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Red Internacional

Actualidad Nacional.  Alianza conservadora contra “decretazo” de AMLO

Frente al decreto presidencial que declara megaproyectos de “interés público y seguridad nacional”, legisladores de la oposición “Va por México” anunciaron que recurrirán a la SCJN para dirimir la controversia.

Jueves 2 de diciembre de 2021 | 22:37

Avisando que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN), repudiaron el último decreto presidencial que declara los megaproyectos como asuntos de “interés público y seguridad nacional”.

El decreto presidencial busca que cualquier obra de infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones y transportes en puertos, aeropuertos y ferrocarriles a cargo del gobierno tengan plenas posibilidades para realizarse como parte de la “preservación del interés público”. Esto implica que todas las concesiones de explotación de recursos naturales y de construcción de infraestructura estarían en condiciones de realizarse sin posibilidad de que los pueblos, comunidades y trabajadores afectados puedan evitarlo.

Nuevamente, la SCJN ocupa un rol mediador para dirimir las tensiones y diferencias de proyecto y perspectiva entre el oficialismo y la oposición conservadora. Además de recurrir a esta instancia, han exigido la intervención de la senadora y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que promueva una acción de inconstitucionalidad ante la medida del ejecutivo. Sin embargo, el temor por “las violaciones a la democracia” que señalan agudamente los conservadores, no es impulsada por una salida superadora que se incline a defender y garantizar los intereses de las grandes mayorías populares.

Por su parte, el gobierno busca que esta medida avance para evitar cualquier retraso en los planes y proyectos de infraestructura que prometió durante campaña y ha acordado con constructoras y empresas nacionales y extranjeras. Esto es fundamental en el marco de las elecciones presidenciales del 2024 y de los escándalos que pesan sobre los principales presidenciables del Morena, como el caso del colegio Rébsamen, que se desplomó durante el sismo del 2017 en la alcaldía Tlalpan y que señala como responsable directa a Claudia Sheinbaum, o de los daños en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, construida durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la capital.

A pesar de que, cínicamente, sectores de la oposición han denunciado que el decreto pasará sobre la decisión de pueblos y comunidades que se oponen a megaproyectos, no hay que olvidar que durante sus gestiones, todos los partidos que hoy se ubican desde la oposición, han replicado las mismas prácticas de despojo (como ha sido el caso de las obras del tren Toluca- CDMX o las obras del aeropuerto internacional en Texcoco).

Es evidente que, a pesar de sus discordancias con la 4ta transformación y con los planes del presidente, tanto oficialistas como conservadores buscan garantizar los planes del empresariado y preservar sus fortunas, como dos alas que representan los intereses de la patronal y los capitalistas.

Frente a las medidas del régimen que buscan otorgar más beneficios a los capitalistas, y frente a megaproyectos que no toman en cuenta los intereses ni voces de las grandes mayorías, hace falta un plan integral de obras públicas bajo control de las y los trabajadores, que no esté pensado en clave capitalista, y que más que buscar ganancias para unos cuantos empresarios que se benefician de favores políticos y nepotismo, realmente busque mejorar la vida de millones de personas de sectores populares y laboriosos.

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