Política México

Panorama político

AMLO, la oposición y el caso Zaldívar

A propósito del debate en torno a la reforma judicial, la polarización política y de un editorial de La Jornada.

Pablo Oprinari

Ciudad de México / @POprinari

Sábado 24 de abril | 20:14

La escena nacional está cruzada por la polarización política entre el gobierno y la oposición empresarial. Algunas de las acciones gubernamentales suscitan el virulento rechazo de los empresarios y los partidos opositores, en tanto otros concitan su aprobación, como es el caso de las reformas al outsourcing. Si de polarización se trata, esta semana uno de los primeros lugares se lo llevó la ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los hechos son conocidos. El Senado aprobó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro de la cual fue introducida y votada fast track, a instancias de Morena y sus aliados, una cláusula secundaria que prorroga en dos años el mandato de Zaldívar.

Hasta ahora éste concluía su mandato en 2022, de esta manera se extiende hasta la finalización del sexenio, ampliándose también su rol al frente del Consejo de la Judicatura. Finalmente, este jueves 22, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular dicha iniciativa. Las bancadas de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo le dieron 262 votos a favor.

Dentro del oficialismo, Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Ramírez Cuéllar y Lorena Villavicencio, entre otros, votaron en contra. Sin embargo, esto no impidió que Morena y sus aliados se impusieran gracias a su peso parlamentario.

Las críticas no se hicieron esperar. Los partidos de la oposición burguesa, encabezados por Acción Nacional, plantearon que la medida viola la Constitución y reafirmaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la misma SCJN, que será quien deba finalmente resolver este asunto.

Los organismos empresariales también levantaron su voz: la Coparmex alegó que “Esta aprobación de una ley que incumple lo establecido en la Carta Magna, mina la división e independencia de los Poderes en nuestro país”. Varios juristas (también de oposición) afirmaron que constituye un “pésimo antecedente para la democracia mexicana” y abre el camino para la búsqueda de la reelección presidencial. Uno de los argumentos centrales de esta oposición es que se violenta la llamada división de poderes y que el Judicial se subordina así al Ejecutivo.

Lo que no dicen es que durante los pasados sexenios, la Suprema Corte (en la cual desde 2009 estaba ya Zaldívar) también asumió ese lugar, avalando la implementación de los planes neoliberales en el país.

En las semanas previas, López Obrador defendió la necesidad de esta medida, haciendo evidente su rol como gran arquitecto político de la misma, y mostrando gran confianza en la popularidad que aún arrastra y que no se verá afectado por esta jugada en las ya muy cercanas elecciones.

En sus declaraciones, AMLO no sólo mostró simpatía por Zaldívar, quien aunque llegó al máximo tribunal de la mano del PAN, ahora es identificado como progresista y cercano a la actual administración. También sostuvo que su permanencia en el cargo es central para lograr las transformaciones propiciadas por su gobierno, así como la reforma del sistema judicial. A esta explicación se plegaron también medios de comunicación oficialistas e intelectuales orgánicos de la Cuarta Transformación.

La Jornada, al rescate de la Cuarta Transformación

Anticipando la votación mayoritaria en la Cámara de Diputados, el jueves La Jornada defendía la política del presidente. Desechando los argumentos opositores en torno al sometimiento de los órganos superiores del poder judicial al Ejecutivo, el periódico afirmaba que “el asunto de fondo radica en la impostergable limpieza del Poder Judicial”.

Para los editorialistas, aquél tiene una “gran resistencia al cambio” y está ahora afectado en “su capacidad de servir a la sociedad en las funciones que le confiere la Constitución.”. Ante esto, la solución es “la continuidad de los funcionarios que han decidido emprenderla (dicha reforma) pese a la renuencia de sus pares y de todo un entramado institucional construido no necesariamente para servir a la justicia, sino, en muchos casos, para el tráfico de influencias y el beneficio privado.”, en una obvia referencia a las administraciones pasadas y su actitud servicial respecto al neoliberalismo.

