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Red Internacional

A 54 años de la masacre de Tlatelolco. A las calles contra la militarización y por el derecho a la educación pública y gratuita

¿Dónde quedaron las promesas de López Obrador de regresar el Ejército a los cuarteles? Ante la impunidad que garantiza el gobierno a los uniformados, el golpe de la inflación en la economía de las familias del pueblo trabajador y la crisis de la educación, una nueva generación de jóvenes alza la voz.

Domingo 2 de octubre | 10:37

Previo a ganar la presidencia, López Obrador prometió que desmilitarizaría el país, generando enormes expectativas en los millones de personas que votaron por él, y que durante 12 años habían sufrido las consecuencias de la llamada “guerra contra el narco” impulsada por el gobierno panista de Calderón y profundizada por el priista Peña Nieto. Al llegar al gobierno cambió su discurso: ahora pacificaría al país de la mano de los militares , lo que llevó a la creación de la Guardia Nacional. Ahora parece estar más cerca de pasar a ser parte de la Sedena, organismo que para el siguiente sexenio recibirá un presupuesto récord de 146 mil mdp.

En el marco de los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a 54 años de la masacre de Tlatelolco, estas semanas han estado fuertemente signadas por lo que es una muestra del verdadero carácter de su gobierno, más allá de su discurso “progresista”: la continuidad y extensión del proyecto de militarización mandatado por el imperialismo estadounidense y la impunidad del ejército, los funcionarios y presidentes responsables de los crímenes de Estado cometidos en los gobiernos anteriores; como es el caso de Enrique Peña Nieto y Luis Echeverría, quien murió hace unos meses.

¡Desmilitarización YA! ¡Basta de impunidad al ejército!

En 2014, la desaparición de los 43 normalistas abrió una importante crisis al último gobierno del PRI y al conjunto del régimen político. Pues develó ante los ojos de miles hasta dónde llegaba la colusión del “crimen organizado” con la policía, el ejército y los distintos mandos y niveles del gobierno, terminando de poner en entredicho la estrategia de “combate al narcotráfico” enarbolada por el PRI y el PAN, que oportunistamente pretenden hoy colgarse del descontento contra la militarización.

La verdad histórica narrada por Murillo Karam y construida por tantos funcionarios — entre ellos Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadano en el gobierno capitalino de Sheinbaum, y Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina del gabinete de AMLO— pretendió dar carpetazo a uno de los casos de desaparición forzada más graves del país, restringiendo la responsabilidad a unas cuantas manzanas podridas del ejército, la policía y el gobierno, con la intención de preservar la confianza en el conjunto de las instituciones.

Hoy, el gobierno de la 4T, a través de Alejandro Encinas, ha reconocido dicho acontecimiento como un crimen de Estado, lo cual millones señalamos y repudiamos desde el 2014. Pero, a la par, este gobierno también ha puesto todos sus empeños en relegitimar al ejército mexicano presentándolo como “pueblo uniformado”, así como al conjunto de las instituciones a cargo de "brindar justicia"; dicen que la militarización si está dirigida por un gobierno sin corrupción, ayuda a pacificar. Nada más falso, el ejército es el enemigo del pueblo trabajador, pues como lo ha demostrado ya AMLO, es el instrumento para imponer las políticas del gobierno, los empresarios y el imperialismo, al subordinarlo a los mandatos de EEUU. Ejemplo de esto es la ocupación de la Guardia Nacional en los megaproyectos estrella como el Tren Maya y el rol reaccionario que juegan para reprimir a nuestros hermanos y hermanas migrantes, a normalistas o contra médicos y enfermeras durante la pandemia por exigir insumos y aumento al presupuesto a la salud.

Cuando dicen que Ayotzinapa fue “un crimen de Estado”, lo hacen para hablar de un Estado supuestamente pasado, mientras continúan legitimando la presencia del ejército en las calles. Se da a conocer el informe de la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), se detiene a Murillo Karam y se anuncia que se avanzará contra el juez que absolvió a Abarca. Pero, mientras tanto, mantienen el asedio a las normales, así como la criminalización a las y los normalistas por parte de los medios. AMLO dice que señalar la responsabilidad del ejército es para debilitar a su gobierno con lo que busca rodearlo de impunidad como política preventiva. Pero es importante señalar que, no habrá justicia para el caso Ayotzinapa y otros crímenes de Estado mientras el ejército no vuelva a sus cuarteles

¡Dinero para educación, no para la Guardia Nacional!

Como parte de su discurso de “becarios no sicarios”, López Obrador ha reconocido que la situación de precariedad y falta de oportunidades educativas y laborales empuja a la juventud a incorporarse al llamado crimen organizado. Es ésta la justificación para el impulso de distintos programas sociales dirigidos hacia las y los jóvenes. Pero, a casi cuatro años de su aplicación, ¿qué ha cambiado de fondo?

