Internacional

DERECHOS HUMANOS

Bolivia da inicio a la investigación por las masacres de Senkata y Sacaba

Este lunes llegó a Bolivia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la CIDH para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. La CIDH en un primer informe calificó de masacres a lo ocurrido en Sacaba y Senkata. El martes detuvieron al Comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar, por la Masacre de Sacaba.

Martes 24 de noviembre de 2020 | 23:29

El lunes llegó al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) convocado por la CIDH con el objeto de investigar las jornadas de violencia que se vivió en el país durante los últimos 4 meses del año pasado. Su llegada generó expectativas donde incluso el representante de la centro-derecha, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, manifestó que espera que el trabajo de esta comisión sea verdaderamente independiente ya que según él eso demostrará que en Bolivia no hubo golpe de Estado sino una verdadera rebelión popular.

En una conferencia de prensa se presentaron los miembros de este equipo e informaron que su mandato será investigar los casos de “asesinatos individuales o colectivos; desaparición forzada de personas; tortura; detenciones irregulares o arbitrarias; actos de racismo o discriminación; lesiones a la libertad de expresión; persecución judicial o extrajudicial; incendio y destrucción de propiedad pública o privada; y, amenazas y hechos afines o similares cometidos en el curso de las tensiones socio-políticas, protestas y movilizaciones sociales”.

El GIEI está integrado por 6 profesionales independientes de distintas nacionalidades. Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez de Argentina, Julián Burger de Inglaterra, Marlon Alberto Weichert de Brasil, Magdalena Correa Henao de Colombia y Jaime Vidal de Chile. Este último es el secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia y estará a cargo del equipo técnico que trabajará para esta comisión.

Las fechas que contemplará la investigación son desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, y la misma tendrá una duración de seis meses, pudiendo ampliarse ese plazo. El GIEI–Bolivia brindará avances parciales y un informe final de la investigación al Estado boliviano con sus respectivas recomendaciones. Hay que señalar que el periodo seleccionado para la investigación, que retrocede en más de dos meses a la fecha en que se consumó el golpe de Estado, es una concesión al bloque golpista que busca atribuir las muertes que se dieron en Montero (Santa Cruz) así como la “emboscada” de Vila Vila (carretera Potosí – Oruro) a un “plan criminal” del ex Gobierno de Evo Morales, convirtiendo de esta manera el golpe de Estado en una “rebelión popular”. La derecha pretende ocultar que los dos fallecidos en Montero, fueron el resultado de la llegada de los paramilitares de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) a esta localidad para garantizar el paro cívico por la fuerza. La población tuvo que defenderse de la violencia de la UJC y de la complicidad policial. El comité cívico buscaba alentar esta violencia como condimento del golpe de Estado en marcha.

El GIEI va a tener la libertad de convocar y acudir a todas las fuentes que consideren pertinentes para su investigación. Es decir, no tendrán restricción alguna para convocar a quiénes vean conveniente hacerlo para documentar su informe.

También hay que decir que uno de los miembros de la comisión, el brasileño Marlon Weichert, remarcó el carácter independiente de su equipo de trabajo. Si bien este equipo fue seleccionado por la CIDH esto no significa que su trabajo y la evaluación que hagan en el país responda a esta institución sino que será a título personal. En palabras de Wichert “Este (el equipo GIEI) es un grupo de independientes seleccionados por la CIDH, pero actuamos en nombre personal no representamos a nuestros estados de origen, tampoco a la CIDH, somos un cuerpo con independencia”

A tiempo de la llegada del GIEI, el ministro de Justicia, Iván Lima, así como el Canciller, Rogelio Mayta, señalaron que la investigación de la Fiscalía sobre las masacres y los casos de tortura van a continuar desarrollándose. Es decir, que la llegada del GIEI no va a significar que estos procesos se paralicen. Sin embargo hay que decir que a un año del golpe hasta la fecha la Fiscalía viene cerrando las denuncias por tortura sin haber llevado ningún acto de investigación. Así mismo llama la atención que el Gobierno del MAS siga manteniendo en la cárcel a Facundo Molares quien tuvo que ser internado de urgencia debido a su grave estado de salud al que lo condujo los malos tratos del Gobierno de Áñez que ordenó su detención por su pasado como integrante de las FARC colombianas, a pesar de que nunca se probó que haya cometido ningún delito, ni haya participado de ningún hecho ilegal.

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Sin embargo, en la tarde de hoy, se conoció la orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba y general de Brigada Aérea, Alfredo Cuéllar, después de que éste militar prestó su declaración por la masacre de Huayllani, en Sacaba (Cochabamba).

Es fundamental que se desarrolle la investigación de estos crímenes de lesa humanidad que han dejado a varias familias en luto, a muchas otras con graves lesiones a causa de la brutal represión policial y militar. De la misma manera investigar los casos de torturas y vejaciones de las que han sido objeto personas en su condición de detenidos por parte de efectivos policiales y que sus procesos investigativos están a punto de extinguirse por omisiones del Ministerio Público. Así mismo se debe investigar y dar con los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato del periodista argentino Sebastián Moro que es también una de las víctimas del golpe de Estado.

Más allá de las declaraciones emitidas por el ministro de Justicia, Iván Lima, cuando señala que “Es un compromiso del gobierno de Bolivia que los archivos de las Fuerzas Armadas, los archivos de la Policía, y de todos los órganos de la justicia y el Ministerio Público sean accesibles para su trabajo” se debe estar atentos ante cualquier tipo de obstaculización que se pueda producir desde el Gobierno y los aparatos represivos del Estado que tenga la intención de solapar cualquier responsabilidad que exista por parte de uniformados militares y policías independientemente de su grado.

¡Exigimos juicio y castigo para todos los responsables de las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo!
¡Exigimos juicio y castigo para todos los responsables de las torturas!
¡Exigimos reparación y resarcimiento para todas las víctimas de tortura y para los heridos por la represión policial y militar!
¡Exigimos libertad plena para todos los detenidos y procesados!.






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