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Red Internacional

Marcha-informe. 27N: fortaleza del gobierno, discurso y realidad

Después de mostrar en las calles el apoyo de masas con el que cuenta, AMLO rindió su cuarto informe de gobierno.

La marcha de este domingo 27 de noviembre, convocada por el presidente López Obrador, cumplió con creces su objetivo – aunque negado por AMLO- de disputarle la calle a la derecha luego de la marcha del pasado 13 de noviembre “en defensa del INE”, promovida por la oposición y empresarios.

Aunque la preparación para la movilización estuvo marcada por múltiples denuncias de acarreo, como las de las trabajadoras y trabajadores de dependencias y programas –como Pilares- del gobierno de Claudia Sheinbaum, también es innegable el masivo apoyo popular que conserva el presidente, como se vio en el recorrido del Ángel al Zócalo.

Continúa mostrándose así la polarización política y social que se viene expresando en las calles, en una jornada en la que el gobierno sale fortalecido.

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Pero si bien el gobierno preserva fortaleza y se beneficia de la polarización, sacando ventaja del amplio desprestigio que siguen arrastrando los partidos del Pacto por México (PRI-PAN-PRD), el cuarto informe de gobierno rendido por AMLO al final de la marcha permite reconocer los límites del proyecto político de la 4T.

Verdades a medias y contradicciones del informe

En un templete frente a la Catedral, López Obrador habló de 110 acciones y logros en los cuatro años que van de su gobierno.

Muchas de las medidas tomadas hasta ahora, como los beneficios de los programas sociales o los aumentos al salario mínimo, si bien significan un alivio parcial y por lo mismo son bien vistos por millones, consideramos que son insuficientes para cambiar las condiciones estructurales en que viven las grandes mayorías.

Entre las primeras menciones estuvieron los pueblos indígenas, a los que supuestamente se les da una atención especial. Lo dicho contrasta con la imposición de megaproyectos como el Tren Maya o el Plan Integral Morelos, contra los cuales se han manifestado las comunidades originarias sin ser tomadas en cuenta.

Se reiteró el discurso de “primero los pobres”, con cifras que dan cuenta de los recursos entregados al 85% de las familias mexicanas a través de los programas sociales del gobierno, pero que en realidad resultan insuficientes en el marco de la carestía de la vida alimentada por la inflación, que sigue siendo alta.

En el caso del salario mínimo, aunque en estos cuatro años ha aumentado de 88 a 172 pesos diarios (62%), algo no visto antes, el problema es que sigue sin alcanzar para cubrir todas las necesidades de las familias. Hacia adelante, López Obrador propuso un nuevo aumento del 20%.

Por otro lado, AMLO reivindicó la aprobación de la reforma laboral, que introdujo cuestiones como el voto libre y secreto de dirigentes sindicales, aunque eso está muy lejos de garantizar por sí mismo la democracia sindical. Cabe mencionar la alianza del gobierno con los charros, que contribuyeron al acarreo. Pero además el presidente dijo que con la reforma se eliminó la subcontratación (outsourcing), lo cual simplemente es falso, pues lo que se hizo fue regular ese mecanismo de precarización laboral.

En los cuatro años del actual gobierno, “a pesar de la pandemia” se han creado 1 millón 264 mil 931 nuevos empleos. Lo que no se dice es que lo que prima en estos nuevos puestos de trabajo es la precariedad laboral. Esto se refleja en que, aunque hay cifras récord de afiliación al Seguro Social, millones siguen fuera, empezando por los trabajadores del sector informal.

En lo educativo, se informó que se han creado 145 universidades del bienestar Benito Juárez, pero por supuesto sin mencionar las pésimas condiciones de infraestructura y de estudio que presentan, y mucho menos las condiciones laborales precarias de sus docentes y trabajadores.

En educación básica, 113 mil 971 escuelas de educación básica han recibido recursos directos para mantenimiento y rehabilitación de los planteles. Sin embargo, las necesidades del sector exceden inmensamente las cantidades otorgadas, mientras que el presupuesto para educación se ha mantenido, año con año, en niveles inferiores a los del sexenio pasado.

