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Red Internacional

Organizaciones ambientalistas como, advirtieron en un comunicado de prensa que se debe respetar el fallo del juez de cancelar las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, esto debido a que Fonatur y el gobierno estatal han llamado a una consulta popular en el ejido Jacinto Pat, donde denuncian que hay conflictos de intereses.

Lunes 6 de junio | 17:56

Tras el fallo de un juez federal que ordenó la cancelación de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya en el estado de Quintana Roo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales han convocado a una reunión informativa y consulta popular para avalar la permanencia del proyecto en la región en el ejido Jacinto Pat este 7 de junio.

Ante esto, organizaciones ambientalistas, como SOS Cenotes, la Selva Salva, Selva Maya SOS y Sélvame Del Tren advirtieron mediante un comunicado de prensa que esta consulta es violatoria a la legislación ambiental, debido a que en el ejido Jacinto Pat se encuentran sectores completamente a favor del proyecto y que a su vez las dependencias gubernamentales estarían provocando la confrontación entre los habitantes de la región.

De la misma forma este ejercicio no reúne las condiciones básicas según el convenio 69 de la OIT y pone en riesgo el derecho a la participación ciudadana por no ser un espacio neutral, a la vez que resulta violatoria al acuerdo de Escazú, del cual México forma parte y en el que establece el acceso a la información ambiental y a la participación ciudadana en la toma de las decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental.

A su vez, exigieron respeto a la suspensión definitiva del tramo sur otorgada por un juzgado al considerar el interés legítimo de los buzos que interpusieron el amparo para defender los ecosistemas, y que la autorización provisional que presentó Fonatur no cumple con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental mismo que es obligatorio al inicio de las obras.

Concluyeron señalando que las obras del tramo 5 no van a poder reanudarse ya que la ley de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no se podrán otorgar autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años.




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