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Red Internacional

MILITARIZACIÓN. Ayotzinapa, piedra en el zapato de la 4T y su Guardia Nacional

El agravio de lesa humanidad por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está resultando un problema estratégico para AMLO y su pretensión de recomponer la imagen del Ejército para así delegarle tareas centrales de su gobierno.

Martes 22 de diciembre de 2020 | 17:08

Después del hallazgo de los restos óseos de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, el primer identificado en 6 años, así como la detención en noviembre del capitán Martínez Crespo, vinculado al caso, queda abierta una interrogante: ¿Cuál ha sido el verdadero papel de los militares en el caso Ayotzinapa?

A dos años de iniciado el gobierno de la 4T y pese a las promesas de justicia y transparencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, las investigaciones siguen con excesiva lentitud para revelar el verdadero papel que jugó el ejército mexicano en el ataque contra los estudiantes normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Está confirmada la participación de las policías de Iguala, Cocula y otros municipios del estado de Guerrero, quienes, coludidos con el grupo criminal “Guerreros Unidos” atacaron a un grupo de normalistas en varios puntos de Iguala; los estudiantes habían viajado al municipio para tomar autobuses de la terminal y trasladarse luego a una marcha en Ciudad de México.

No obstante que, con la argucia de la “verdad histórica” declarada por Murillo Karam durante la administración peñista, se creyó que los militares habían intervenido marginalmente, en nuestros días -y después de la reciente detención del capitán José Martínez Crespo-, se duda por competo de la actuación marginal del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa -entre los que estaba por lo menos un soldado infiltrado [1]- como nos quisieron hacer creer.

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Dicha detención ilustra que la poca claridad en la participación del Ejército en el caso, obedece a la resistencia que ofrece dicha institución a ser señalada como actor de primer nivel en el secuestro y desaparición forzada de los jóvenes estudiantes. Así, la reclusión del capitán Crespo obedece a una acusación por un delito de delincuencia organizada, en donde, dos testigos lo acusan de ser parte de la red de “Guerreros Unidos”, y no por su participación en el caso Ayotzinapa. Uno de ellos, bajo el seudónimo de Juan declaró:

“Con el cambio de guardia en el Gobierno y la fiscalía, Juan se acercó a los investigadores y declaró que Crespo y su jefe, el coronel José Rodríguez, comandante del batallón de Iguala, trabajaban con la red criminal. Su testimonio fue clave para conseguir la detención del capitán. En el caso del coronel Rodríguez, que ya ascendió a general, la única acusación es la de Juan, de ahí que no se haya concretado su detención”. [2]

Hay que decir que, esta maniobra de sólo acusarlo por delincuencia organizada obedece a una negociación con el gobierno de la 4T. Su aprehensión, el 11/11/2019, fue reportada por la Agencia Proceso, notificando que pudo "confirmar que el militar detenido está acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada, por lo que la Policía Judicial Federal Militar cumplimentó esta semana una orden de aprehensión".

Dos días después su abogado declaraba a Proceso que Crespo en realidad se entregó previa negociación con la Fiscalía General de la República, para que sólo fuera acusado del delito de delincuencia organizada. Así, la 4T, mostraba su conformidad con que se evadiera toda acusación relacionada con su actuación en Ayotzinapa. [3]

Caso Cienfuegos

Del mismo modo, tenemos el caso del general Salvador Cienfuegos, quien ha sido señalado como uno de los principales responsables de algunos crímenes de Estado, con la participación del Ejército en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; en particular, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos y pese a que testigos, como evidencia, dejan claro que el Ejército participó con el batallón 27 de Iguala, en ningún momento se puso bajo investigación al organismo.

Como explicamos en una nota anterior, Cienfuegos no solo negó lo que para todos era evidente, sino que impidió que se investigara al Ejército. Así, en octubre de 2015 declaró:

“No puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”. Agregando además “yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales […] esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy.”

Cienfuegos, entonces salió a salvar a “sus soldados” para preservar al Ejército como institución y a su figura misma, con toda la prepotencia que ha caracterizado a esta institución desde los orígenes del PRI y que desde entonces no acata la ley civil, para evadir el castigo de los crímenes de sus soldados y oficiales.

Así, tras una enorme crisis abierta para el régimen mexicano, que fue cuestionado con multitudinarias movilizaciones que declaraban “Fue el Estado” las fuerzas armadas quedaban en el descrédito.

El gobierno de AMLO, consciente de esta situación intentó devolverles el prestigio discursivamente, diciendo que "las fuerzas armadas son pueblo" y creó la Guardia Nacional para brindar otra cara del mismo aparato represivo, -la prueba principal de esto es la persecución de inmigrantes en la frontera sur-.

Este respaldo presidencial valdría poco, pues el mismo Cienfuegos, ahora en el retiro, fue detenido en la frontera y acusado por nexos con el narcotráfico, generando una vez más un escándalo que enlodaba su trayectoria de cuando era jefe de la Sedena. AMLO, tuvo que movilizar su aparato diplomático hasta lograr que lo exoneraran mediante un acuerdo diplomático con EE. UU. Así, la 4T hace todo por salvar a su aparato represivo y nada por esclarecer sus crímenes, esa es la lectura que sacamos del estancamiento del caso Ayotzinapa.

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La lucha sigue

A 6 años de la desaparición y el asesinato de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, organizaciones políticas y sociales, activistas y familiares se manifestaron en una jornada de lucha, en donde, a pesar de la pandemia, miles de personas acudieron a seguir exigiendo verdad y justicia para los estudiantes. Mientras la marcha se realizó de manera pacífica, un gran despliegue policiaco del gobierno de Claudia Sheinbaum rompió la manifestación, encapsulando a manifestantes de manera violenta.

Por su parte Flora Aco, trabajadora reinstalada del sector estatal y aspirante a candidata independiente para una diputación federal por el distrito 23 en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, asistió el pasado 26 de septiembre, para apoyar y solidarizarse con familiares y amigos de los 43 Normalistas desaparecidos, desde donde mencionó que después de 6 años de los hechos, “se sabe que fue el Estado, de la mano de las fuerzas armadas los responsables de estos crímenes y que la justicia no vendrá de lado de los sectores del régimen, sino de la organización y movilización de sectores populares”.

Por la desmilitarización del país. ¡No a la Guardia Nacional, militares a sus cuarteles! Por la libertad de las y los presos políticos. ¡Juicio a los ex presidentes ya! y a todos los responsables intelectuales, materiales y políticos de sexenios pasados por crímenes contra el pueblo trabajador.






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