La Jornada menciona directamente como expresión de ello a quienes “otorgan decenas de suspensiones provisionales o definitivas en unos días y, contra la ley” en obvia referencia al freno de las recientes reformas eléctrica y petrolera. Retomando de manera más sofisticada el discurso de las mañaneras, para este medio de comunicación el sistema judicial se convirtió en un “reducto de una oposición obstruccionista, empeñada en impedir la concreción de los cambios económicos, políticos y sociales por los que votó la ciudadanía.” así como frenar la transformación que pretende el lopezobradorismo.

No se puede objetar que, por detrás del debate actual y de las apelaciones a la Constitución y la legalidad, está una pugna eminentemente política entre el gobierno y la oposición. López Obrador busca mantener al frente de la SCJN a un ministro cercano y contrapesar a los “obstruccionistas”, aspirando a que el tercer poder no se convierta en un ariete de la oposición. No es casual que esto ocurra después de la lluvia de amparos que frenaron las reformas ya mencionadas, y luego que el presidente anunciase la posibilidad de reformas constitucionales. Es evidente también que el gobierno utilizó su peso en las cámaras para avasallar a la oposición, la cual no tuvo tiempo a reaccionar, haciendo oídos sordos a quienes lo critican por avanzar hacia la concentración del poder.

En el caso del PAN, el PRI y los demás partidos opositores, aspiran justamente a lo contrario: ante su propia debilidad parlamentaria, la disputa en torno al Poder Judicial y la SCJN cobra toda su jerarquía en la medida que son la herramienta para obstaculizar aquellas iniciativas presidenciales con las que no coincida.

Si es indudable la vinculación entre la justicia y las políticas neoliberales de los sexenios previos, es igualmente incorrecto considerar que, bajo la 4T y el reinado del ministro Zaldívar, se conquistará una justicia que “sirva a la sociedad”; si entendemos esto en términos de servir a los intereses de las mayorías de la sociedad, esto es, de los trabajadores, campesinos y pueblos originarios del país.
El carácter clasista del Poder judicial se ha expresado ‒incluyendo a la SCJN y los magistrados ahora descubiertos “progresistas”‒ en una acción constantemente opuesta a los intereses de las y los trabajadores y de defensa de los derechos humanos. Nunca como en México se ha verificado que la justicia está al servicio de los empresarios, de los ricos y los poderosos, jamás de los explotados y oprimidos.

Esto no cambia bajo este gobierno, ni eso es lo que se está discutiendo en la confrontación entre las dos alas del régimen político, expresadas en el oficialismo y los partidos del ya extinto Pacto por México . El proyecto gubernamental, más allá de sus retóricas progresistas y algunas medidas parciales, no escapa a los márgenes del capitalismo dependiente; incluso sostiene en aspectos fundamentales las mismas políticas neoliberales. Y esto cobra forma en el accionar de la justicia. Allí está, como ejemplo reciente, que fue la Suprema Corte la que estableció el ataque contra las pensiones, estipulando que las mismas es establecen mediante las UMAs, una medida ampliamente repudiada. La reforma judicial que pretende AMLO, lejos de modificar el carácter de esta justicia para ricos, a lo que aspira es a armonizar el tercer poder con su propio programa de gobierno.

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La casta y el carácter clasista de la justicia

El carácter clasista de la justicia bajo el capitalismo, está íntimamente vinculado a los privilegios de los jueces y magistrados y a su carácter de casta; cuya mayor expresión son sus sueldos millonarios, su permanencia a través de los sexenios, su elección a manos de los otros poderes, y a su fuero. Ante eso, medidas elementales son que todo funcionario público ‒incluyendo a los jueces y ministros‒ cobren como una enfermera o un trabajador medio, la elección popular y la revocabilidad. Evidentemente, las mismas son contrarias a los intereses tanto de la casta judicial como de los partidos oficialistas y opositores, y solo pueden ser conquistadas mediante la movilización obrera y popular.

En ese camino, es evidente que poner en cuestión el carácter clasista de la justicia implica plantearse la necesidad de cuestionar la sociedad capitalista y el conjunto de las instituciones del Estado y el régimen político, reafirmando la necesidad de una transformación revolucionaria que barra con los poderes constituidos al servicio de los empresarios. Esta es la perspectiva estratégica que sostenemos los socialistas, para conquistar una república obrera, basada en organismos de autodeterminación y democracia directa de las grandes mayorías trabajadoras y populares.

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