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Red Internacional

Aprueba Congreso la reforma a las pensiones, con un tope máximo del 0.54% a las comisiones que cobran las afores sobre el saldo del trabajador.

Viernes 11 de diciembre de 2020 | 20:54

El pasado 9 de diciembre se terminó de aprobar por ambas cámaras legislativas la Ley de Pensiones en México, cuyo objetivo se dijo, “es compensar durante los primeros años la diferencia entre las aportaciones que reciben los trabajadores en la cuenta individual conforme al régimen vigente”, de ahí, el ligero incremento en la cuota patronal.

Descrita con ánimo recaudatorio por delante, debido a la necesidad de meter dinero a las arcas del estado, la reforma más allá de desaparecer las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores), busca el control de precios en ellas.

¿Cómo se reformó la Ley de Pensiones?

Recordemos que la iniciativa la mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso a finales de septiembre; mientras en el Senado se aprobó por unanimidad, la Cámara de Diputados la aprobó con 336 votos a favor, 123 en contra y 3 abstenciones. Cabe decir que el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentó discordia, aprobándose un tope máximo del 0.54% a las comisiones que cobran las afores sobre el saldo del trabajador.

“Este porcentaje es un promedio de los sistemas de capitalización individual de Chile (0.54%), Colombia (0.62%) y Estados Unidos (0.45 por ciento). Este punto ha generado tensión entre el gobierno y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro (Amafore) porque si bien se ha dado una reducción paulatina a lo largo de los años, en 1997 la comisión promedio fue de 14.95% y al 2020 es de 0.92 por ciento, bajarla 0.54%, generaría un impacto en la industria de las 10 afores con posibles quiebras o fusiones entre las mismas y por lo tanto perjudicarán al trabajador”, documentó la prensa nacional.

Si bien es cierto, el gobierno de la 4T, tomó distancia de sus predecesores los gobiernos del PRIANPRDismo, no deja de querer mezclar el agua con el aceite, al pretender empatar los beneficios económicos de las Patronales y Afores, junto con la complicidad de las burocracias sindicales, frente a los derechos laborales de las y los trabajadores, quienes estamos padeciendo la crisis con dobles y triples cargas. El discurso de AMLO con respecto a que con el régimen actual los trabajadores pierden es correcto, de la misma manera que sostener que existe el riesgo de que las y los trabajadores jubilados ni siquiera lleguen a un salario mínimo como pensión.

“Actualmente, la cuota que pagan trabajadores, empleadores y gobierno, corresponde a 6.5% del Salario Base de Cotización (SBC), mientras que con la reforma aumentaría gradualmente a 15% del SBC en un periodo de ocho años, del 2023 al 2030. También se propone reducir el número de semanas de cotización para tener de 1,250 a 1,000; en este sentido, la reducción de las semanas iniciará con la entrada en vigor de la reforma y paulatinamente bajará hasta llegar a las 1,000 semanas en el 2031”.

La derecha se agita y discursa temiendo la desaparición de las afores, una alcancía para financiar a la iniciativa privada y los fondos de inversión con los ahorros de los trabajadores para el retiro. No obstante, la respuesta de la administración actual fue la de aumentar la edad jubilatoria, algo que en su momento el presidente dijo rechazar, pero terminó doblando las manos, extendiendo la edad jubilatoria de los 60 hasta los 68 años, como se realizó con el “Censo para el Bienestar Social 2018”.

Cuando la Ley del 1973 era necesario cotizar 500 semanas o más, reconocidas al momento de retirarte, con las reformas a la Ley de 1997, se extendió a 1,250 semanas de cotización, lo que ahora se reduce a 1000, dando la posibilidad de que en el futuro inmediato las y los trabajadores necesitaremos alrededor de 20 años, para medio lograr dicha pensión. Siendo más sencillo observar el resultado del golpeteo político desde la derecha, las afores y las trasnacionales contra la administración actual al respecto, mismo que persiste para que las y los trabajadores destinen más de sus magros salarios para el aporte a las afores, extendiendo la edad jubilatoria de quienes con su trabajo generan toda la riqueza del país.

¿Cómo resolver la crisis de las pensiones a favor de las y los trabajadores?

Ante el nuevo cambio de la Ley de pensiones acudimos con la candidata independiente del Frente de Izquierda Anticapitalista (FIA), Flora Aco González, quien aspira a contender por una la diputación federal 23 correspondiente a la delegación de Coyoacán en la ciudad de México.

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Para ella, “ninguna de las propuestas emanadas del gobierno del Morena resuelve que, según datos de la OCDE, la aportación en México no rebasa el 6.5% del salario base, lo cual trae como consecuencia que, cuando el trabajador se retire, sólo reciba el 26.4% de su último salario”, explicó. Siendo realmente pocas las personas afortunadas en el país que acceden al sistema de pensión, teniendo, además en crecimiento al sector informal y a quienes están desempleados, o bajo contratos de simulación, llamados por honorarios, mismos que cada vez se incrementan, incluso en el sector estatal, excluyéndoles del “ahorro para el retiro”, como parte de sus derechos.

“La reforma no cambia de fondo el problema de que, con el sistema individual, los ahorros para las pensiones se utilizan para que fondos de inversión especulen y se enriquezcan mientras las jubilaciones se reducen cada vez más”, explicó la aspirante a candidata titular de la fórmula del FIA, joven trabajadora del sector estatal despedida por luchar por derechos laborales y reinstalada luego de la lucha gracias al apoyo y el respaldo de trabajadores y trabajadoras y organizaciones sociales y populares.

Es necesario que quienes laboran en el sector informal o quienes laboran bajo los mencionados contratos de simulación cuenten con esta prestación, tengan salarios que satisfagan las necesidades básicas de sus familias y que sus empleadores realicen los aportes para la pensión. Resultando de primer orden volver al sistema de reparto, que los aportes de los trabajadores en activo se utilicen para financiar las pensiones de quienes ya están retirados, pero que sean administrados por los mismos trabajadores, con el asesoramiento de profesionistas como actuarios, contadores y administradores que no estén comprados ni por las empresas ni que estén al servicio del gobierno.

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