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Red Internacional

A un año de la tragedia en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, 90% de las víctimas han firmado un acuerdo reparatorio mientras los principales responsables siguen libres e impunes y la línea en cuestión se mantiene cerrada.

Martes 3 de mayo | 14:20

Hace un año, en la noche del 3 de mayo de 2021, el tramo entre las estaciones Tezonco y Olivos se desplomó, dejando un saldo de 26 personas de clase trabajadora muertas y decenas de heridos. Los vecinos de la alcaldía Tláhuac habían venido advirtiendo desde el sismo de 2017 las diversas fallas estructurales de los viaductos elevados de la "línea dorada".

A casi seis meses, el gobierno apenas había imputado a los "peces flacos" por la tragedia. Hoy, un año después, el gobierno celebra que el 90% de las personas afectadas, heridas o familiares de fallecidos, hayan firmado un acuerdo reparatorio mientras los principales responsables se encuentran el libertad.

Impunidad para los responsables y negligencia para las víctimas

Porque los principales responsables no son sólo los funcionarios inmediatos, sino los políticos encargados de aprobar la obra, los que participaron en esos entramados de corrupción, así como los empresarios que financiaron y apoyaron una obra deficiente desde el momento mismo de su inauguración (como si no pudiéramos recordar las incontables veces que esa línea tuvo que ser clausurada para darle mantenimiento). Esto mismo han denunciado las propias víctimas en un peritaje independiente.

Estamos hablando, por supuesto, del actual senador Miguel Ángel Mancera, el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; con todos ellos el presupuesto se ha venido recortando, como lo demuestran el choque en Tacubaya, así como el incendio en el puesto central de control del Metro. Pero también son responsables los conglomerados empresariales, incluyendo a CICSA, miembro del grupo CARSO de Carlos Slim.

Este último ha acordado a pagar el daño del tramo colapsado, pero sin reconocer su responsabilidad en el desastre que ellos mismos provocaron. Mientras, los familiares de las víctimas denunciaban hace unos meses que las autoridades las hacían ir en círculos con respecto a las investigaciones que se estaban realizando.

Trabajadores y usuarios los principales afectados

La situación debe hacernos recordar que tanto los trabajadores del metro como los usuarios son quienes más sufren las consecuencias de los recortes presupuestales. Recortes que, como ya hemos explicado en este diario, van a parar a las arcas de la Guardia Nacional y a los megaproyectos concesionados a grandes empresarios mientras ocurren desastres como los ya mencionados choques e incendios que dejan heridos y muertos y cuya última consecuencia es efectivamente el colapso de la Línea 12.

Recordemos que el mes pasado miles de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se manifestaron frente a las oficinas centrales del Metro denunciando violaciones a su contrato colectivo de trabajo, así como falta de recursos para darle mantenimiento a los trenes y la situación que han vivido a lo largo de la pandemia, donde varios de sus compañeros lamentablemente perdieron la vida.

Pero esta situación no ocurre si no es también gracias a la complicidad con las burocracias sindicales que han permitido estos ataques y recortes en detrimento de su base.

Por ello es importante que tanto usuarios, trabajadores del Metro y familiares de víctimas se movilicen exigiendo justicia por los 26 que ya no están, así como juicio y castigo a los responsables de la catástrofe. Esto en perspectiva de poner en sus manos el funcionamiento y administración del Sistema de Transporte. Con esto sería posible la reparación total de la red del Metro, sus trenes, vías y rebajar el costo del boleto de vuelta a $2 o implementar programas de gratuidad.

Solamente con la movilización, con total independencia de los partidos del congreso y de la 4T que ha dejado en claro que no pretende fincar las responsabilidades correspondientes a sus propios funcionarios, es que podremos arrancar nuestras demandas y darle justicia a las 26 familias cuyos seres queridos les fueron arrebatados esa triste noche hace un año.




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