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Red Internacional

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal exige al gobierno AMLO que cancele el proyecto y que los 170 mil millones de pesos del presupuesto de este megaproyecto se destinen a atender la pandemia por covid-19.

Lunes 28 de junio | 21:51

“El presupuesto destinado a turismo y al mal llamado Tren Maya tuvo un incremento del 700% en comparación con el 2020, mientras que el sector Salud tuvo un incremento del 9.1%”, acusan desde esta Asamblea. “Así de lamentable es la austeridad republicana que limita el acceso a la salud como un derecho consagrado en el artículo 4 constitucional, pero da rienda suelta con el presupuesto en beneficio de empresas y consorcios que construyen su tren al que le han mal llamado maya”, señalan.

Se trata de un legítimo reclamo que pone por delante las necesidades sociales en el marco de la crisis sanitaria cuyo fin no está a la vista.

Las y los integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Maya Múuch Xíinbal denuncian también que en la ruta del tren se hallaron hasta ahora más 10 mil vestigios arqueológicos, ante lo cual denuncian que hay un manejo poco transparente de las piezas encontradas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Este manejo poco transparente del destino de las piezas que nos han dejado nuestros antepasados, nos recuerda la quema y destrucción de más de 5 mil piezas pertenecientes a nuestra cultura ocurrido en el convento de Maní en el año de 1562, como castigo a los mayas rebeldes que no aceptaron al nuevo Dios”, cuestionan.

Exigen desde este organismo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que hagan pública toda la información y que dejen de engañar y manipular a las comunidades con “una falsa idea de justicia social y bienestar”, puesto que “los 19 polos de desarrollo que se tienen programados no incluyen la participación de las comunidades mayas más que para despojarlos de sus tierras”.

Reclaman que ya inició la especulación inmobiliaria y esto llevó a conflictos ejidales y amenazas a quienes rechazan la venta de todos sus ejidos, como sucede en Chun, municipio de Umán, en Yucatán.

Denuncian también graves amenazas contra integrantes del Colectivo Tres Barrios, del cual son parte familias de las colonias tradicionales Santa Lucía, Camino Real y La Ermita de la ciudad de Campeche que rechazan la “relocalización consensuada” para dejar paso a la ruta del tren, cuyas obras mantienen paralizadas con una serie de juicios de amparo impulsados para defenderse del desalojo forzado.

Responsabilizan al gobierno federal, ONU-Hábitat, a Fonatur y las empresas contratadas para negociar el pago de los terrenos, como Barrientos y Asociados S.A de C.V., “de las agresiones y amenazas que sufren las comunidades donde existe resistencia a la construcción del mal llamado tren maya”.

La propuesta de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal de que el presupuesto de este megaproyecto de AMLO se use para combatir la pandemia demuestra que es posible la unidad de pueblos originarios con la clase trabajadora, pues las y los de abajo quienes son más vulnerables ante la pandemia, y sobre quienes pesan despidos y recortes salariales aplicados en estos tiempos difíciles.

Cualquier megaproyecto debería ser planificado en función de las necesidades de la mayoría de la población, en consulta con comunidades y pueblos originarios que habiten en los territorios que se consideren los más aptos para las obras, y no al servicio de los intereses empresariales.




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