Con la pandemia y la crisis sanitaria que recayó sobre las familias de la clase trabajadora y los sectores populares, cientos de miles tuvieron que dejar sus estudios por falta de recursos teniendo que trabajar y aportar ingresos a sus casas. Son miles los que aún manteniendo sus estudios, deben a la par trabajar para poder pagarse transporte, comida, rentas e inclusive materiales para las clases que deberían ser gratuitos. Está situación se profundizó con los efectos del alza de precios que empuja la reaccionaria guerra en Ucrania. Frente a los estragos de salud mental y física, son pocos los que pueden costearse atención psicológica y médica frente al deterioro del sistema de salud. A esto se suma que la inseguridad y la violencia siguen siendo el pan de cada día de miles de jóvenes y nuestras escuelas no están exentas de esta realidad, sobre todo las de los estados del bajío, del norte y de la periferia de la zona metropolitana. Situación de violencia que hoy cobra la vida de 11 mujeres al día por feminicidios y aumentan los asesinatos de periodistas.

López Obrador dijo que universalizaría el derecho a la educación superior, pero el acceso irrestricto a las universidades está lejos de ser realidad. A los millones que año con año son excluidos de este derecho con los elitistas exámenes de admisión y con el cobro de cuotas inaccesibles, se han sumado los sectores más pauperizados que no pudieron garantizarse su permanencia en las clases virtuales y ahora en las aulas. Las Becas del Bienestar corresponden a 2,400 pesos mensuales, son insuficientes para costearse la vida y no son otorgadas a todos y todas. Las Universidades del Bienestar (UBBJ) no cubren la demanda educativa, no garantizan la obtención de un título universitario, están en condiciones ultra precarias, sin suficientes trabajadores docentes y administrativos, a quienes además se les considera beneficiarios por lo que no cuentan con derechos ni reconocimiento laboral. Las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro es de 5,258 pesos mensuales, la mitad del costo de la canasta básica y le ahorra millones a los grandes empresarios quienes no brindan un salario a los “aprendices” que tampoco cuentan con reconocimiento laboral.

La situación que está atravesando la educación superior, en este contexto social y económico que afecta las condiciones de vida de millones, ha generado un enorme descontento que se estuvo cocinando durante tres años de pandemia y clases virtuales y hoy comienza a estallar en diversas escuelas como el IPN, Chapingo y la UNAM con asambleas, paros y movilizaciones. Sin embargo, los trabajadores de la educación del IEMS, la UACM, la ENAH, las Rosario Castellanos, las UBBJ y la UNAM, lo alertaron durante los últimos años denunciando la precarización y los despidos que imperan en el sector.Esto se da además en el marco de la crisis de once universidades desfalcadas con la estafa maestra y abandonadas por el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro,quien bajo la pandemia declaró que no habría rescate de dichas universidades. Es claro que, mientras la militarización del país se lleva el premio en los proyectos presupuestales año con año, para el 2023 la UNAM y el IPN tendrán un incremento del 1% y la educación en general un aumento de 0.4%.

La realidad que viven cada una de las escuelas mencionadas no es aislada. Por esto es necesario construir una respuesta unificada y coordinada para defender en las calles, mediante la movilización, el derecho a la educación y acabar con la precarización que viven los trabajadores y docentes de este sector. Es necesario sumar a esta lucha al conjunto de la comunidad educativa. Organicémonos para que todo el dinero destinado a la militarización sea ocupado para la salud, cultura y educación, luchando a la par porque el presupuesto de nuestras universidades sea controlado por estudiantes, docentes y trabajadores. Para esto, es crucial la unidad de las escuelas en lucha con una coordinación, basada en delegados electos democráticamente, que pueda articular las demandas, tras un plan de de lucha nacional unificado que se exprese en las calles y pelee por un incremento del 10% del PIB para la educación sobre la base de la eliminación del presupuesto de la Guardia Nacional y de impuestos progresivos a las fortunas de los grandes empresarios, para el acceso irrestricto a las universidades y la basificación de todo el personal educativo.

El movimiento que hoy comienza a expresarse en las escuelas de educación media superior y superior debe sumar esfuerzos junto con la potente clase trabajadora del país, un aliado crucial para hacer frente a las condiciones que vivimos. Junto a organizaciones sociales, populares, sindicales, de derechos humanos, hay que poner en pie un potente movimiento independiente al gobierno y la derecha, que exija un freno a la militarización y que arranque en las calles todos los derechos y mejores condiciones de vida, para que no seamos las mayorías trabajadoras y populares las que paguemos la violencia de la militarización, la guerra y la crisis. Por verdad y justicia para los crímenes de Estado como la masacre del 2 de octubre y la desaparición de los 43, hay que acabar de una vez por todas con la impunidad del ejército. Te invitamos a impulsar con nosotrxs, jóvenes estudiantes y trabajadorxs de diversos centros de estudio y trabajo, esta perspectiva, haciéndote parte de la Agrupación Juvenil Anticapitalista y de las distintas agrupaciones que impulsamos desde el MTS


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