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26 de octubre de 2020 Twitter Faceboock

OAXACA
¿Se resuelve con prohibición de refrescos y comida chatarra la crisis alimentaria?
Bárbara Funes | México D.F | @BrbaraFunes3

En el congreso oaxaqueño los diputados votaron un agregado al artículo 20 Bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que prohíbe la venta, distribución, promoción y regalo de comida chatarra y refrescos a menores de edad.

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La iniciativa de ley, presentada por Magaly López Domínguez, del Morena, plantea como objetivo prevenir la diabetes, la hipertensión y la obesidad, factores de comorbilidad en la pandemia de covid-19.

Esta adición a la ley mencionada incluye la prohibición de máquinas expendedoras de productos con alto contenido calórico y que en celebraciones se den dulces a los menores.

Según la diputada, ahora el consumo de bebidas y alimentos procesados será responsabilidad exclusiva de padres y madres de familia.

Esto en el contexto de que Oaxaca encabeza el primer lugar nacional en obesidad infantil desde 2017 y la desnutrición infantil es la novena causa de muerte en este estado.

Fueron los diputados del PRI quienes se opusieron a esta iniciativa, alegando que se verán afectados los intereses de los empresarios.

Sin embargo, cabe preguntarse si con esta modificación a la ley se resuelven la crisis alimentaria en el país.

Esta medida no ataca de raíz un grave problema: que la política del Estado, a nivel federal y estatal, no garantizó una alimentación saludable para el conjunto de la población ni educación para la salud desde hace décadas.

Crisis de salud pública y falta de acceso al agua

Esto al mismo tiempo que distintos gobiernos beneficiaron a las trasnacionales con acuerdos que les dan vía libre a recursos vitales como el agua, y presentan alimentos procesados y sin valor nutricional -e incluso perjudiciales para la salud- como inocuos, a través de bombardeos de publicidad en todos los medios de comunicación.

Para de verdad resolver la crisis alimentaria, el gobierno federal debería garantizar con fondos públicos la alimentación saludable de niñas, niños y adolescentes del conjunto de los sectores populares, con fondos que provengan de impuestos a las trasnacionales. Es decir, debería afectar los intereses de los grandes capitales, algo que no está dispuesto a hacer bajo ningún punto de vista, como se evidenció con la firma del T-MEC y la aceptación de las leoninas condiciones impuestas por Trump.

La reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca tampoco resuelve los déficits o falta de suministro de agua potable que golpea a las mayorías en distintos puntos del país.

Es el caso de algunas poblaciones de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde hay una planta de FEMSA, que consume más de un millón de litros de agua por día para producir refrescos, cuando la población tiene suministro del líquido vital cada dos días, y ni siquiera la pueden beber por la cantidad de cloro que contiene.

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Sin romper estos acuerdos con las grandes industrias que llevan años o décadas, AMLO no puede dar una salida tampoco al déficit de suministro de agua. Cerveceras, refresqueras e industrias de distintos sectores, como la automotriz, se apropian del agua que tanta falta hace para la población y la contaminan.

Precarización laboral en la industria

En la industria refresquera, por ejemplo, había hasta 2019 1.5 millones de trabajadores -127,960 contratados directamente y 1.3 millones contratados indirectamente.

Laboran en condiciones deplorables: con salarios bajísimos, extensas jornadas laborales y persecución ante cualquier intento de las y los trabajadores de sindicalizarse. En 2019, los trabajadores de Coca-Cola sorprendieron al país con un paro ante la eliminación de las comisiones a los trabajadores de reparto.

Con la medida tomada en Oaxaca, si se replica en otros estados, puede ser una excusa de las trasnacionales como FEMSA, Bimbo y Pepsico para reducir su nómina y la de las empresas contratistas, y extender la jornada laboral de aquellos que no despida.

De darse este escenario, estará planteada la lucha por la nacionalización sin pago bajo control de sus trabajadores, de las plantas que despidan. Ellos podrán valorar si se mantiene la producción de refrescos y alimentos procesados o si se reconvierte la infraestructura industrial para producir mercancías o servicios que sean útiles para la mayoría de la sociedad, como podría ser transformar las refresqueras en plantas de potabilización y distribución de agua para consumo humano.

 
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