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Red Internacional

Ante la persistencia de las movilizaciones de los normalistas rurales, el gobierno de la 4T se endurece, reprimiendo y relanzando el viejo discurso criminalizador contra los estudiantes, similar al de sexenios anteriores.

Miércoles 9 de febrero | 18:47

En redes sociales, en los medios masivos de comunicación y posteriormente en la conferencia mañanera del presidente desde Palacio Nacional, se tocó el tema del “enfrentamiento” entre estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y fuerzas de la Guardia Nacional en la Autopista del Sol, acontecido el viernes 4 de febrero.

La mayoría de los medios destacaron el tráiler que presuntamente dirigieron los estudiantes contra las fuerzas castrenses. El representante de la CONCANACO – SERVyTUR, Héctor Tejada Shaar, los calificó de “vándalos” y los culpó de las pérdidas en el sector de comercio y turismo que dirige.

Sin embargo, como denunciaron los estudiantes, ninguno de los grandes medios informó sobre por qué estaban ahí, las razones de su protesta ni mucho menos cuál es su versión de los hechos y del proceso de desmantelamiento que siguen padeciendo estas escuelas desde hace años.

A través de sus redes sociales, los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, señalan que hace meses venían buscando una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado para atender problemas relacionados con la falta de insumos en el internado, el comedor que tienen en la escuela y las instalaciones de la misma.

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Cómo solían hacerlo otros gobiernos estatales, el actual no atendió las demandas de los normalistas, por lo que éstos acudieron a realizar una actividad de volanteo cuya intención no era -según dijeron- tomar la caseta sino informar a los transeúntes de la situación; sin embargo, la Guardia Nacional y la policía estatal ya tenían tomados los accesos y comenzó la represión.

Luego de este nuevo episodio de golpeteo mediático contra los normalistas, la criminalización pegó un salto con la declaración de AMLO sobre la “infiltración de grupos del narcotráfico” en esta escuela formadora de docentes, asegurando -sin presentar prueba alguna de sus dichos- lo que Murillo Káram y Peña Nieto sólo se atrevieron a insinuar con su perversa “verdad histórica”.

A estos dichos respondió, a través de un medio local, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Herrera Hernández, quien asegura que los principales intentos de infiltración dentro de la escuela han sido por parte de las fuerzas armadas y sus equipos de inteligencia, como medida de contrainsurgencia, asediando a la institución con el pretexto de considerarla formadora de guerrilleros, aunque también por su modelo educativo de internado y enfocado a la inserción social del docente en las comunidades, que es opuesto a la continuidad neoliberal en la educación.

De EPN a AMLO, criminalización del normalismo y reforma educativa neoliberal

Este discurso no es nuevo. En el sexenio anterior, luego de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, el entonces Procurador Jesús Murillo Karam buscaba “dar carpetazo” al caso y desactivar el enorme descontento que produjo el hecho, alegando que los normalistas estaban infiltrados por el cártel de Los Rojos, quienes eran rivales de Guerreros Unidos. Esta afirmación fue hecha por uno de los miembros de esta última organización criminal, pero posteriormente se comprobó que dicha confesión fue arrancada mediante tortura.

Durante el sexenio de EPN, el ataque a la normales, que tuvo como su expresión más cruda con este crimen de Estado contra los normalistas rurales, fue parte de una política más integral: la aplicación a sangre y fuego de la reforma educativa, que sometía al magisterio a pruebas estandarizadas de las que dependía la preservación de su empleo y marcaba un nuevo salto en el ataque contra la educación pública y su subordinación a las políticas neoliberales, así como a los intereses del empresariado.

No es casualidad que las cámaras de comercio y empresariales hayan sido la primeras en abalanzarse contra los normalistas y tildarlos de vándalos, delincuentes y hasta terroristas, mientras aplaudían la reforma educativa, tanto del anterior gobierno, como del actual que le ha dado continuidad.

A más de medio sexenio, la 4T ha encabezado nuevos episodios de represión y ataque contra normalistas: en Michoacán recientemente reprimieron a egresadas y docentes indígenas en Caltzontzin y la Normal Rural de Tiripetío; pero también en las normales Jacinto Canek y Mactumatzá del Estado de Chiapas en 2019, usando el mismo método de criminalización encabezado por un gobierno morenista, aunque todavía no se habían atrevido a usar a la Guardia Nacional. Asimismo también se dio la represión, tortura sexual y encarcelamiento de las estudiantes de la Normal de Teteles en Puebla.

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¡Alto a la represión al normalismo!

Tomando en cuenta que la escalada de la represión a este sector en el sexenio pasado fue de la mano con la aplicación de la reforma educativa, no se puede descartar que ahora la 4T utilice el mismo método para intentar someter a las escuelas formadoras de docentes hacia la implementación del nuevo plan de estudios que ahora se discute en las cúpulas burocráticas de la SEP, sin preguntar a las y los docentes ni mucho menos consultar a las comunidades escolares. Mientras sigue aplicando, con el aval de los charros del SNTE, todas las medidas neoliberales que prevalecieron de la reforma de EPN (magro presupuesto, carencia de plazas, contratos precarios, “promociones” arbitrarias, etc).

Las y los docentes de la Agrupación Nuestra Clase repudiamos este nuevo intento del gobierno federal para avanzar contra el normalismo y la educación pública. Opinamos que la forma de enfrentar este golpe es en las calles, con el magisterio y el normalismo movilizados, empezando por las organizaciones que se reclaman combativas, como la CNTE y la FECSM.

Es necesario llamar a la más amplia unidad de maestros y estudiantes a lo largo y ancho del país, impulsando asambleas por escuela o centro de trabajo y planes de acción unitarios con otros trabajadores dentro y fuera del sector educativo. Hay que romper la pasividad que impuso la confianza en el gobierno 4T y en los “canales institucionales”, para enfrentar la represión y defender nuestros derechos con la fuerza movilizada de las bases.




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