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Red Internacional

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, atacó el fallo de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de la penalización del aborto.

Joss Espinosa@Joss_font

Martes 14 de septiembre | 17:42

Luego de que la SCJN declarara inconstitucional la penalización del aborto en el país, el ataque reaccionario de la derecha conservadora y sectores de la iglesia no se ha hecho esperar. Esta vez es el caso del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien en la misa dominical de la Catedral de Puebla declaró que “se está legalizando el crimen contra los no nacidos”.

Nuevamente hacen alusión a la “protección de la vida desde la concepción”, argumento que ha sido ampliamente ocupado por las iglesias y sectores reaccionarios como un eufemismo para “contraponer” derechos y así criminalizar a las mujeres.

Aunque declaró que la iglesia, más allá del fallo de la SCJN, seguirá protegiendo a “la vida y la familia”, esto contrasta con las recientes declaraciones del sacerdote Lázaro Hernández en Monclova, Coahuila, que llamó a asesinar a las mujeres que abortan.

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El arzobispo también aseveró que, este mundo vive “la cultura de la muerte”, nuevamente señalamientos que solo se enfocan en criminalizar a las mujeres. Una “cultura de la muerte” que no le ha preocupado a la iglesia cuando se trata de defender crímenes de Estado, desapariciones y asesinatos desatados por las dictaduras militares en el cono sur y que fueron avalados por la iglesia católica. El falso discurso de la protección a los “más indefensos” se viene abajo con los múltiples casos de pederastia protegidos por la iglesia.

Estos sectores oscurantistas, siguen imponiendo este tipo de argumentos conservadores, aun cuando las organizaciones de mujeres han puesto sobre la mesa que la discusión no debería ser en torno a la “moralidad” del aborto, sino en torno a la vida de las mujeres que se exponen a abortos clandestinos.

Pese a que, en teoría se estipula la separación de la iglesia y el Estado, las organizaciones eclesiásticas siguen teniendo injerencia en la vida política del país, y sobre todo cuando se trata de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Esto se expresa en la presión que grupos de la iglesia de la mano de organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, o directamente con partidos políticos como el PES, han ejercido para aprobar candados contra el derecho al aborto, con reformas a las legislaciones que “defienden la vida desde la concepción”, o llamando abiertamente a denunciar a mujeres que aborten o personal médico que colabore en dichas prácticas.

Este poder de la iglesia no solo es ideológico, por parte del gobierno ha habido un apoyo a estos sectores con la apertura de espacios en radio y televisión, o con la alianza con el PES en 2018. Sumado a las fortunas que tiene en su poder la iglesia, mismas por las que no pagan impuestos ni por sus ingresos ni por los inmuebles que tienen, todo ello avalado por las instituciones del Estado.

Esta influencia y presión incluso se dicta desde el Vaticano, en el que el papa Francisco ha hecho un llamado al gobierno federal a no aprobar el derecho al aborto. De ahí que no es casual que el propio AMLO decida no pronunciarse en torno al fallo de la SCJN sobre el aborto, asegurando que “aunque se va a respetar la decisión” él “no va a tomar partido por el tema”.

Esto se expresa incluso en el nuevo fallo de la SCJN en el que avala la objeción de conciencia, que interpone la “libertad de creencia” a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La imposición del “derecho a la objeción de conciencia” ha sido también uno de los recursos impuestos por la iglesia para frenar nuestro derecho a decidir, y para que, aunque se estipule en la ley, no se garantice este derecho en las instituciones públicas.

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Ante esta terrible ofensiva por parte de la iglesia en contra de nuestros derechos, es clave que la lucha de las mujeres también tenga como exigencia la separación efectiva entre la iglesia y el Estado, y que estos no tengan injerencia en la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos.

El movimiento de mujeres debe impulsar una enorme campaña por el derecho a decidir, para arrancar de forma independiente al Estado y sus instituciones, y con la movilización, el derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito. Por ello, tomemos las calles este 28 de septiembre.




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