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Red Internacional

Edward de Ixtapaluca y Carla de Coacalco fueron localizados con vida porque sus comunidades organizaron rápidamente bloqueos de avenidas y protestas para su pronta aparición. Ambos casos son ejemplo a seguir dada la inacción, la complicidad de las autoridades y las violaciones a derechos humanos.

Miércoles 11 de mayo | 22:57

El 5 de mayo, la carretera federal y la autopista México-Puebla -principales vías de comunicación y acceso a la CDMX-, fueron bloqueadas durante 12 horas por más de 500 vecinos de la comunidad de Ixtapaluca, Estado de México, tras la desaparición de Edward de 9 años.

Lxs inconformes, encabezados por mujeres y madres de familia, quemaron llantas, bloquearon las carreteras y revisaron cada automóvil que circulaban en la zona en búsqueda del menor. Ante la acción de la comunidad que no cedió en ningún momento a las promesas en intentos de negociaciones para levantar los bloqueos, las autoridades del Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo tuvieron que movilizar a elementos de la guardia carretera y nacional, así como un helicóptero y revisar las cámaras de seguridad de la zona para localizar al menor.

Después de 12 horas de bloqueos y exigencias por la aparición con vida, el menor fue localizado en Hidalgo y logró regresar con su madre y familia. Solamente así se levantó el bloqueo carretero por parte de la comunidad de Ixtapaluca, mientras que las investigaciones apuntan hacia un posible caso de secuestro con fines de trata, en una zona donde abundan la marginalidad para familias pobres y trabajadoras.

Otro caso similar ocurrió días después en Coacalco, también en Estado de México. Tras el reporte de la desaparición de Carla, estudiante del Tecnológico Superior de Coacalco (TESCo), sus compañeras y compañeros de universidad junto a madres y padres de familia bloquearon la Avenida José López Portillo –una de las más importantes del municipio-, exigiendo su aparición con vida pese al acoso de la Guardia Nacional. Luego de 6 horas de bloqueo, la joven fue localizada en una plaza comercial que supuestamente ya había sido revisada por la policía, con lesiones, una crisis nerviosa y se sospecha que el secuestro también fue con fines de trata.

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Otro ejemplo sobre la eficacia de la movilización independiente en casos de desaparición es el de la maestra Laura Denisse. En octubre de 2020 la maestra fue reportada como desaparecida luego de salir del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” en la Ciudad de México. Inmediatamente sus familiares junto a madres y padres de familia de la secundaria No. 152 comenzaron su búsqueda en redes sociales y posteriormente bloquearon la calzada Zaragoza –una de las principales avenidas de la zona oriente de la CDMX-, advirtiendo que seguirían con las acciones hasta la aparición con vida de la maestra.

Laura Denisse fue localizada horas después en Veracruz, gracias a la movilización de familiares, docentes y comunidad educativa, que no confiaron en las autoridades hasta que Laura regresó con vida, aunque en mal estado de salud.

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La pregunta evidente es, ¿por qué las autoridades no movilizan todos sus medios y recursos en todos los casos de desaparición forzada? ¿Acaso nuestras vidas e integridad no son prioridad? ¿A quién o quiénes protegen?

Organización feminista, obrera y popular ante las desapariciones

Luego de 15 años de militarización del país, iniciada por los gobiernos del PAN y el PRI, pero continuada y profundizada con Morena y la 4T a través de la Guardia Nacional, las desapariciones forzadas –en muchos casos asociadas a las redes de trata con fines de explotación sexual o laboral-, no han disminuido sino todo lo contrario. Según el reporte de la ONU, hay casi 100 mil casos de desapariciones en todo el país desde 1964 hasta el 2022.

Esta tragedia no se explicar sin la complicidad de la policía, militares, marinos, Guardia Nacional, jueces y autoridades de los 3 niveles.

Los recientes casos de Ixtapaluca y Coacalco demuestran en los hechos, que la movilización independiente y la auto-organización de las comunidades son mil veces más efectivas que las investigaciones, protocolos y acciones de las autoridades. Sus estrategias de seguridad para combatir la violencia, solamente la ha profundizado y derivado en una severa crisis de derechos humanos desde el norte al sur del país.

Lo que prevalece es una justicia con filtro de clase y la impunidad en su más amplia expresión, sobre todo, cuando se trata de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas que provienen de familias pobres, migrantes, campesinas y trabajadoras.

Los ejemplos de Ixtapaluca y Coacalco debemos replicarlos a nivel nacional

Con la fuerza de las mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadoras y madres de familia –que han inundado las calles en los últimos años contra la violencia patriarcal-, es posible organizar una gran fuerza social que, por medio de Comisiones de Investigación Independientes y la movilización en las calles, logre traer de vuelta a las desaparecidas y desaparecidos.

Es momento organizarnos desde cada escuela, cada barrio, cada hospital, cada centro de trabajo, y también, desde todos los sindicatos que se dicen democráticos y solidarios con las causas sociales, como el SME, la CNTE, los telefonistas, STUNAM y mineros, por mencionar algunos casos.

Urge de que las direcciones de estos sindicatos pasen de las palabras a los hechos, y convoquen a asambleas y movilización desde las bases, exigiendo al Estado todos recursos humanos, financieros, políticos y materiales necesarios para la presentación con vida de las desaparecidas y desaparecidos.

¡Vivas y vivos se los llevaron, vivas y vivos los queremos!




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