarización en aras de la "seguridad" o se es "el enemigo", una posición que ha provocado alarma en organizaciones independientes de defensa de Derechos Humanos. No sólo porque el contenido de este comunicado contraviene un sinnúmero de recomendaciones en la materia a nivel nacional e internacional, sino porque revela el verdadero carácter de este órgano que, desde su creación, ha funcionado como cortina de humo para presentar al gobierno como preocupado por los DDHH, desviar el descontento de las víctimas hacia salidas institucionales y avalar políticas y medidas antiobreras. Ha avalado la violencia contra los migrantes y respaldó aspectos clave de la llamada "Verdad Histórica" en el caso Ayotzinapa, hoy desmentida.

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A pesar de lo evidente, la CNDH insistió en que no se trata de la continuidad de políticas de militarización de gobiernos anteriores y apeló a la construcción de un "marco legal" que regule la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles.

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