Se habló de la basificación de 650 mil trabajadores de la educación, pero a cuatro años de iniciada la 4T la demanda de base sigue vigente para miles en el magisterio.

El presidente dijo que la relación con el magisterio es de respeto y gratitud, cuando la dichosa revalorización de las maestras y maestros no se ve por ningún lado. De manera increíble aseguró que no ha habido paros ni suspensiones de labores en escuelas públicas, mientras que ahí mismo (por no mencionar otros ejemplos), frente a Palacio Nacional, se encuentra el plantón de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero, cuyas demandas –entre ellas reanudar el diálogo con AMLO- son ignoradas.

También dijo que en su gobierno no proliferan las huelgas, pero lo cierto es que hay una emblemática, cuya solución, a pesar de depender del gobierno federal, es negada: la huelga del Sutnotimex, que acaba de cumplir 1000 días.

Más adelante expresó su “eterno agradecimiento a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, que pusieron en riesgo su vida para salvar a enfermos de covid”, pero miles no cuentan con plaza ni con derechos, mientras que las carencias en el sistema de salud siguen siendo la realidad de todos los días.

Para la juventud, ante la falta de acceso a la educación se ofrece como alternativa el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, mediante el cual su trabajo –en condiciones precarias- se regala a la patronal, pues sus bajos salarios de 5 mil pesos son cubiertos con el erario público.

Se reivindicó la “austeridad republicana”, cuando ésta ha sido descargada sobre las y los trabajadores precarios de las dependencias de gobierno, con medidas como despidos y recortes salariales, mientras que infinidad de altos funcionarios siguen ganando altísimos sueldos.

A pesar de lo que se vive cotidianamente, por ejemplo los crecientes feminicidios o las acciones del narco, el presidente dio diversas cifras para decir que se ha reducido la violencia. Junto con ello reivindicó el control de aduanas y puertos por parte del Ejército y la Marina, y agradeció la aprobación de la reforma para la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, argumentando que es para que se consolide y no se corrompa, cuando esta corporación acumula ya numerosas denuncias por violaciones a derechos humanos.

Con todo esto, López Obrador no sólo dejó atrás su promesa de campaña de desmilitarización, sino que ha ido más allá que sus predecesores.

Para la Guardia Nacional se han construido 247 cuarteles y se han reclutado 123 mil elementos, mientras que en el presupuesto 2023 se destinan recursos millonarios para continuar con la militarización del país, cuando lo que hace falta son escuelas, hospitales, más trabajadoras y trabajadores de la educación y la salud con plenos derechos, entre otras necesidades sociales.

Respecto al caso Ayotzinapa, se presentó como si ya se hubiera conquistado verdad y justicia o realmente se estuviera avanzando en ese sentido, obviando la desestimación de las “pruebas” oficiales por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

AMLO se refirió también a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, para quienes pidió aplausos, pues las remesas que envían son la principal fuente de ingresos del país, como si eso fuera un rasgo saludable de la economía nacional. Por otra parte, guardó silencio respecto a su política contra las y los migrantes provenientes de Centroamérica, a quienes se les persigue, reprime y deporta en su intento de llegar a Estados Unidos, por exigencia del gobierno de ese país.

Como parte de la relación con el vecino del norte se considera un logro la firma del TMEC con Canadá y Estados Unidos, aunque implique una mayor sujeción de nuestra economía particularmente a las necesidades del vecino del norte.

Respecto al TMEC, tanto el gobierno de AMLO como la oposición están de acuerdo, aunque difieran en las formas que consideran las más adecuadas para garantizar la estabilidad social que necesitan los negocios de los capitalistas: el primero combinando medidas de continuidad neoliberal con políticas de asistencia social, gestos y pequeñas concesiones hacia las masas; la segunda con políticas abiertamente neoliberales.

Frente a la polarización política y social, la clase trabajadora, las mujeres que luchan por su emancipación y la juventud combativa necesitamos poner en pie una herramienta política propia, socialista y revolucionaria, que retome las demandas del conjunto de los oprimidos y luche en la perspectiva de un gobierno de los trabajadores, de ruptura con el capitalismo y con las cadenas que nos subordinan al imperialismo; por una transformación radical para acabar con la miseria, la explotación, la violencia y la opresión.


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