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Red Internacional

El 11 de agosto, la Sría. de Medio Ambiente y Recursos Naturales decretó la emergencia por sequía extrema para el 2021, limitando temporalmente el derecho al agua para los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán y el Valle de México.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Miércoles 18 de agosto | 23:07

La emergencia por shttps://www.laizquierdadiario.mx/Se...equía extrema para el 2021 fue decretada por la Semarnat luego de que, a mediados de abril, el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) demostró que el 84.9 % del territorio nacional estaba afectado en algún grado por sequía.

Falta el agua y se encarecen los precios de los alimentos

Según información de Arena Pública, la calificadora Moody´s Investors Service advirtió en su reporte “Sequías y el estrés hídrico presentan cada vez más riesgos del clima físico” que durante al menos los próximos 10 años la falta de agua “ejercerá una mayor presión crediticia sobre los emisores de diferentes sectores” económicos del país.

Esto debido al alza de precios en los alimentos y materias primas, lo que afectará los costos de producción de las empresas y, sobre todo, los bolsillos de los trabajadores quienes ganamos sueldos miserables con los que no alcanza para cubrir la canasta básica, pues, desde marzo su precio alcanzó el mayor incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) con un 6.2 % de aumento.

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Los conflictos y la escasez que se agudiza en el país

La sobreexplotación de los mantos acuíferos y la sequía han llevado al país a una situación crítica de escasez de agua que ha mostrado a la población indígena y trabajadora la desventaja que tienen de acceso al recurso en comparación con las grandes empresas.

Las mineras y la industria de bebidas son las que más extraen agua y de las principales industrias que se verán afectadas por la escasez hídrica, lo que las forzará a aumentar la inversión de capital para asegurar su suministro y que puede agudizar las confrontaciones con las comunidades, quienes ven reducida su disponibilidad de agua para consumo doméstico y riego, además de dañar la estructura del suelo.

Por ejemplo, la industria Femsa con las marcas Ciel y Coca Cola, es la mayor embotelladora del mundo y de México, extrae 55 mil millones de litros de agua al año; seguida por Pepsico (E-pura), con 32 mil millones de litros y Danone (Bonafont) con más de 15 mil millones.

Esta última mantiene un conflicto en Puebla donde las comunidades indígenas de Puebla, Morelos y Tlaxcala, señalan el despojo de agua a sus comunidades por parte de Bonafont, cuya extracción de agua se ha visto relacionada con el socavón que apareció en Juan C. Bonilla, causado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos con base en un estudio preliminar del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De igual forma, se mantiene el conflicto contra la construcción de la presa “El Zapotillo” en Jalisco, donde las comunidades mantienen una lucha de más de 15 años.

Por otro lado, en un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se estima que el 38% de los proyectos mineros se ubican en zonas de acuíferos sobreexplotados, principalmente en los estados de Sonora, Chihuahua y Zacatecas, lo que ha motivado que el 11% de conflictos sociales entre los pobladores y los empresarios tengan como origen la disputa del agua.

Aunado al problema nacional por el agua, el pasado lunes 16 de agosto, el gobierno estadounidense declaró que la escasez de agua en el lago Mead provocará cortes en el suministro de agua, por lo que el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos se revisará con la finalidad de reducir el suministro que el país fronterizo solía destinar, lo que afectará a estados como Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Coahuila.

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Exijamos el derecho al agua, la vida y la salud

Ante la falta de agua en los hogares y espacios públicos urge unir esfuerzos de manera independiente de cualquier partido político al servicio de los empresarios, necesitamos organizarnos para que la gestión y el uso del agua estén en manos de las y los trabajadores y campesinos pobres junto a los pueblos originarios. La Conagua ha demostrado que su interés no es priorizar el consumo humano del agua y tampoco regula las concesiones que otorga a las grandes empresas lo cual permitiría evitar la sobreexplotación hídrica.

Con la vuelta a clases presenciales, en medio del tercer repunte de la pandemia y la falta de agua en al menos el 27 % de los planteles de nivel básico, requerimos que se priorice el acceso a este recurso en el ámbito educativo y de salud, que se respete el acceso como derecho humano y que se levante la emergencia por sequía que anula a la población de recibir este derecho fundamental para la vida y la salud.




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